Víctimas del franquismo suman fuerzas contra la impunidad ante la justicia argentina

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Darío Rivas (izda) y los abogados Ana Messuti y Carlos Slepoy (en silla de ruedas), ayer, durante el primer encuentro de querellantes contra el franquismo, celebrado en Madrid. / Luis Díez

Con el firme compromiso de mantener la unidad de acción y de reforzar, ampliar y canalizar las exigencias de justicia, verdad y reparación, se celebró ayer sábado en Madrid el primer encuentro de querellantes contra el franquismo. Participaron más de 120 personas a título individual y en representación de varias asociaciones. Coincidió el encuentro (en el Instituto Lope de Vega, a doscientos metros del Ministerio de Justicia) con la noticia de que el sanguinario dictador argentino Jorge Rafael Videla murió en la cárcel de Marcos Paz para presos comunes, donde cumplía cadena perpetua; nada que ver con el dictador español, que falleció en la cama con “todo atado y bien atado”.

Fue como si Darío Rivas hubiese traído de Buenos Aires la buena nueva de que todavía la justicia es posible en este mundo. Con 93 años, Darío realizó el largo viaje para acompañar a los querellantes españoles contra los crímenes del franquismo. Él fue el primero en acudir a la Justicia en Argentina, donde reside, para denunciar la criminalidad y la represión sistemática de la dictadura española. Viendo el maltrato al magistrado Baltasar Garzón, eligió el 79º aniversario de la proclamación en las urnas de la II República para presentar la querella.

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El padre de Darío, Severino Rivas, era un socialista que fue elegido alcalde de Castro del Rei, en Lugo. Los militares golpistas y sus secuaces nazifascistas lo asesinaron en 1936, como hicieron con cientos de alcaldes, concejales y diputados desde primera hora en todas las zonas donde triunfó la sublevación. Sus restos fueron exhumados en 2005 con la ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que se personó con él en la causa ante los tribunales de Argentina.

Además de la asociación española de familiares de víctimas del franquismo, ese 14 de abril de 2010, Darío estuvo acompañado por varios colectivos de defensa de los derechos humanos, singularmente, por las madres y abuelas de la Plaza de Mayo y por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Desde entonces, la “querella madre”, como la denominan los letrados Ana Messuti y Carlos Slepoy, no ha parado de crecer y hoy se cuentan más de 150 querellantes y asociaciones en demanda de justicia universal contra aquellos crímenes impunes de lesa humanidad.

Con las carpetas de documentación en la mano, Messuti explica a los reunidos que además de la acción en nombre de los familiares, la causa está abierta en un segundo nivel a documentalistas e historiadores y en un tercer nivel a la adhesión de los ciudadanos que sufrieron el clima generalizado de represión de las libertades y la vulneración sistemática de los derechos humanos. Decenas de miles de firmas refuerzan la acción judicial por esta vía. La coordinación estatal de la red de Apoyo a la Querella Argentina (AQUA) y otras plataformas, incluidos los familiares de niños robados durante el franquismo y la transición, fue un objetivo principal del encuentro.

El letrado Slepoy consideró “llamativo” que España, que fue pionera en la aplicación de la jurisdicción universal para perseguir a los genocidas del Cono Sur y de otros países de América Latina, niegue el amparo judicial a sus víctimas. “Es llamativo, pero no es sorprendente, porque casi todos los Estados hacen lo mismo”, añadió antes de reconocer que “gracias a la acción de la justicia española (del magistrado Garzón en este caso) se destrabó el proceso contra los crímenes de la dictadura argentina y Videla ha muerto en la cárcel”.

Tanto Slepoy como Messuti contaron los altibajos de la causa contra los crímenes del franquismo que instruye la jueza María Servini, a quien las autoridades españolas están poniendo todo tipo de trabas. Si el primer obstáculo fue la negación de la documentación que solicitó el fiscal argentino a España y el consiguiente archivo, que dio lugar a una apelación y a la resolución de la Cámara judicial argentina ordenando la continuidad del proceso, y el siguiente fueron los obstáculos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la comisión rogatoria para que la jueza se desplazara a España a hacer su trabajo, el último palo en la rueda ha sido la queja del Ejecutivo español por vía diplomática para impedir que pudiera tomar declaración a 12 querellantes por videoconferencia desde los consulados de Argentina en España.

Para impedir las declaraciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que es titular José Manuel García Margallo, emitió una queja verbal al embajador argentino, quien, a su vez, pidió directamente a la magistrada que suspendiera las declaraciones que iban a comenzar el 8 de mayo. La jueza aplazó el acto. Según los juristas, el Gobierno español invocó un convenio de reciprocidad de cumplimiento de penas que nada tiene que ver con el caso. Según el abogado Slepoy, a la magistrada “le faltó un punto de pundonor”.

Sin embargo, los letrados confían en que Servini supere los obstáculos y, según sus informaciones, recabe testimonios en un plazo de dos o tres semanas. La propia jueza, en declaraciones a la emisora Andalucía Información, dijo el viernes que “los gobiernos españoles no quieren que se investigue”. Y añadió: “No soy yo la que quiere investigar, es la Cámara Federal, nuestro Tribunal Superior, la que ha ordenado esta investigación en 2010 y estamos en 2013”.

Por el momento han testificado 5 de los 91 querellantes previstos en una primera fase. Y Servini, que es la decana de los juzgados de lo criminal y titular del nº 1 de Buenos Aires estima que terminará antes de fin de año. Por su parte, los abogados, que consideran muy importante el estímulo social, insisten en que “el tiempo ha de transcurrir a favor de las víctimas, no de los verdugos”. En este caso, aparte de los “juicios de la verdad” cuando los autores de los crímenes han fallecido, figuran al menos nueve imputados que podrían ser condenados, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del actual titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, así como el policía torturador José González Pacheco, alias Billy el Niño.

4 Comments
  1. Ramon says

    Hicieron tanto daño y cometieron tantos crímenes…

  2. Mai says

    Con casi cuarenta años desde que la diñó el dictador, los hijos y nietos de los criminales siguen mandando y mangoneando y robando en el Reino de España, que si ha progresado no es a pesar de ellos.

  3. Austrohúngaro says

    No nos consuela quel criminal Videla haya muerto en prisión. Solo revela la dignidad de la democracia argentina y la falta de ella en España. Lo cual nos averguenza.

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