El PSOE exige los nombres de 35.000 defraudadores en plena campaña de renta

(Actualización de las 20:20 horas con el rechazo de PP y CiU a la propuesta para conocer el nombre de los defraudadores)

La mayoría absoluta del PP, reforzada por CiU, ha rechazado esta tarde la posibilidad de que conozcamos los nombres de los “delincuentes fiscales” (Alberto Garzón dixit) que se beneficiaron de la amnistía. La calificación de “delincuentes” quedó corta al lado del término “ladrones” que empleó la diputada de ERC, Teresa Jordà.

Todos los grupos menos los mencionados de la derecha, con causas judiciales relacionadas con cuentas en Suiza y en paraísos fiscales de algunos miembros relevantes de sus partidos políticos, respaldaron la propuesta socialista para que se publiquen los nombres de los 35.000 defraudadores, 29.065 personas físicas y 618 jurídicas (empresas y sociedades).

Álvaro Anchuelo, de UPyD, desgranó el fracaso de la amnistía fiscal a pesar de las reformas bajo mano del ministro de Hacienda. Y Joan Baldoví, de Compromìs, pidió que ningún amnistiado se pueda presentar a las elecciones, incluidos los que se acogieron a las amnistías de 1984 y 1989. “No se puede confiar el dinero público a los defraudadores”, dijo con cervantina razón antes de razonar que si los indultos son públicos, se ha de conocer el nombre de los indultados.

No se trata de saber si el extesorero del PP, Luis Bárcenas, se acogió a la amnistía fiscal de Montoro, solo o en compañía de otros, para repatriar los 10 millones de euros que dijo haber “regularizado”, sino de atemperar las “graves consecuencias económicas y éticas” que, según el proponente Pedro Saura, la regularización fiscal a precio de saldo ha tenido para el conjunto de la sociedad. Estaría bien que “todo español decente” pudiera leer los nombres de los defraudadores que recibieron el perdón fiscal con un descuento no superior al 3% cuando entreguen su declaración de la renta. Quizá esto les anime a declarar y pagar las retenciones pendientes más que la campaña publicitaria de Hacienda.

La proposición de ley de Saura --un economista de Murcia que saca de sus casillas a Montoro, hasta el punto de haber pedido a su jefe, Alfredo Pérez Rubalcaba, que lo cese como portavoz de Hacienda-- planteaba un añadido al artículo 95 de la Ley General Tributaria para exigir “la identificación de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica que se acojan a procedimientos extraordinarios de regularización tributaria, cualquiera que sea la forma en que se articule o se denomine dicha regularización, incluyendo, en el caso de sociedades mercantiles y demás entidades con personalidad jurídica, la titularidad real, directa o indirecta, de los accionistas o partícipes de las mismas, así como el importe individualizado de las bases imponibles y cuotas declaradas”.

Y agregaba una disposición adicional para que el Gobierno, “en el plazo de quince días”, adopte las medidas necesarias para dar a conocer “la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica” que se beneficiaron de la amnistía. Según Saura, “el fraude no puede salir gratis; la amnistía ha sido un regalo y los españoles no tenemos por qué darles las gracias, sino todo lo contrario: los defraudadores tienen que tener un coste en su reputación a través del conocimiento público de que han sido defraudadores”.

En la argumentación de la propuesta, los socialistas afirmaban que la publicación de los datos es “una exigencia del Estado de derecho, indispensable para asegurar la transparencia de los poderes públicos y la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”. Pero además de ser una “vía eficaz contra el fraude y el blanqueo”, Saura estima que vale también para evitar que este y los sucesivos gobiernos vuelvan a aprobar medidas similares.

Curiosamente, Motoro y la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría,  se han pronunciado a favor de la modificación de la ley tributaria para que podamos conocer quiénes son los defraudadores. Sólo que, según Saura, entre el dicho y el hecho, el Gobierno se sigue “escondiendo” y en vez de responder a las más de 100 preguntas presentadas por los socialistas sobre Bárcenas, Gürtel y la amnistía fiscal, “utiliza su mayoría en la Mesa del Congreso para no admitirlas a trátime”.

Como se sabe, la amnistía fiscal no alcanzó el 50% de las previsiones de ingresos realizadas por el ministro Montoro. Hacienda recaudó 1.193 millones de euros, pero el ministro se mostró muy satisfecho porque, según dijo, la medida facilitó “la vuelta de 40.000 millones de euros al circuito legal”.