Rebelión ciudadana en la calle contra la exclusión sanitaria que provoca muertes

Imagen de archivo de la concentración que protagonizaron el pasado año diversas organizaciones y colectivos frente al Hospital Gregorio Marañón de Madrid contra la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. / Juan Carlos Hidalgo (Efe).
Imagen de archivo de la concentración que protagonizaron el pasado año diversas organizaciones y colectivos frente al Hospital Gregorio Marañón de Madrid contra la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. / J. C. Hidalgo (Efe).

La plataforma Yo Sí Sanidad Universal ha convocado una concentración de protesta en Callao (Madrid) a las 19:30 de este martes, 10 de septiembre, para protestar contra la exclusión sanitaria de cientos de miles de personas. Al cumplirse un año del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy y su ministra Ana Mato que suprimió la universalidad de la asistencia sanitaria establecida en el artículo 43 de la Constitución, miles de personas que no pueden pagar la cobertura sanitaria pública ni un seguro privado, pero que sostienen el sistema con sus impuestos, se han visto privadas del derecho a la asistencia. Y en este primer aniversario hay que lamentar al menos dos muertes conocidas, las de Alpha Pam y Soledad Torrico como consecuencia inmediata y directa de la negación de asistencia sanitaria.

El primer informe de la plataforma en defensa de la sanidad pública Yo Sí Sanidad Universal, pone de relieve el desorden provocado por el decreto de “sostenibilidad del sistema público sanitario” y la destrucción de la universalidad que lo caracterizaba. Los argumentos econocimicistas se han demostrado falaces. El déficit público, con la operación de rescate a la banca quebrada, ha vuelto a alcanzar el 11% del PIB y la deuda del Estado llegará a final de 2013 al 98%, según el Banco de España y los informes de los organismos internacionales. Pero la “política de austeridad” ha servido de argumento para abandonar la universalidad que caracterizaba a nuestro sistema público de salud en favor de un modelo de aseguramientos.

Publicidad

Este paso cualitativo representa un claro retroceso para la protección de la salud de todas las personas que viven en el Estado español, según denuncia el informe. El decreto inicial dejó, de hecho, fuera del Sistema Nacional de Salud a las personas mayores de 26 años que nunca hubieran cotizado a la Seguridad Social, con independencia de su nacionalidad. Con ello el ahorro iba a ser extraordinario. Pero el estrago era de tal calibre que el Ejecutivo de Rajoy se vio obligado a rectificar con otro decreto. Y ahora, un año después, ha puesto precio a unos convenios que acentúan la exclusión.

La sucesión de decretos y el sinnúmero de instrucciones con las que cada autonomía va aplicando los cambios demuestra la improvisación que ha seguido el Ministerio de Sanidad. “La imposición de un mensaje falaz respecto a quienes aportan al sistema sanitario (en realidad esa aportación la hacen todas las personas que transitan por territorio español, a través de impuestos indirectos como el IVA), la falta de coordinación entre los diferentes estamentos, el incumplimiento de las por sí excluyentes leyes e instrucciones, la creación de tres carteras sanitarias aún por definir con claridad, la fragmentación de la información y la casi inexistente capacitación del personal para afrontar los cambios son otras características de una gestión irresponsable, improvisada y desordenada del departamento que preside Mato”, añade la plataforma en su informe.

Yo Sí Sanidad Universal nació hace un año como plataforma civil de usuarios y trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de lograr, a través de acciones desobedientes y denuncias públicas, la inmediata derogación de la nueva legislación y el restablecimiento del derecho fundamental y universal de protección de la salud, con independencia del lugar de origen o situación administrativa de quien requiera la atención. En este tiempo han creado en toda España “grupos de acompañamiento” de inmigrantes y personas a las que se ha negado la tarjeta sanitaria para que sean atendidas, y han denunciado las muertes y discriminaciones administrativas. Estos grupos de acompañamiento cuentan con asesores y personas formadas y funcionan a pleno rendimiento en varios distritos y pueblos de Madrid, en Valencia, Barcelona, Canarias, Zaragoza, Cantabria y Murcia.

No sólo estamos logrando –explican en su informe-- que miles de personas a quienes se denegaba el derecho a una asistencia sanitaria la puedan recibir, sino que seguimos tejiendo una red desobediente entre pacientes y personal sanitario, acercándonos, reconstruyendo ese vínculo fundamental entre ambas partes que la inmoralidad de un real decreto ley inhumano y excluyente se empeña en cortar”. El informe analiza la situación en cada autonomía y denuncia las arbitrariedades cometidas en su mayor parte por los gobernantes autonómicos de la derecha nacional y nacionalista, por lo demás autora de la  privatización y el copago.