Cientos de personas denuncian los efectos mortales de la reforma Mato

El primer aniversario de la entrada en vigor del real decreto ley por el que el Gobierno de Mariano Rajoy Brey suprimió el derecho a la asistencia sanitaria universal en el Reino de España fue conmemorado ayer con una concentración cívica en la plaza del Callao de Madrid, en la que cientos de personas denunciaron los efectos mortales de la reforma. Megáfono en mano recordaron las muertes del inmigrante senegalés Alpha Pam en Mallorca tras la negación reiterada de la asistencia sanitaria. Tenía 28 años y padecía tuberculosis. También denunciaron la muerte de Soledad Torrico, inmigrante boliviana de 49 años que llevaba cinco en España y se había quedado en paro tres meses antes de su fallecimiento. Tras un periplo por varios centros de atención primaria y por hospitales de Valencia que le negaron el tratamiento y la asistencia, la gripe que padecía acabó con su vida.

En la concentración convocada por la plataforma ciudadana de denuncia y desobediencia civil Yo sí sanidad universal, también fueron evocados los cientos de casos de enfermos crónicos a los que se niega el tratamiento y los miles a los que se ha anulado la tarjeta sanitaria en cumplimiento de la normativa dictada por el Gobierno del PP. “¿Qué se puede esperar de una ministra que se llama Mato?”, se preguntaban en el comunicado leído, micrófono en mano, por un ciudadano. Las pancartas eran explícitas al respecto. Los cientos de casos recogidos por el colectivo cívico en su web revelan el trato que Rajoy y su ministra Ana Mato Adrover están dando a los más desfavorecidos, a los que más lo necesitan.

La serena indignación de los activistas de Yo sí sanidad universal fue canalizada con cánticos y consignas reclamando a coro la derogación de la normativa excluyente de los inmigrantes sin papeles y de aquellos que al perder el empleo y dejar de cotizar a la Seguridad Social se ven privados del derecho a la asistencia si no pagan las elevadas tarifas impuestas por el Gobierno. Según la estimación de varias ONG, Cruz Roja y Amnistía Internacional entre ellas, unas 800.000 personas han sido excluidas del Sistema Nacional de Salud por el Ejecutivo del PP.

Donde la exclusión sanitaria y la arbitrariedad interpretativa y normativa está siendo más lacerante y cruel es en las autonomías gobernadas por el PP y por CiU en Cataluña. Como se sabe, en Euskadi, el Gobierno del exlehendakari Patxi López recurrió al Tribunal Constitucional el cambio de modelo sanitario y se negó a aplicar las restricciones, lo que, entre otras cosas, le supuso la retirada del apoyo del PP, la pérdida de la mayoría y el anticipo electoral que devolvió el gobierno al PNV.

En las autonomías con gobiernos de derechas, especialmente en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, la plataforma cívica ha organizado grupos de personas que acompañan cada día a las consultas en los centros de salud y en los hospitales públicos a quienes carecen de tarjeta sanitaria. Estos “grupos de acompañamiento” se las ingenian para ayudar especialmente a los inmigrantes y cuentan en muchos casos con la complicidad de los facultativos. También aprovechan la interpretación de cada autonomía del decreto ley de exclusión y el desorden normativo generado por la ministra Mato, cuyo cese es inminente, según afirma un alto responsable del PP en materia sanitaria.