El Gobierno excluye las cuentas privadas del Rey de la ley de la Transparencia

“¿Dispone, a día de hoy, el rey Juan Carlos de alguna cuenta abierta en Suiza o en algún país extranjero?” Si fuera así, “¿tributa por ellas en España o en el extranjero?” Son las primeras preguntas de una relación más amplia de interrogantes que el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares dirigió ayer por escrito al Gobierno de Mariano Rajoy como responsable de garantizar que “Hacienda somos todos”, para saber si el monarca mantiene y ha declarado la herencia que en 1993 recibió de su padre Juan de Borbón y que según publicó el periódico El Mundo fue de 315 millones de pesetas (2,2 millones de euros) de los 728,75 que tenía en cuentas bancarias en Suiza. La cantidad restante se distribuyó entre sus hermanas las infantas Pilar y Margarita.

La percha de la herencia de don Juan de Borbón, un exiliado de la república y la dictadura, adversario de Franco, con fama de austero, residente en Estoril (Portugal) y gran navegante en su yate Giralda, ha servido a varios grupos parlamentarios para pedir aclaraciones al Gobierno sobre la posible fortuna del jefe del Estado fuera de España y también para obligar al Ejecutivo y al PP, con mayoría absoluta, a definirse sobre el sometimiento de la Familia Real a la Ley de Transparencia que aprobará el Congreso.

Por el momento, el grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pedirá la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que aclare si en el ámbito del jefe del Estado y su parentela hay cuentas con fondos en el extranjero y si se beneficiaron de la amnistía fiscal. UPyD y el BNG anunciaron que se sumarán a la petición de explicaciones y a la exigencia de que la Casa Real se someta a la Ley de Transparencia. Y lo propio hará ERC, que legislatura tras legislatura viene exigiendo transparencia y control sobre la jefatura del Estado.

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán opinó ayer lunes, vigésimo aniversario del fallecimiento de don Juan que “estaría muy bien que la Casa del Rey diera las explicaciones pertinentes” y aparte de instar al titular de Hacienda a dar explicaciones sobre la regularización de aquellas cuentas, afirmó que la Familia Real debe estar sometida al mismo tratamiento que los parlamentarios y el resto de las instituciones. En estos parámetros, relacionados con la transparencia, se movió el PSOE, aunque sin anunciar iniciativas concretas de momento.

Para el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando, los 2,2 millones de euros que Don Juan dejó a su hijo en Suiza “son asuntos que están fuera de lugar, cosas de hace muchos años” y si hubiera alguna irregularidad fiscal “ya habría prescrito”, por lo que el PP desconoce “qué explicaciones tiene que dar el Gobierno o qué preguntas tiene que contestar sobre estos asuntos, hayan sucedido o no, que yo no sé si han sucedido o no”.

Si nos fijamos en una pregunta clave formulada por Llamazares –“¿A cuánto ascendía el patrimonio del don Juan Carlos en el momento de su coronación, a cuánto asciende en la actualidad y si tributó adecuadamente en España?”-- no hay duda de que el velo de tolerancia con el monarca se ha esfumado definitivamente. Lejanos quedan los tiempos en los que el abogado y empresario Teodulfo Lagunero, gran benefactor del PCE, visitaba a don Juan en París y le trasladaba el mensaje de Santigo Carrillo de que los comunistas apostaban por la reconciliación y respetarían todos sus bienes y los de su familia en el caso de que, a la salida de la dictadura, se permitiera al pueblo español decidir sobre monarquía o república. No se le permitió.

Después, durante la Transición, algunos dirigentes de la desaparecida UCD y del PSOE, con responsabilidades de gobierno, se mostraban comprensivos con la idea de que el jefe del Estado tuviera una pequeña fortuna a buen recaudo ante la eventualidad de que, de nuevo, los golpistas torcieran la historia. ¿Si se permitía a los militares manejar miles de millones para la defensa nacional en el Banco Federal Estadounidense (FFB) sin control presupuestario, y algunos de ellos eran de calaña golpista, no se iba a permitir al monarca una provisión por si venían mal dadas? Eran tiempos en los que el banquero Mario Conde confraternizaba con don Juan, y Manuel Prado y Colón de Carvajal, El cojo en los cenáculos cortesanos, cogía o embolsaba supuestas comisiones como presunto testaferro de Juan Carlos.

Si aquel pasado, por mucho morbo que tenga, es, como dice Hernando, “una cosa de otro tiempo que no se corresponde con las preocupaciones actuales del PP y del  Gobierno”, habrá que preguntar si el reino de la idiocia (en el trato a los ciudadanos, se entiende) seguirá predominando sobre el prometido y propalado estado de la transparencia real y fiscal. Y en este punto, el PP hizo creer a CiU en el pasado debate sobre el estado de la nación que con el término “institución”, plasmado en la resolución común, se sometía a la Casa Real a los preceptos de la futura ley de Transparencia. Pero, según explican al cronista desde La Moncloa, no será así.

Para que el rey y sus allegados queden al margen de la norma, el Gobierno esgrime el argumento de que la ley ya no emana de la corrupción campante sino, según palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de “un Convenio Europeo” cuyo nombre y fecha no recuerda pero que “establece”, asegura, “un tratamiento específico a las Casas Reales y, de hecho, las principales Casas Reales europeas no están sometidas a la Ley de Transparencia”. Esa y no otra es la conclusión de los arduos estudios de la “legislación comparada” que el Gobierno dice que está realizando.