Garzón abre la vía para anular decisiones del presidente del TC y militante del PP

El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, solicitó ayer, día 19, al Tribunal Constitucional que anule la resolución de noviembre de 2012 por la que le negó el amparo ante la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo. La petición de Garzón fue la primera de una cascada de recursos contra resoluciones del TC, después de conocer que su magistrado desde octubre de 2010 y presidente desde hace un mes y un día, Francisco Pérez de los Cobos, estaba afiliado al PP y pagaba sus cuotas como militante desde 2007 hasta, al menos, 2011. El PP sigue ocultando las fechas exactas. Pérez de los Cobos mantuvo oculta su afiliación política cuando fue examinado por el Senado, donde el PP y el PSOE elogiaron su currículo y él lo desgranó en diez minutos y dijo de sí mismo que era “un humilde profesor universitario”.

De los Cobos y su proponente formal, el actual presidente del Senado, Pío García Escudero, quien dijo conocerle, mantuvieron oculta esa militancia en el PP, incluso después de que el senador de la Entesa Catalana de Progres, Carles Bonet, le pidiera expresamente que trabajara “por la despolitización del Tribunal Constitucional”. En su respuesta, el magistrable se limitó a agradecer los elogios y a señalar que conocía perfectamente la composición autonómica del Estado.

Como quiera que De los Cobos fue uno de los firmantes, junto Pablo Pérez Tremps y Francisco José Hernando de la providencia que el 29 de octubre de 2012 negó el amparo constitucional a Garzón, sus abogados José Luis Fuertes Suárez y Javier Yagüe García reclaman la “nulidad absoluta” de aquella decisión por entender que De los Cobos, al haber ocultado su condición de militante del PP cuando fue designado magistrado del TC, incurrió en “incompatibilidad” y su participación en la deliberación “no es válida”.

Hay que tener en cuenta que el recurso amparo de Garzón al Constitucional se produjo contra un fallo del Supremo que le inhabilitaba por unas escuchas ordenadas en el marco de una investigación criminal que afectaba y afecta a dirigentes y miembros del PP como es la trama Gurtel de corrupción. Según sus abogados, “la apariencia de ausencia de la obligada imparcialidad subjetiva de Pérez de los Cobos, en cuanto militante del PP, es clamorosa”.

Aparte los fundamentos jurídicos para pedir la nulidad de aquella providencia, los letrados defensores de Garzón entienden que la situación de Pérez de los Cobos es “insostenible e insubsanable”. “Nada podría sanar el vicio de origen de nulidad de su nombramiento, que quebrantó una norma imperativa de prohibición”, añaden en una nota en la que no descartan pedir formalmente al Rey la nulidad radical del nombramiento de De los Cobos, al amparo de la propia ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Art. 16) y del Código Civil (Art. 6.3).

Cuando uno es militante de un partido político está obligado a cumplir los estatutos, y en este caso, los del PP obligaban al magistrado y actual presidente del Tribunal de garantías constitucionales a “cumplir las instrucciones y directrices emanadas de sus órganos de gobierno y grupos institucionales y a ajustar su actividad política a los principios, fines y programas del Partido Popular”.

La ocultación de la militancia y, en consecuencia, de la contaminación de origen, llevó el viernes al expresidente Felipe González y al exlehendakari Patxi López, a pedir que dimita inmediatamente, al tiempo que el PSOE se ha limitado a solicitar su comparecencia parlamentaria. El Gobierno, en cambio, consideró por boca del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón que “haber militado no inhabilita para el cargo”.

Las consecuencias del engaño son mayúsculas para el propio TC, en el que su ahora presidente participó en no menos de 40 sentencias y resoluciones. Así, tras la petición de Garzón se anunció una avalancha de peticiones de nulidad. La Junta de Andalucía, que ha visto anuladas las subastas de medicamentos y su decreto antidesahucios va a estudiar la participación del personaje en las resoluciones que le afectan. La Generalitat de Cataluña hará lo propio. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante también va a pedir la nulidad de la resolución por la que De los Cobos y otros dos magistrados no admitieron a trámite la anulación de la condena a muerte a Miguel Hernández por los secuaces de Franco en 1940. Y también los abogados de Arnaldo Otegi presentarán recursos de nulidad.

A la contaminación de origen por la ocultación de la militancia ante el Parlamento --lo que equivale a una falta ética y conduce a Maleborque, el lugar del Infierno de Dante Aligieri donde acaban los que cometen fraude político-- hay que añadir en este caso la asesoría sobre la reforma laboral del PP que De los Cobos y su letrado de confianza en el TC y actual director general de empleo con la ministra Fátima Báñez, Braulio Thibault Aranda, prestaron al partido y que le obligaría a abstenerse ante los recursos presentados contra varios aspectos de la misma.