Los impulsores de la #QuerellaBárcenas alertan contra las intentonas de nulidad

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Un activista del 15M sostiene un expresivo cartel durante la concentración de ayer, día 30, en la Puerta del Sol de Madrid, contra la impunidad en el 'caso Bárcenas'. / Luis Díez

Las organizaciones firmantes de la querella contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas Gutiérrez, un hombre que distribuyó unos 28 millones de euros en los últimos diez años entre los principales dirigentes del partido y acumuló una fortuna personal conocida de 48 millones en Suiza y otros países, se felicitaron ayer de que el juez Pablo Ruz haya citado a declarar a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal y a sus antecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos sobre la financiación paralela del PP. El letrado Enrique de Santiago aseguró que “hay otros empresarios y políticos que no han salido y nuestro objetivo es sentar en el banquillo a todos los atracadores de los recursos públicos”.  Y anunció una batería de cincuenta iniciativas más ante la Audiencia Nacional.

A menos de cuarenta y ocho horas para la comparecencia del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en el pleno del Congreso, los representantes de Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, Los Verdes y Justicia y Sociedad, promotores de la #QuerellaBárcenas informaron sobre el estado de la cuestión en una concentración ciudadana en la Puerta del Sol a la que acudieron unas dos mil personas, Cayo Lara entre ellas. El coordinador general de IU y presidente del grupo de Izquierda Plural insistió en que Rajoy debe dimitir y convocar elecciones generales porque, según dijo, “el Gobierno está montado en la mentira y la sociedad reclama credibilidad, limpieza y la erradicación de la corrupción”. Frente a la afirmación de algunos dirigentes del partido gubernamental de que IU está en una causa general contra el PP, Lara aclaró que la causa no es contra el PP sino contra la corrupción y que no es sólo de IU sino “un movimiento de toda la sociedad”.

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Los convocantes de la asamblea informativa expresaron en primer lugar la solidaridad con las familias de los muertos y heridos en el accidente del tren Alvia en Compostela, y destacaron a continuación la concomitancia entre esa tragedia y la corrupción, habida cuenta de que la mayor parte de los pagos al PP tienen que ver con las constructoras de grandes infraestructuras públicas y el resultado de las prácticas corruptas es una calamidad que algunas veces se tiñe de tragedia. Ahora somos el primer país europeo con autopistas de peaje por las que no pasan coches, con aeropuertos sin aviones, con puertos sin barcos, con líneas de trenes Ave casi vacíos mientras se abandonan las cercanías que utilizan a diario millones de ciudadanos. No era el empleo, sino la corrupción la que movía esa política. Y así nos encontramos con una deuda de 40.000 millones en Fomento que equivale a los recortes en Sanidad, Educación y servicios sociales básicos. Y la cosa sigue con Eurovegas y los Juegos Olímpicos.

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Cayo Lara hace declaraciones a los periodistas, en presencia de Enrique Santiago, durante la concentración celebrada en Sol. / Mariano Asenjo

En ese contexto, descrito a grandes trazos por el representante de Justicia y Sociedad, enmarcó el abogado y dirigente de IU Enrique Santiago su explicación sobre la necesidad de mantener el apoyo social a la querella del caso Bárcenas para que los responsables políticos y empresariales no se vayan de rositas. “Ellos saben que su única salida es la anulación del proceso, como ya hicieron hace veinte años con el caso Naseiro-Sanchís. Por eso debemos estar atentos y mantener la presión y la movilización social; todos vosotros podéis contribuir con vuestro apoyo y con vuestras informaciones a erradicar esa organización criminal”.

Santiago, que consideró la corrupción “la mayor violación (no la más grave)  de los derechos humanos”, en la medida en que es “la usurpación de unos recursos vitales para las personas”, dijo que algunos datos del proceso le han dejado estupefacto, como por ejemplo, que en el PP funcionaba una “comisión de infraestructuras” que no figura en los estatutos del partido y que decidía antes de las elecciones a qué empresas se debía adjudicar las obras si ganaban. “Lo más grave no son sólo los sobres de dinero negro a los dirigentes sino el cohecho de las empresas y la prevaricación de los responsables políticos”. De algún modo, una cuadrilla de directivos empresariales se habría apoderado del PP de la mano de Bárcenas y de la red Gürtel y con la aquiescencia de los máximos dirigentes.

Otra sorpresa del letrado, ya comentada en una entrevista con cuartopoder, ha sido hallar al presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba, entre los implicados. Y otra más, la violación sistemática de la ley de financiación de partidos para fraccionar y justificar los pagos de las empresas. En su opinión, estamos ante una organización criminal con una estructura perfectamente establecida para delinquir.

Pero el mensaje de fondo es que la sociedad no debe tolerar las maniobras nicomédicas que se han producido y se pueden suceder para forzar la anulación del proceso. “Quieren provocar la nulidad, se la habían ofrecido a Bárcenas para septiembre u octubre si se negaba a declarar y lo volverán a intentar;  quieren repetir la operación de hace veinte años”, insistió el letrado delante de la pancarta que servía de fondo al improvisado escenario y en la que se leía: “Nulidad es impunidad”. A continuación, Yayo Herrero, representante de Ecologistas en Acción, leyó el manifiesto de apoyo a la acción judicial y contra la corrupción y sus nefastas consecuencias antisociales.

Horas antes de esta concentración en sol, con la estatua de Carlos III rodeada de banderas republicanas, de IU, del PCE y de la Izquierda Anticapitalista, el magistrado Ruz fijó los interrogatorios de Arenas y de Cascos para el 13 de agosto y de Cospedal el 14. En el mismo auto citó como testigos al cajero del PP Antonio Ortiz y al gerente que sucedió a Bárcenas, Cristóbal Páez, y requirió documentación a las empresas OHL, Azvi, Sacyr Vallehermoso, FCC y Sando y al propio PP. El juez se interesó asimismo por la citada comisión del PP de infraestructuras, a la que habría pertenecido como asesor el constructor Antonio Vilela.