Enrique Santiago: “La estrategia del PP pasa porque no haya juicio en el ‘caso Bárcenas’”

Enrique Santiago (Madrid, 1964) es abogado de acusación particular y de Izquierda Unida en el llamado caso Bárcenas. Ocupa el cargo de secretario de Convergencia Política y Social de IU y desde hace ya varios meses su día a día se ha convertido en una ida y venida entre despachos, juzgados y encuentros con diferentes partidos de izquierda y representantes de movimientos sociales para formar un frente único de cara al próximo ciclo electoral. En su currículum figura que formó parte de la acusación popular contra los dictadores Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla. También defiende a la familia de José Couso.

Denuncia que el Partido Popular tiene una estrategia clara para que la causa sea declarada nula y nunca se produzca el juicio. No duda en señalar que hay “una apuesta muy seria para volver a garantizar la impunidad” como ya ocurriera a finales de la década de los 80 en el 'caso Naseiro'. Y advierte a la ciudadanía de que debe estar “muy alerta” para que la causa siga adelante. De hecho, asegura que una “posición clara de la ciudadanía” blindaría la causa y obligaría a la Justicia a llegar hasta el final.

– Hay una sensación continúa, como un miedo, de que el llamado 'caso Bárcenas' pueda finalizar como lo hizo 'caso Naseiro'. Que la causa sea declarado nula y finalmente no haya ningún responsable. ¿Qué posibilidades hay de que esto suceda?

– A fecha de hoy, desde un punto de vista jurídico, no debería haber ninguna. Sin embargo, hay motivos para alarmarse. Desde distintos ámbitos, que tienen participación en el proceso, se ha lanzado el fantasma de una posible nulidad del procedimiento que volvería a reproducir lo que pasó con el 'caso Naseiro' y lo que es más grave, generaría una situación de impunidad.

En el proceso de negociación que le proponen a Bárcenas cuando un abogado lo visita en prisión, uno de los posibles elementos que integran ese acuerdo es precisamente la declaración de nulidad que le ofrecen en un plazo corto: septiembre u octubre. Por otro parte, hemos asistido ahora al debate sobre la forma de provisionar la plaza de titularidad del Juzgado Central de Instrucción número 5 y vuelve a salir el fantasma de una posible declaración de nulidad del procedimiento. Esta vez ha sido alertado por el que va a ser el juez titular, el señor Carmona.

– También se indica como posible causa de anulación el hecho de que esta causa se haya unido a la Gürtel.

– La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional ya ha advertido de que los macroprocedimientos tienen tendencia o bien a la parálisis de la instrucción o a la multiplicación de los riesgos de nulidad. En este caso, desgraciadamente, los criterios jurisprudenciales no fueron observados, desde nuestro punto de vista, con la debida rectitud. Desde nuestro punto de vista, y refrendado por el voto particular de una de las magistradas de la sala, no debe ser así.

De hecho, apenas una semana antes de que se interpusiera la querella de IU tanto la Fiscalía Anticorrupción como el propio juez titular del juzgado número cinco habían desestimado que existiera ningún tipo de conexidad entra las causas. Sorprendentemente, cuando IU interpone la querella desaparece este criterio y apenas una semana después la Fiscalía Anticorrupción sí aprecia esa conexidad. Si ha existido ese interés en unirlas se debe a un interés en provocar macrocausas difíciles de instruir y con dificultades para que se determinen responsabilidades penales debidamente.

– ¿Y ese interés de quién es?

– Evidentemente el interés lo tienen todos aquellos que no quieren que se luche correctamente contra la corrupción y contra un sistema bipartidista que está muy arraigado en la corrupción como fuente de alimentación y que se distribuye el espacio o los servicios públicos como si fueran un botín. Esos sectores son poderosos y, desgraciadamente, tienen influencias en muchas administraciones del Estado.

– También se está apuntando la posibilidad de que el juez Ruz esté demasiado influenciado en su instrucción por el hecho de no tener plaza fija y por ello está demasiado pendiente de la Fiscalía. ¿Cómo valora usted la instrucción del juez Ruz?

No puedo valorar, pero sí puedo constatar realidades. La primera realidad es que los criterios que en cada momento expresa la Fiscalía Anticorrupción son determinantemente tenidos en cuenta por el instructor. Hasta la fecha no se ha aprobado ninguna diligencia que no haya sido propuesta o aprobada expresamente por la Fiscalía.

– De todo lo que se ha contado, la supuesta visita a Bárcenas en la cárcel por parte de un abogado del Partido Popular es de las cosas que más impacta.

– Esa visita pone de manifiesto que estamos ante una organización mafiosa clásica con funcionamientos mafiosos clásicos con capacidad de incluir a instituciones del Estado. Esa presión sobre Bárcenas es escandalosa para la opinión pública, pero lo sorprendente es que haya habido una utilización de instituciones del estado. Eso sí que implica que debe haber una actitud de alarma y vigilancia por parte de la ciudadanía. El poder que han desplegado los integrantes de esta red criminal, que al parecer ha existido en el PP, parece un poder ilimitado. Es para estar muy preocupados.

– Cuando habla de controlar importantes instituciones del Estado viene a la mente el caso del presidente del Tribunal Constitucional.

– En la declaración de Bárcenas hay un caso más espeluznante. En esos papeles de contabilidad B está nada más y nada menos que el señor Ubaldo Nieto, el presidente del Tribunal de Cuentas, es decir, la persona cuya máxima responsabilidad es velar por la transparencia y sujeción a derecho de las finanzas de los partidos políticos. Que el guardián de la legalidad aparezca como posible responsable de haber contribuido a la financiación ilegal sitúa a España en el mismo nivel que la más deleznable de las repúblicas bananeras.

– ¿Ha cambiado la estrategia del Partido Popular durante el proceso? ¿De intentar negarlo todo a intentar culpar sólo a Bárcenas?

– No creo que haya habido un cambio. Ha habido una ampliación de la estrategia. Ahora han pasado a la fase de buscar y provocar nulidades. Además de eso, han tenido que añadir un nuevo componente a esa estrategia, que tiene que ver con la confesión efectuada por el señor Luis Bárcenas. Y ahora, efectivamente, su nuevo vector en la estrategia es hacer responsable de todo a Bárcenas como si él fuera el máximo responsable de una organización criminal que ha venido practicando desde hace más de 20 años los ilícitos que ahora estamos conociendo sobre la financiación del partido.

Hay que recordar, también, que en la mayor parte del tiempo que Bárcenas ha estado trabajando para esa organización criminal estaba en un quinto nivel. Únicamente en el año 2008, tras el Congreso de Valencia, pasó a un cuarto nivel. Esto significa que siempre ha tenido por encima tres o cuatro niveles jerárquicos: el presidente, el secretario general, los vicepresidentes generales, como mínimo. Luego está el tesorero y después el gerente. Creo que esa estrategia va a ser muy difícil de defender con éxito si conseguimos llegar a un juicio. No obstante, su estrategia pasa por no llegar a un juicio. Son conscientes de que su estrategia será muy difícil de mantener con un mínimo de credibilidad.

No es posible que aquellos que cobraran sobresueldos en negro de forma sistemática o recibían dinero para otros fines desconocieran que el dinero negro siempre procede de cauces ilícitos de recaudación. Eso es imposible. Si hubiera sido acceso a dinero negro de forma puntual todavía podía dejarnos un margen de duda pero lo que sabemos ahora es que ese acceso a dinero negro era continuo y sistemático.

– Muchas veces parece que se olvida, cuando se habla del 'caso Bárcenas' que lo que se está investigando es la financiación ilegal o irregular de un partido político, en este caso el partido del Gobierno, y no si alguno de sus miembros recibía sobresueldos.

– Para nosotros lo de menos son los sobresueldos que ha podido cobrar Rajoy o Cospedal o los trajes o bolsas a los que han podido acceder estas personas a través del dinero negro. Esto, en todo caso, demuestra una falta de ética apabullante y una costumbre de manejar el sector público como si se tratara de su finca particular.

Lo grave es la capacidad que han tenido las grandes empresas de construcción y de infraestructuras, de acreditarse la tesis que nosotros mantenemos, para cooptar un Consejo de Ministros detrás de otro. No hay que perder de vista que estos dirigentes políticos que cobraban sobresueldos los cobraban fundamentalmente cuando estaban sentados en los Consejos de Ministros.

Así, además de garantizarse un acceso, al margen de la libre competencia a contratos públicos, estas empresas han puesto en marcha un entramado de absoluta capacidad de determinación de las políticas de infraestructuras de este país. Eso es lo grave y es lo que hay que investigar.

– Es una teoría que explica por qué tenemos 54 aeropuertos públicos (seis sin aviones), y unas cuantas estaciones de AVE sin pasajeros.

– No hay otro país en Europa que tenga seis aeropuertos donde ni aterrizan ni se esperan aviones. Tenemos estaciones de alta velocidad, que se han construido con criterios desconocidos, donde ni suben ni bajan pasajeros. Tenemos un sistema de autopistas de peaje que no se utilizan y que ahora quieren ser rescatadas con dinero público. De hecho, el anuncio de que el Estado iba a rescatar las autopistas de peaje no lo hizo un ministro ni un portavoz sino el señor Villar Mir, presidente de OHL, que es uno de los supuestos pagadores del dinero negro.

– De las declaraciones de Bárcenas ante la Justicia se denota una estrategia de implicar a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal y de dejar fuera a José María Aznar y a un grupo de empresarios.

– Lo que está ocurriendo es de manual de procesos de organizaciones criminales organizadas. En el momento en el que uno de los eslabones rompe la lealtad a la organización mafiosa comienza a fracturarse la organización y comienza a haber deserciones y acusaciones.Estamos en la fase en la que se rompe la disciplina interna y Bárcenas está intentando dirigir las acusaciones de forma que aún sea posible retomar una conversaciones con las altas instancias del Estado para garantizarse un mejor estatus en el proceso y a ser posible la impunidad.

Hasta ahora los datos que ha ido desvelando comprometen seriamente a Rajoy y a Cospedal pero también a Villar Mir y a Del Rivero, patronos respectivos de OHL y Sacyr Vallehermoso, dos de los grandes grupos de este país. Sí es verdad que está teniendo cuidado en preservar a otros empresarios. Así se entiende también su voluntad de preservar a José María Aznar y a Pío García Escudero, actual presidente del Senado, quien bajo nuestro punto de vista y a raíz de las investigaciones que estamos llevando a cabo, mintió cuando afirmó que había devuelto el préstamo que le había dado el Partido Popular mediante cuatro cheques.

Estamos convencidos que tal y como refleja la contabilidad oficial del PP solamente dos de esos pagos se devolvieron mediante cheques y los otros, uno seguro, se pagó con dinero B y el otro aún tenemos que comprobarlo. Ya veremos si esos intentos siguen o no adelante una vez que fracase su estrategia de volver a retomar las negociaciones con las altas instituciones del Estado, que desde su punto de vista pueden garantizarle la impunidad, y sigue dando datos respecto a empresarios. Yo creo que sí.

De hecho, el haber confirmado todos y cada uno de los asientos contables que aparecen en los denominados 'papeles de Bárcenas' también es una confirmación de la responsabilidad de los empresarios que hasta ahora hemos imputado y que, seguramente, ampliemos a raíz de la declaración de estos.

– ¿Vais a pedir también que declare Mariano Rajoy? ¿Cospedal declarará?

Nosotros pedimos la declaración de Cospedal, Javier Arenas y Álvarez Cascos a finales de mayo. Hasta ahora está pendiente de resolverse por el juez instructor. El fiscal ya se ha pronunciado apoyando lo relativo a Cospedal y siguiendo lo que hasta ahora ha sido la práctica procesal de esta causa parece bastante probable que el juez admita la diligencia, al menos la de la señora Cospedal.

Respecto a Rajoy. Si no fuera presidente del Gobierno, con lo manifestado el otro día por Bárcenas, habría más que suficiente para citarle, al menos, a declarar. Sin embargo, Rajoy goza de una ultraprotección a la hora de declarar como testigo con lo cual creemos que hay que asentar más esa solicitud y que ahora es prematuro.

– ¿Y a vosotros? ¿Os van a denunciar?

El Partido Popular ya ha anunciado muchas veces que va a querellarse contra nosotros. A nosotros ese escenario nos nos preocupa mucho. En primer lugar, porque ellos ya han realizado las acciones legales previas para poder interponer una calumnia por injurias y calumnias contra los querellantes. Es decir, ya han instado a la conciliación judicial previa en vía civil, que celebramos el 3 de julio y que, por supuesto, finalizó sin acuerdo.

Desde el punto de vista jurídico, nosotros pensamos que la petición de admisión de una querella contra los querellantes carece de fundamentación jurídica. Estamos convencidos de que sería el hecho de que el PP se querellara contra IU sería el mayor error del PP en este procedimiento ya que significaría un clamor ciudadano contra el PP y a favor de los querellantes de esta causa porque la acusación está defendiendo la independencia de la Justicia y del Estado del derecho.

– ¿Qué papel puede jugar la ciudadanía en este proceso?

– La ciudadanía debe estar muy alerta a los posibles intentos, maniobras o presiones para conseguir la paralización y el archivo del procedimiento. Hay una apuesta muy seria por volver a garantizar la impunidad a los integrantes de esta organización criminal. La impunidad que ya consiguieron en el 'caso Naseiro'. Hoy día, la ciudadanía está más concienciada y ha padecido las consecuencias de esta acción de saqueo del Estado.

Es el momento en el que la ciudadanía no puede estar ausente. Los abogados creemos que una posición clara de la ciudadanía protegiendo una investigación judicial conforme a las reglas del Estado de Derecho sí pueden blindar la investigación y garantizar que se llegue a conocer el final del asunto y se pueda llegar a un juicio de los responsables que han causado daños económicos brutales y el declive del Estado social, que ya veremos si podemos recuperarlo.