La acusación del vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, de que el PSOE no ha votado en el Congreso la Ley de Transparencia porque tiene cosas que ocultar y la invitación a que el Grupo Socialista cambie de criterio cuando llegue al Senado han llevado a la dirección socialista a explicar a los suyos su rechazo y reivindicar la gestión de los gobiernos de Zapatero como ejemplo de transparencia. Tras defender que “vale más transparencia sin ley que ley sin transparencia”, la dirección del PSOE señala en uno de sus habituales argumentarios que “el Gobierno del PSOE, en sus 7 últimos años de gestión, aprobó muchas leyes, algunas de gran calado e incluso pioneras en Europa”.
Como quiera que el vicesecretario del PP Esteban González Pons pide que “después de sus últimos ocho años de gobierno sin presentar un Proyecto de Ley de Transparencia a la Cámara, no cometan el error histórico de oponerse cuando somos nosotros los que presentamos el borrador redactado por ustedes, mejorado y convertido en ley, o quedarán señalados para siempre en el rincón más oscuro del Congreso”, la respuesta del PSOE ha sido inmediata. Tras precisar que Zapatero llevó también a la mesa del Consejo de Ministros una Ley de Transparencia, pero la segunda legislatura acabó antes de que pudiera tramitarse y aprobarse en el Parlamento, los socialistas indican que “lo cierto es que el Gobierno de Zapatero, sin ninguna Ley que le obligase, aprobó muchas e importantes decisiones para hacer de la transparencia una realidad “.
En el recuento se precisa que “sentó el precedente de ser el primer Gobierno en España que, a iniciativa propia, hizo público el patrimonio de todos sus miembros y los publicó en el BOE., a disposición de todos los ciudadanos. También a iniciativa propia aprobó en 2005 el Código de Buen Gobierno que, entre otras cosas, prohibía a cualquier cargo público aceptar regalos, prohibía que los altos cargos pudieran recibir ninguna otra remuneración y dio carácter público al Registro de Actividades de Bienes Patrimoniales de altos cargos.
También dio acceso libre y gratuito a todos los ciudadanos, desde el 1 de enero de 2009, al BOE y a las encuestas del CIS, pudiendo descargárselas, si lo desean, y estableció un calendario fijo para la publicación de los datos de paro: el segundo día hábil de cada mes.
Se añade que también dio acceso público y gratuito a más de un centenar de datos y estadísticas que hasta entonces no se podían ver ni consultar. Entre ellos, lo que recauda el Estado por el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades, las cuentas trimestrales de las administraciones públicas y los informes de la actividad desarrollada por las empresas públicas.
En sexto lugar, se precisa que reformó completamente la estructura de RTVE, haciendo de ella una Radiotelevisión Pública independiente, de calidad y sin anuncios y cuyo director general dejó de ser elegido por el Gobierno para pasar a ser elegido por el Parlamento. Y, finalmente, se señala que con la implantación de la Administración electrónica, hecha en este periodo de gobierno socialista, “no sólo se han agilizado y facilitado las gestiones de los ciudadanos con la Administración, sino también la transparencia”.
Pero la crítica central a la nueva ley no se basa sólo en la reivindicación de Zapatero. El texto señala: “Dice el saber popular que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, ni puede resultar creíble quien dice una cosa pero hace la contraria”.
El PSOE rechaza el texto, dicen, porque no quiere contribuir a la farsa de apoyar una ley cuyos principios "pisotea" el Gobierno negándose a informar al Parlamento y obstaculizando el trabajo de Las Cortes, intentando tapar la trama de corrupción de su partido, ocultando sus decisiones a los ciudadanos hasta que las desvela el BOE y dando a su partido los datos oficiales antes de que sean públicos y estén a disposición de todos. Los socialistas han decidido así “no contribuir con su voto a que este Gobierno degrade la democracia y se burle de los ciudadanos”.
Por su lado, el portavoz socialista en el Congreso, José Enrique Serrano, ha sido contundente al aclarar que fue el Grupo Socialista el que, en el Debate del estado de la Nación de febrero de 2013, propuso la inclusión en la ley de la Casa Real, partidos y sindicatos”. Serrano considera que González Pons “no conseguirá borrar de los medios las ocasiones en las que Alfredo Pérez Rubalcaba, a lo largo de meses, declaró que la voluntad del PSOE era pactar la Ley de Transparencia” y precisó que, si esto no ha sido posible finalmente, se ha debido “a la opacidad, la oscuridad, el silencio y las mentiras del PP sobre el caso Bárcenas”.
En cualquier caso, el argumentario también explica su voto en contra de la ley porque no se le han aceptado ni una sola de sus 20 enmiendas. Unas enmiendas que mantendrán en el Senado y en las que piden que las administraciones hagan públicas sus relaciones de puestos de trabajo y también los contratos de alta dirección que se suscriben en el sector público y que estén obligadas no solo a hacer público su patrimonio inmobiliario, sino también las acciones o participaciones de capital que tengan en sociedades mercantiles.
El PP también rechaza la propuesta de que sea obligatorio publicitar todos los elementos relacionados con las campañas institucionales de publicidad y que las entidades que prestan servicios públicos y muy especialmente en el ámbito de la educación y de la sanidad estén obligadas a explicar públicamente como lo hacen y en qué condiciones. Y, sin que el PP acceda a ello, el PSOE reclama que las nuevas normas de buen gobierno no afecten a la estabilidad de los Ayuntamientos y que no baste la mayoría absoluta para poder elegir al presidente del futuro Consejo de Transparencia y buen gobierno, sino que se precise una mayoría más amplia que garantice la pluralidad en su elección.
En conclusión, los socialistas señalan que su voto favorable es imposible porque, tanto con su comportamiento de total falta de transparencia como con el insuficiente contenido de la ley para garantizar una mejora real de la transparencia, el Gobierno lo ha impedido y lo sigue impidiendo.
De un tiempo a esta parte, los atláteres del Rajoy resultan cada día más geniales a la hora de inventar artimañas y subterfugios para poder mantener a flote a su jefe.
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Viéndole rodeado de corrupción por todas las partes, no saben qué inventar para ocultar tal situación.
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Se diría que la primera y principal tarea cotidiana de los Ministros del Gobierno y de los líderes del partido consiste en exprimirse el magín en busca de parida que puedan continuar regateando al común de la ciudadanía.
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En efecto, ¿qué otra cosa puede ser la reciente Ley de Transparencia? ¿Acaso no resulta obsceno, tremendamente obsceno, poner en marcha una Ley de Trasparencia, mientras se recurre a las artimañas y recursos más vulpinos, viles e inmorales para intentar desvirtuar (COMO SEA) el caso Bárcenas o, mejor dicho, el caso Rajoy
Que cada día está más claro que el caso Bárcenas no es más que un apéndice del caso Rajoy.
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En este sencido, ¿acaso puede creerse alguien que mientras el Bárcenas pillaba 48, el Rajoy permanecía inactivo? Siendo Rajoy el jefe, ¿cómo podría permanecer ajeno a los tejemanejes, saqueos y tropelías de uno de sus principales subordinados? .
Por otro lado, ¿acaso no le defendió cuanto pudo, y de la mejor manera que pudo?
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En esta situación, lo primero es lo primero. Y lo primero es borrón y cuenta nueva. O sea, dimisión y elecciones.
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Porque, seamos serios, ¿en qué Estado europeo se podría mantener en el Gobierno un presidente tan contaminado por la corrupción como el Rajoy?
Una vez que las cosas han llegado hasta donde han llegado, ¿qué otra salida menos indigna le queda al Rajoy y a la ejecutiva del PP que la dimisión?
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El caso Rajoy es, sin duda, uno de los más graves de nuestra democracia, más que el de Roldán, más que el de los ERES andaluces, e inluso me atrevería a insinuar que tanto o más que la intentona del Tejero; pues se trata de jefe de Gobierno sumergido de lleno por la corrupción….
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En este contexto, lo que maravilla es no haya exsitido una mínima rebelión en el seno PP y que ni un solo Ministro haya sacado a relucir una miaja de pudor para desmarcarse de un Presidente de Gobierno que se encuentra en la situación en que el Rajpy3 se encuentra.
perdón: Adláteres