Disparados todos los misiles

“Si vas a una guerra nuclear, no dejes misiles en tu depósito”. Esta frase que escuché una vez a un abogado sobre el modo de comportarse en una pelea canalla, refleja bien a las claras la forma de actuar del Partido Popular para acceder al poder y que tan buenos resultados le ha dado.

El famoso pacto de no utilizar la lucha antiterrorista en la contienda partidaria saltó por los aires inmediatamente después de que el PP perdiera las elecciones de 2004 y de que tratase de implicar a ETA en los atentados del 11-M.

Con inverecunda contumacia, los principales dirigentes populares, con el apoyo inestimable de su armada mediática, trataron de achacar a los terroristas de casa, lo que no había sido más que la consecuencia de la decisión de Aznar de intervenir en la guerra de Irak.

Dos años después, sin que el PP hubiera asumido todavía su derrota en las urnas, todos los partidos proclamaban su implicación en la lucha contra la lacra del terrorismo y se suponía que en esa contienda se seguía la máxima de San Agustín de Hipona: “En lo fundamental, unidad; en lo dudoso, libertad. En todo, caridad”,

Sin embargo, en cuanto el gobierno de Zapatero trató de llegar a un final negociado de la violencia, el PP rompió la baraja y se dedicó a poner todos los palos posibles en las ruedas de la negociación, no fuera a ser que los socialistas se acabaran apuntando el tanto del fin de ETA.

El PP decidió no dejar un solo misil en sus silos, utilizando a las asociaciones de víctimas, que se manifestaban día sí, día también, contra la negociación con ETA.

Y en pleno proceso negociador se produjo el llamado caso Faisán, un chivatazo al aparato de extorsión de ETA que tenía como finalidad evitar la ruptura de las negociaciones por parte de la banda terrorista. El 4 de abril de 2006, cuando estaba en marcha una redada de la Audiencia Nacional para detener a los supuestos cobradores del denominado impuesto revolucionario, un policía entregó un móvil al propietario del bar, Joseba Elosua —presunto intermediario de ETA en el cobro de las comisiones—, en el que le anunciaban que le estaban siguiendo y que podía ser detenido.

No hay grabación de esa conversación aunque se sabe de su existencia por cómo Elosua se lo contó a su cuñado. Aunque hay filmaciones de la puerta del bar a la hora del chivatazo, no hay ninguna donde se vea ni siquiera entrar en el establecimiento a ningún policía.

La operación se retrasó por el soplo, aunque todos los supuestos etarras fueron detenidos mes y medio después.

A partir de ahí, el juez Grande-Marlaska abrió una investigación sobre el chivatazo. Resultaron imputados el inspector José María Ballesteros, el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el entonces director general de la policía, Víctor García Hidalgo. Todo basado en el cruce de llamadas de ese día. No obstante, otros mandos policiales, como el comisario José Cabanillas, que era el jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), indicaron que el chivato podría ser el encargado de la investigación que habría propuesto destruir la prueba principal, la grabación de Elosua con su cuñado.

Y el PP decidió convertir el asunto en acoso y derribo contra el Gobierno, y especialmente Rubalcaba, que era el ministro del Interior y uno de los hombres fuertes del Ejecutivo en aquellas fechas.

El caso no debería haber seguido en la Audiencia Nacional, porque incluso aceptando que los autores hubieran sido los señalados (extremo que todavía no ha sido probado), era evidente que no trataban de ayudar a ETA a seguir cobrando el impuesto revolucionario, sino todo lo contrario, trabajaban para adelantar el fin de la banda terrorista. El único delito posible era el de revelación de secretos, pero ese delito no es competencia de la Audiencia Nacional y, por tanto, la investigación debería haber correspondido a un juzgado del lugar donde habían ocurrido los hechos, o sea, Irún (Guipúzcoa).

Tras varias vicisitudes, en las que la Audiencia revocó el procesamiento de los policías y el juez Ruz procesó de nuevo a dos de ellos, el fiscal del Estado, Eduardo Torres Dulce, elegido por el PP para el cargo, exigió al fiscal del caso que acusara a los dos agentes por delito de colaboración con banda terrorista, aunque sea evidente que no hay tal delito.

Debe ser muy desmoralizador que seas policía antiterrorista en el País Vasco, y que el tipo al que la Constitución encarga la defensa de la legalidad, ordene que te acusen de un delito que él sabe que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tú no has podido cometer. Y que por ello te puedan condenar a cinco años de cárcel es toda una injusticia, que nace de quien debería hacer que las cosas fueran justas.

Tanto es así, que el fiscal del Estado tuvo que dar la orden por escrito al fiscal encargado del caso, que solo apreciaba delito de revelación de secretos (dos años de prisión). En el juicio el fiscal se ha visto obligado formalmente a mantener la acusación por colaboración con ETA y la petición de cinco años de cárcel, de acuerdo con los principios de unidad de acción y de dependencia jerárquica. Pero como no está de acuerdo, expuso toda la jurisprudencia del Supremo en la que fueron absueltos de ese delito empresarios que pagaron el impuesto revolucionario e incluso familiares de etarras que ayudaron a sus parientes. Llegó a decir que esa doctrina se incorporó a una circular de la propia Fiscalía del Estado en 2012.

Todo esto sucede más de siete años después de que ocurrieran los hechos, y cuando todavía no se ha juzgado a Elosua y a los supuestos integrantes del aparato de extorsión etarra. Sería una risa que condenaran a los dos policías por colaboración con banda terrorista y luego resultara que los supuestos etarras fueran absueltos.

En todo caso, el caso Faisán, que fue el boom del azote al Gobierno mientras Rubalcaba tuvo aspiraciones a presidirlo, ya no le interesa a nadie, salvo a los dos policías procesados, verdaderos daños colaterales de los misiles dirigidos a sus entonces jefes. No es bueno que los delitos queden impunes, pero este asunto es una verdadera basura política y no solo desde las instancias políticas, sino también las de la propia justicia contaminada de política.

“Cuando en lo que solo debería ser justicia se introduce la política, el resultado no solo suele ser esperpéntico, sino fundamentalmente injusto”.

He buscado esta frase por si la hubiera pronunciado Oscar Wilde, Mark Twain o Stefan Zweig, los reyes de las frases redondas, pero no. Pensé que, como dice Talese, que todo está ya inventado, quizá la hubieran escrito los clásicos, griegos o romanos: Platón, Aristóteles, Séneca, Cicerón, Catón o Tito Livio, o incluso algún chino magistral, como Confucio o Lao Tse. Al comprobar que nada de nada, rebusqué en el Siglo de Oro: Quevedo, Cervantes, Lope…  Quevedo, por ejemplo, tiene esa de “El ánimo que piensa en lo que puede temer, empieza a temer en lo que puede pensar”, muy ilustrativa, pero no tan precisa.

Ni siquiera mi polaco de cabecera, el siempre ácido, Stanislaw Jerzy Lec (“No os dejéis imponer la libertad de expresión antes que la libertad de pensamiento”) tiene algo parecido.

Así que la frase debe de ser mía. Con el poco glamour que eso tiene.

Lo que sí constato es que en este perverso caso del Faisán se han disparado todos los misiles.