El PSOE denuncia las prisas del Gobierno para rebajar las pensiones y abrir la puerta a su privatización

La urgencia que el Gobierno quiere imponer en la tramitación de la reforma de las pensiones tiene indignado al PSOE. Aparte de que su portavoz en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, califique de “barbaridad” que el Ministerio de Empleo quiera tener acabado un proyecto de ley “de tanto calado” en el mes de julio, los socialistas consideran, según un documento interno, que el Ejecutivo pretende rebajar las pensiones y abrir la puerta a su privatización con la excusa de la crisis y sin tener en cuenta que acaba de ponerse en marcha, en enero, la reforma aprobada en 2011 en la que ya se atendían los problemas centrales de las modificaciones.

El acelerón se puso en marcha el pasado día 13 cuando la Mesa y los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo se reunieron después del Pleno y acordaron qué personas comparecerán en las próximas semanas. Serán los 12 expertos del comité que elaboró el informe sobre la reforma del sistema de pensiones y representantes de los agentes sociales, así como de las agrupaciones de trabajadores autónomos. Además, cada grupo parlamentario llevará a la Comisión a un experto diferente a los que han realizado el informe encargado por el Gobierno. Las prisas son evidentes cuando se estableció que las comparecencias empezarán el próximo martes 18 de junio y se prolongarán durante el mes de julio, después de haber solicitado a la Cámara que se habilite este mes para celebrar sesiones de la Comisión.

En el documento interno, los socialistas recuerdan que España tiene un sistema público de pensiones que viene funcionando con un alto grado de eficiencia, de estabilidad y con perspectiva de largo alcance, desde hace décadas y que ha ido adecuándose en el tiempo, con reformas de sencilla aplicación, cada vez que ha sido necesario. “Este sistema público de pensiones ha jugado y juega un papel fundamental en la cohesión social y territorial del país que debe mantenerse a toda costa”, se indica.

Tras destacar que el PSOE ha sido el partido que universalizó el sistema público de pensiones en España, con la clara finalidad de combatir la pobreza durante la vejez garantizando unos ingresos fijos mensuales a todos los ciudadanos al llegar a esa etapa de la vida; el que más recursos económicos ha destinado a mejorarlas cuando ha gobernado (las pensiones mínimas han registrado la mayor subida de toda su historia durante el periodo 2004-2011), y también el que, hace tan solo dos años, impulsó y pactó una reforma de las pensiones -con acuerdo de los sindicatos, los empresarios y gran parte de los partidos políticos-, para garantizar su sostenibilidad, el documento explica en qué condiciones debe hacerse cualquier cambio.

En primer lugar, tiene que estar muy justificado y sólo debe cambiarse si es absolutamente necesario. Muy pensado para que los cambios no dañen esa cohesión social y territorial que el actual sistema lleva décadas garantizando. Y muy consensuado para garantizar la paz social en su aplicación.

La posición del PSOE, señalan, es muy clara: se opone frontalmente a que la “solución” sea rebajar las pensiones, no apoyará ningún cambio que no tenga el apoyo de los sindicatos y considera completamente válida la reforma de la Ley de 2011, actualmente en vigor, mostrándose dispuesto a hablar de cómo aplicar el factor de sostenibilidad ya previsto en esta Ley, siempre que no pretenda hacerse a costa de bajar las pensiones.

Además, los socialistas consideran que no hay ninguna urgencia que justifique la reforma que el Gobierno quiere implantar a toda prisa porque acaba de entrar en vigor (en enero de este año) la Reforma del sistema de pensiones que se pactó y aprobó en el año 2011, precisamente para garantizar su sostenibilidad, respondiendo al reto del aumento de la esperanza de vida. Y esa Reforma contempla ya medidas correctoras, como el aumento de la edad de jubilación y el aumento del número de años para el cálculo de la pensión. También es un factor de sostenibilidad el hecho de que empezaría a aplicarse a partir del año 2027, siendo revisable cada 5 años, en función del aumento de la esperanza de vida.

Otro elemento por el que no corre prisa es que España dispone aún de un importante colchón financiero –el Fondo de Reserva de las pensiones- que el Gobierno del PSOE dejó con más de 67.000 millones de euros que garantizan poder mantener el equilibrio presupuestario del actual sistema de pensiones durante al menos, otros cinco años, incluso en condiciones económicas muy adversas. De hecho, destacan que el informe de los expertos, hecho por encargo del Gobierno, ha sido elaborado a toda prisa, en menos de dos meses (se constituyó el 21 de abril de 2013 y la fecha de finalización fue el 7 de junio de 2013), y sin poder realizar ni siquiera simulaciones oficiales sobre los efectos de las propuestas que plantea.

“No tiene ningún sentido querer aprobar una Reforma cuando acaba de empezar a aplicarse otra cuyos resultados no han podido ser evaluados aún”, precisa el texto. Y añade: “Parece, por tanto, que las prisas del Gobierno responden más bien al deseo de aprovechar la actual mala situación económica, como excusa, para hacer un cambio regresivo sin precedentes que supondría reducir el poder adquisitivo y la cuantía de las pensiones actuales y futuras, además de abrir hueco para que el mercado entre en la provisión de un servicio público esencial como este”, se concreta.

Por otro lado, el PSOE considera que “por mucha mayoría absoluta que tenga, el Gobierno no puede imponer una reforma de las pensiones con menos consenso de la que tiene la que está en vigor”. Y recuerda que la actual se realizó con el consenso del Gobierno, los sindicatos y los empresarios, con el activo concurso del Pacto de Toledo y con el apoyo explícito de gran parte de los partidos políticos. “Este altísimo grado de consenso que garantiza su aplicación con paz social no puede ser sustituido por la imposición en solitario de un Gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga”, se afirma. Y se concluye: “Ninguna reforma de las pensiones debería tener menos consenso de la que tiene la que está en vigor”.