Sólo IU rechaza la ley del PP y el PSOE que agrava la prisión militar sin causa judicial

El nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas que se debatirá en el primer pleno del Congreso del nuevo curso parlamentario contempla hasta 249 acciones y omisiones susceptibles de arresto o privación de libertad, lo que para el portavoz de Izquierda Unida (IU), José Luis Centella, equivale a “un auténtico disparate”. La Izquierda Plural es la única fuerza parlamentaria que ha rechazado el texto de plano y defenderá una enmienda a la totalidad para devolverlo al Gobierno. El Ejecutivo de Mariano Rajoy endurece las penas de arresto, que “son muy eficaces –dice– para mantener la disciplina”, amplía la privación de libertad hasta 60 días e implanta la suspensión del sueldo.

La nueva ley disciplinaria militar –que afecta a la Guardia Civil cuando desempeñe cometidos militares– emana de la que se aprobó en julio de 2011 sobre derechos y deberes de los militares. El Gobierno de Rodríguez Zapatero elaboró unas modificaciones del reglamento disciplinario que suprimían las penas de privación de libertad por decisión administrativa (los arrestos) para las faltas leves, aunque las mantenía para las graves y muy graves. Pero con la llegada del PP al Gobierno, el ministro Pedro Morenés Eulate y sus colaboradores políticos y parlamentarios dieron marcha atrás, de modo que un catálogo de 33 acciones y omisiones que van desde el retraso al descuido en el aseo personal, pasando por una inexactitud en el cumplimiento de la normativa sobre el derecho de asociación o un simple gesto o expresión de disgusto, pueden acarrear hasta 14 días de privación de libertad.

Según las fuentes parlamentarias y de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), mayoritaria en las Fuerzas Armadas, la reposición de los arrestos por faltas leves que el PSOE había suprimido en su proyecto, que no llegó a tramitarse debido al adelanto electoral, no es más que una finta para llegar a un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios. El PP endurece el texto para aceptar a continuación las enmiendas del PSOE suprimiendo los arrestos por faltas menores y los socialistas votan a favor de la nueva ley, en coherencia con su propuesta cuando gobernaban.

Con ello los dos partidos mayoritarios solventan el precepto constitucional que garantiza el derecho a la libertad de todas las personas y establece que sólo los jueces pueden ordenar prisión. El texto gubernamental tiene carácter de ley orgánica porque lamina derechos constitucionales a los profesionales de las Fuerzas Armadas, tanto en activo como en la reserva, y obliga al Reino de España a plantear ante la comunidad internacional una nueva reserva para no cumplir los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950.

Con esa reserva, que deberá ser formulada por el Ejecutivo en el plazo de tres meses a partir de la aprobación de la ley, los altos mandos podrán encarcelar a sus subordinados durante 14 días por faltas leves, 30 días por faltas graves y 60 cuando las califiquen de muy graves. Además pueden rescindir el contrato o “compromiso” de los militares profesionales, rebajarles en el escalafón –lo que en la práctica tiene poca efectividad, según dicen– y suspenderles de empleo y sueldo. Estas sanciones son compatibles con la responsabilidad civil y penal, pues según el texto gubernamental, no hay vulneración del “ne bis in idem”. Lo que sí hay –denuncia IU-- es una evidente falta de garantías ante las sanciones administrativas, siempre jerárquicas.

Otra novedad del régimen sancionador es la pérdida de sueldo de uno a quince días por faltas leves. Defensa dice que esa sanción salarial se aplica en “todos los ejércitos de nuestro ámbito occidental” y resulta “muy adecuada” contra las infracciones que cometan los soldados profesionales. A los alumnos sin sueldo se les privará de poder salir a la calle entre uno y ocho días.

La nueva normativa emplea expresiones etéreas y de amplia interpretación para tipificar la amplia variedad de acciones y omisiones punibles, tales como “apreciación, consideración, inexactitud, subordinación, descuido, inobservancia, inhibición” e incluso “infracción de deberes” sin especificar el derecho a la desobediencia cuando se trate de cumplir órdenes contrarias a las leyes.

El debate de la nueva ley, que carece del preceptivo informe del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, llega precedido de una “fuerte ofensiva” de los mandos contra el asociacionismo profesional de los militares, especialmente contra los representantes de la AUME. Su presidente, Jorge Bravo, fue encarcelado en mayo pasado durante 30 días en el centro de cumplimiento de arrestos de Colmenar Viejo (Madrid) por hacer uso del derecho a la libertad de expresión para denunciar, sin vulnerar ningún secreto militar, el dispendio y el boato en las Fuerzas Armadas. Su arresto suscitó una ola de solidaridad de los sindicatos españoles y las asociaciones europeas de militares. Tras él han sido sancionados y encarcelados otros representantes de esta asociación en centros alejados de sus unidades de destino, lo que ha supuesto un castigo suplementario para sus familias.

Con todo, el reglamento aporta dos novedades positivas: la tipificación como faltas graves y muy graves del acoso sexual y por razón de sexo que atentan contra la intimidad, la dignidad personal o suponen discriminación en el trabajo y también, por primera vez, las infracciones de las normas humanitarias previstas en el derecho internacional en los conflictos armados, incluido el incumplimiento por parte de los mandos del deber de garantizar la buena conducta de sus subordinados. En ambos casos, la sanción disciplinaria es complementaria del castigo penal por delito militar o civil.