La Moncloa oculta al Parlamento si el rey pagó impuestos por sus cuentas en Suiza

Coincidiendo con la nueva afección de cadera del rey, de la que será operado en las próximas horas en la clínica privada Quirón de Madrid --la misma en la que se infestó--, las Cortes Generales han publicado en su boletín oficial las respuestas del Gobierno a las preguntas que formularon varias señorías la primavera pasada sobre las cuentas de Juan Carlos en el extranjero, si pagó impuestos como un ciudadano más y, entre otras materias, si su amiga personal, la alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, utilizó una casa del Patrimonio Nacional en la zona protegida de las cercanías del palacio de La Zarzuela.

Aunque algunas preguntas fueron pulidas o censuradas por la Mesa del Congreso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha esmerado en ocultar incluso la fortuna que el rey heredó de su padre, Juan de Borbón, cuantificada en 1.100 millones de las antiguas pesetas, de los que 728,75 correspondían a cuentas en Suiza. Con la revalorización estimada, según el IPC, equivaldrían a 7,85 millones de euros en la actualidad. De la distribución entre el rey y sus hermanas, las infantas Margarita y Pilar, Juan Carlos recibió en octubre de 1993 una cantidad de 229 millones de pesetas que fueron anotados en francos suizos (2,5 millones) y quedaron bajo su control.

Pero la pregunta de si pagó impuestos, formulada por el diputado de Izquierda Plural, Chesús Yuste Cabello, fue rechazada. Y la formulación: “¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar que el Jefe del Estado tribute a la Hacienda española por todos sus bienes, incluidos los que se encuentren en entidades financieras en el extranjero?”, ha recibido la respuesta de que “todos los españoles somos iguales ante la ley”, y las normas tributarias “obligan a todos los ciudadanos según el artículo 13 de la Constitución”. Pedro Saura, del PSOE, también preguntó por el tratamiento fiscal de ese dinero en el exterior y la respuesta ha sido que “la información está protegida por el artículo 93 de la ley tributaria”.

Lo único cierto es que Juan de Borbón no quería que se conocieran sus cuentas en Suiza para no comprometer su honorabilidad ni mucho menos la del rey designado por el dictador y consagrado como jefe de Estado por la Constitución de 1978. Y así, 35 años después, el Gobierno mantiene el blindaje que impide al Parlamento conocer los datos fiscales de las cuentas que mantuviere el jefe del Estado en el exterior.

La opacidad se extiende a las actividades de la princesa Corinna, una mujer de 47 años, divorciada en dos ocasiones (la última en 2005), que pertenecía al círculo de amistades del monarca y realizaba negocios y servicios inconfesables en beneficio de España. Algunos medios le atribuyeron la organización del safari a Botswana en mayo de 2012, en el que el rey se partió la cadera. El viaje de asueto se produjo tras una visita de negocios a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes. La información de que la amiga alemana del rey ocupaba durante sus estancias en Madrid una casa del Patrimonio Nacional en la zona de máxima protección de la Zarzuela, llevó a la dirigente de UPyD Rosa Díez a preguntar al Gobierno al respecto.

Y la respuesta publicada ahora es meramente geográfica: “El Monte del Pardo, de 15.3821 hectáreas de extensión, se encuentra tradicionalmente dividido en cuarteles o áreas, de superficie variable, normalmente agrupados en torno a una vivienda donde residen o residían los guardas responsables de su vigilancia. Existen un total de 32 casas forestales en la actualidad. Uno de esos cuarteles se denomina La Angorrilla. En dicho cuartel, se encuentran dos edificaciones. Patrimonio Nacional se encarga de la conservación, mantenimiento y seguridad de todos los bienes integrantes del mismo”.

Fuentes de la Guardia Real aseguraron a cuartopoder que las restricciones de seguridad para acceder a La Angorilla eran máximas, sobre todo cuando el rey recibía allí las visitas de sus “amigos de cacería”. Sobre las gestiones oficiales y relaciones de alto nivel que supuestamente realizaba la princesa Corinna –tras su divorcio del aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn mantuvo el apellido y el título honorario de Su Alteza Serenísima--, el ministro de Exteriores José Manuel García Margallo, ha contestado al diputado de IU Gaspar Llamazares que su departamento “no ha mantenido ninguna reunión de carácter oficial, ni ha intercambiado información de carácter oficial con la persona referida en la pregunta. De la misma manera, no se ha realizado, por parte de este Gobierno, ningún tipo de encargo a la persona mencionada”.

Tampoco el Ejecutivo ha querido responder sobre las supuestas gestiones atribuidas a Corinna para enviar al yerno real, Iñaki Urdangarín, a trabajar al emirato de Qatar y sacarlo del ojo del huracán judicial por corrupción en Baleares y la Comunidad Valenciana y depósitos en Suiza. No obstante, a una cuestión formulada por el dirigente de IU, Cayo Lara, el Ejecutivo ha tenido que reconocer que “España no posee tratado de extradición con Qatar porque no lo considera prioritario, aunque no tendría inconveniente en negociarlo”.

Mientras, la decisión del monarca de operarse en una clínica privada llevó a Lara a criticar que se haya colocado “en la parte de los privatizadores y los que quieren convertir la sanidad pública en negocio” y consideró que “lo razonable sería que el rey diera ejemplo” y, puesto que vive del dinero público, se operase en un hospital público. Calificó de “radicalmente absurdo” el argumento de que paralizaría el centro sanitario porque “solo utilizaría un quirófano”. En el mismo sentido, aunque con menos carga crítica se pronunció Alfredo Pérez Rubalcaba: “Me habría gustado más que hubiese elegido un hospital público”, dijo. El PSOE anunció ayer que propondrá un estatuto sobre las funciones de la Corona.