El código De Guindos alcanza la nimiedad: 317 reestructuraciones de hipotecas y 78 daciones en pago en un año

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La portavoz de la PAH, Ada Colau (en el centro), junto con otros miembros de la Platafroma, ayer, día 10, durante la ocupación de una oficina del Banco Popular en Barcelona. / Alejandro García (Efe)

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha visto obligado a admitir los ínfimos resultados de su Código de Buenas Prácticas Bancarias en materia hipotecaria. Un año después de exhibirlo como el bálsamo contra los desahucios frente a las lacerantes injusticias que denunció en la tribuna del Congreso el diputado de IU-ICV, Joan Coscubiella, De Guindos ha reconocido en respuesta escrita a la dirigente de UPyD, Rosa Díez, que el Código voluntario ha fracasado silenciosamente, pues de las 1.500 peticiones de aplicación, los bancos sólo han admitido 800. Y eso en un país con 200.000 ejecuciones hipotecarias pendientes (datos del Poder Judicial a 31 de diciembre de 2012) recibe el piadoso adjetivo de nimiedad.

Salvo excepciones con algunos directivos, gobernantes y políticos amigos del bipartito, los bancos no están para hacer favores; lo suyo es la usura, una tendencia que cuando se acentúa y desmadra tendría que ser considerada delito en cualquier Estado social y democrático de derecho que se precie, según afirma el diputado de IU y destacado miembro del movimiento de los indignados del 15-M, Alberto Garzón. De ahí que el Código voluntario haya sido tomado a beneficio de inventario. Según los datos que difundió este viernes el Banco de España, los bancos se quedaron en 2012 con 15.826 viviendas de familias que no podían pagar sus hipotecas antes de llegar al desahucio. Pero eso no es “dación en pago” sino entrega voluntaria. La mayor parte de esas casas fueron compradas en 2007 y las familias ya habían pagado gran parte de los intereses. En el 90% de los casos eran la vivienda habitual de los hipotecados.

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El dato contrasta con los magros resultados del Código que en su día, hace un año, mereció grandes elogios de los medios serviles y, por la indolencia de los gobiernos del PSOE, una cierta complacencia general. Algo es algo, dijeron. ¿Cuánto? En los tres primeros meses de vigencia del Código, la banca aceptó 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago. En último trimestre asumió 140 reestructuraciones y 36 daciones en pago. Y en el conjunto del año en vigor, sólo aceptó 800 de las 1.500 apelaciones y resolvió 395 casos con las fórmulas indicadas: 317 mediante reestructuración de la deuda y 78 con dación en pago.

En el conjunto de las 15.826 entregas de viviendas para saldar las hipotecas sin llegar al alzamiento, la aplicación voluntaria del Código fue irrelevante (0,25%) y en casi nada contribuyó a que los hipotecados pudieran mantener sus casas. Si a ello se añade los 18.195 casos en los que la banca apeló en 2012 a los desahucios por vía judicial, el Código se quedó en un remedio de paños calientes, aunque permitió al Gobierno y a la banca ganar tiempo para estructurar el banco malo. De esos 18.192 desahucios, más de 2.400 acabaron en desalojos forzosos de las familias que no podían pagar las hipotecas. En 335 casos intervino la fuerza pública, sin importar si había niños, discapacitados y ancianos.

Cierto es que se trataba y se trata de acciones legales y que ni la Fiscalía del Menor ni, mucho menos, la comisión de seguimiento de las buenas prácticas eran competentes para intervenir. De Guindos ha informado a Díez de que va a ampliar la representación en la mencionada comisión de buenas prácticas, sin que ello quiera decir que deba documentar e informar de los deudores que se quitan la vida y, ante la inminencia del desalojo, fijan su residencia en el cementerio. Desde la implantación del mencionado Código hay noticia de once personas que se han suicidado cuando iban a ser desalojadas de sus casas.

En materia de desahucios, lo punible y condenable eran los “escraches” –acciones “filoterroristas”, según la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal–, esas concentraciones pacíficas, aunque ruidosas que la dirigente de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, dio el viernes por concluidas para emprender otras más efectivas. Su anuncio coincidió con la decisión del juez número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, de archivar la denuncia contra las 27 personas fichadas por la policía –Jorge Verstrynge entre ellas–, por protestar el 8 de abril pasado contra los desahucios ante el domicilio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El juez constata que no hubo violencia ni fuerza en las cosas durante los veinte minutos que duró la protesta y que, aunque moleste a los gubernamentales, los denunciados se limitaron a ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Por otra parte, el Gobierno entiende que la sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas por no haber aplicado la directiva comunitaria de 2003, no tiene carácter retroactivo ni, según la respuesta escrita que ha enviado a la diputada de UPyD, Irene Lozano, exige la “suspensión cautelar” de las ejecuciones hipotecarias; “únicamente la sugiere como posibilidad para garantizar la tutela de los consumidores”. Con esta interpretación, los poderosos bufetes bancarios, los mismos que han instado a la Comisión Europea a tomar cartas en las expropiaciones temporales de la Junta de Andalucía para que las familias no pierdan sus casas, podrán tener garantizado el apoyo de la Fiscalía.