El jefe de la patronal de la enseñanza, "superpreocupadísimo" por el fracaso escolar, anuncia su apoyo la 'ley Wert'

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Antonio Rodríguez-Campra, presidente de la Confederación Españolas de Centros de Enseñanza (CECE-CEOE). / cece.es

Sólo el representante de la patronal de la enseñanza privada concertada apoyó la ley Wert en la ronda de comparecencias que comenzó ayer en Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, por la que pasarán unas cincuenta personas. El presidente de la patronal de centros privados agrupados en la CECE-CEOE, Antonio Rodríguez Campra, respaldó el proyecto LOMCE “porque con la LODE los centros concertados han sufrido una persecución en algunas comunidades autónomas”. En su opinión, la reforma “se queda corta” y habría que dar “garantías jurídicas” a los centros privados concertados “frente a los 17 sistemas educativos autonómicos”. Se mostró “superpreocupadísimo” por “la lacra del fracaso escolar”, que alcanza el 50% en algunas autonomías. “Los fracasados no van a tener trabajo a los 18 ni a los 88 años; sólo sirves 'pa' peón y no habrá puesto de peón para ti”, dijo. Aunque evitó contestar a la pregunta de la socialista María José Vázquez Morillo si ve en la ley los medios necesarios contra el abandono escolar, aseguró que los centros privados concertados le ahorran miles de millones al Estado: “Si 1.988.612 alumnos pasan a la pública, digan al ministro de Hacienda que apañe 7.441 millones de euros”.

Aparte el jefe de la CECE, que habló con voz bajita, y de la presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos, Begoña Ladrón de Guevara, que leyó a trancas y barrancas un papel pidiendo más flexibilidad en la elección de centros, el desacuerdo con el texto de la LOMCE es de tal calibre que ni los sindicatos de profesores ni la presidenta de la Conferencia de Rectores Universitarios ni las asociaciones mayoritarias de padres de alumnos comparten los contenidos que les incumben directamente. Todos los grupos parlamentarios, con la lógica excepción del PP, han presentado enmiendas de totalidad y devolución.

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En la primera jornada de comparecencias quedó claro que el Gobierno, en contra de lo que anunció Mariano Rajoy en el debate de investidura, no ha buscado el acuerdo con la comunidad educativa ni siquiera se ha prestado al diálogo, lo que no resta mérito a sus esfuerzos y conciliábulos para satisfacer a la patronal y a la Conferencia Episcopal. Así lo denunciaron Jesús María Sánchez Herrero, de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA); Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO; Carlos López Cortiñas, de la FETE-UGT, y Adrián Vivas, de CSIF. Los cuatro coincidieron en que el Gobierno debería retirar su proyecto y negociar las reformas con la comunidad educativa y con el personal docente que, a fin de cuentas, es quien debe aplicarla. Vivas auguró “un corto recorrido” a la ley, y Antonio Amate, secretario general de USO, dijo que por si fuera poca la reducción salarial del 20% en los tres últimos años, esta ley traerá “más despidos y mayores recortes”.

No piense el lector que por rechazar el texto se mostraron dogmáticos o inflexibles los representantes sindicales. Por ejemplo, López Cortiñas, de la UGT, consideró positivo el desarrollo de la Formación Profesional siguiendo el camino ya emprendido por el anterior Gobierno en la Ley de Economía Sostenible. Amate, de la USO, defendió la enseñanza de la religión en la escuela y la necesidad de reformas, pero no como esta, dañina para el personal docente, en la que se pretende que el pie se adapte al zapato y no al revés. Lo que ocurre es que el diagnóstico sobre el que se apoya el proyecto es engañoso y errático. “Esta reforma –dijo García Suárez, de CCOO- se pone encima de la mesa en medio de una avalancha de recortes que desde 2010 han supuesto la pérdida de 62.000 puestos de trabajo, supresión de tutorías, de atención a la diversidad, de medidas de apoyo a la equidad y a los alumnos más expuestos al fracaso. Si el objetivo es evitar el fracaso, sólo va a provocar más abandono escolar”. Tanto él como el ugetista López Cortiñas demostraron con datos que al Gobierno le importa un bledo el abandono escolar, pues además de medirlo mal –sin tener en cuenta las diferencias entre unas y otras Comunidades Autónomas y el tejido industrial y social-, lo utiliza como argumento para poner revalidas y barreras de entrada al Bachillerato y a la Universidad, discriminando a los alumnos con menos medios y con la oferta de una FP sin retorno ni convalidación.

Si se tratara de mejorar la educación pública y privada concertada obligatoria no se detraerían 10.000 millones de euros hasta 2014, un punto del PIB, como está haciendo el Ejecutivo ni se establecerían barreras que, con el argumento de la calidad, convierten a los colegios en academias con el objetivo de lograr la puntuación necesaria, en detrimento de la formación integral. “Ya lo decía Napoleón: España está embrutecida por falta de música”, recordó Amate. Pero además, las barreras y reválidas al modo de Villar Palasí en el siglo pasado –por cierto, el ministro que pidió agentes secretos para infiltrarlos en la Universidad, origen del CSID y del actual CNI- y los ranking de colegios buenos, regulares y malos, y la segregación de los alumnos por nota y hasta por género no son métodos adecuados y acertados, según la experiencia internacional, para evitar el abandono escolar. En este sentido, varios comparecientes señalaron que los informes PISA no miden la dispersión territorial, la integración de los inmigrantes –el 50% se consideran españoles- ni otros valores sociales directamente relacionados con la educación.

La presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle, trasladó el rechazo de los rectores de las universidades a la supresión del “distrito único” para realizar las pruebas de acceso a la Universidad y dijo que el nuevo modelo de reválida al final del bachillerato y exámenes de ingreso por universidades “podría vulnerar la igualdad y perjudicará a los estudiantes con menos recursos”. “Las pruebas de acceso no son obsoletas porque las superen más del 90% -dijo-; el fracaso sería que la mayoría de los estudiantes que aprueban el bachillerato no pudiera entrar en la universidad”. De la Calle pidió que no se cambie lo que funciona, que se saque de la ley y, en todo caso, que las pruebas específicas de acceso se sometan al Consejo de Rectores.