Mato recibe siete reclamaciones al día por los abusos del copago sanitario

Desde que el Gobierno del PP implantó hace un año el “copago” de los medicamentos, que en realidad es “repago”, el Ministerio de Sanidad viene recibiendo siete quejas diarias, más de 200 cada mes, sobre los abusos y las imprecisiones a las que ha dado lugar. En once meses, el departamento de la ministra Ana Mato ha acumulado 2.387 reclamaciones. Eso sin contar las “cuestiones más puntuales que han sido atendidas a nivel de las comunidades autónomas”, según reconoce por escrito a las diputadas socialistas María Gallego y Gracia Fernández Moya.

El repago que el Gobierno implantó por decreto el 20 de abril de 2012 posee un correlato de daños y reclamaciones que van –según la explicación ministerial- desde la aplicación a las personas con discapacidad, los enfermos crónicos, los parados que cobran subsidio de desempleo, los códigos erróneos, la no devolución del importe pagado por los pensionistas en el plazo establecido, los cobros a los cónyuges sin ingresos según la renta de sus parejas y otros.

Para restar crudeza a la situación de las decenas de miles de personas con rentas mínimas o de supervivencia, aquejadas de enfermedades crónicas, que han de pagar desde el combustible del transporte sanitario a los fármacos del tratamiento, la ministra Mato recuerda que hay “topes máximos” de pago para los pensionistas con tratamientos de larga duración, y dice que las autonomías han de devolverles cada seis meses el dinero que les cobren de más.

Sobre los pacientes hospitalizados, Sanidad asegura que “están totalmente exentos de pagar por los medicamentos que reciben durante su estancia, con independencia del tipo de fármaco”. Esa afirmación vale para los fármacos de uso hospitalario como los antirretrovirales contra el VIH, los anticoagulantes o el interferón beta. Otra cosa es, argumenta, que se haya equiparado la receta médica con la orden de dispensación ambulatoria y que al ser suministrados por las farmacias hospitalarias estén sometidos a copago.

Este es el caso de la famosa prótesis externa –una media elástica– que recetaron a un joven recién operado de la rodilla en el Hospital Arnau de Vilanova, en Valencia, y que luego le quitaron por no tener 30 euros para pagar la cuota parte de los 152 que valía. Según la respuesta de Mato a la diputada Fernández Moya, “el usuario sólo tiene que pagar el 10% de la lista de fármacos de aportación reducida, con tope máximo de 4,20 euros”.

Pero eso sólo ocurre en la teoría porque en la práctica, los 30 euros protésicos duplican el porcentaje y el tope que la ministra menciona con intención de engañar, pues de sobra sabe que las personas con rentas entre 18.000 y 100.000 euros anuales –como es su caso-- han de pagar el 50% del precio de los fármacos y las que ingresen menos de 18.000 euros, el 40% del coste de los productos sanitarios, incluidas prótesis y alimentos dietéticos.

Mientras van apareciendo datos de inmigrantes que son rechazados en los centros sanitarios de las administraciones en las que manda el PP, incluidos algunos casos de personas que han muerto tras negarles la asistencia, los españoles seguimos sin saber si el repago impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministra ejecutora ha permitido economizar los 7.500 millones de euros que anunciaron.

Si no fuera por la gravedad del asunto, porque muere gente, también en esta materia se podría invocar el aforismo de José Bergamín: “Se acabó lo que se daba, lo que se quitaba no”. Quitan la tarjeta sanitaria a los inmigrantes aunque estén empadronados, exigen el repago a los más pobres y desvalidos y ni siquiera la llamada Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, atiende las 80 peticiones de recurso al Constitucional que le han formulado los sindicatos, las asociaciones de inmigrantes, las de defensa de la sanidad pública y los particulares.