La ONU exige a España que investigue los crímenes franquistas y anule la amnistía

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha constatado que las víctimas del franquismo desde la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y la Guerra Civil “siguen indefensas” y ha exigido al Estado español que “asuma su responsabilidad ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas en este periodo” y que “impulse una política coherente y permanente de apoyo a las víctimas y sus familiares”. Los delegados de Naciones Unidas reclaman al Estado español que deje sin efecto la ley de amnistía lo mismo que han hecho otros países. También pide a los legisladores que incluyan el delito de desaparición forzada en la nueva reforma del Código Penal.

Después de escuchar durante una semana en Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria a distintas autoridades gubernamentales y judiciales y a los familiares de las víctimas del franquismo –incluidas las asociaciones de madres y padres de niños robados--, la delegación de expertos de la ONU, integrada por Jasminka Dzumhur, Ariel Dulitzky, Ugo Cedrangolo y Yiayao Zhangel, culminó ayer su trabajo en Madrid con la publicación de un informe preliminar y una reunión con los representantes de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Interior del Congreso. En ella, según explicó el portavoz de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, instaron a los legisladores a tipificar el delito de desaparición forzosa en la reforma del Código Penal que promueve el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

El encuentro, que también sirvió para contrastar la cifra de 114.000 desaparecidos, según el informe que les entregó la Audiencia Nacional, permitió a los expertos de la ONU exponer los obstáculos y problemas de la legislación española que, a partir de la Ley de Amnistía de 1977, han impedido la investigación de las desapariciones forzadas durante la guerra y la dictadura. La ley de la Memoria Histórica de 2007 soslayó el deber del Estado de identificar a los enterrados en campos, cunetas y cementerios, y de aclarar judicialmente los crímenes. Una cuestión importante en relación con los niños robados es que la ley de transparencia que está tramitano el Parlamento debe establecer el acceso de los ciudadanos a los archivos eclesiásticos para buscar los datos de sus hijos.

Según las conclusiones y recomendaciones de los consultores, de las que se ha hecho eco Amnistía Internacional, el Estado español debe asumir su responsabilidad de aclarar las desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, para lo cual instan a sus representantes, como ya han hecho otros organismos internacionales, a “privar de todo efecto leyes como la de amnistía de 1977 que favorecen la impunidad e impiden investigaciones sobre desapariciones forzadas”. Los inspectores constatan que “las víctimas de desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo están indefensas”, y lamentan la “situación de impunidad” al no existir ni un solo recurso judicial efectivo en España.

Los enviados de la ONU también han pedido al Estado español que ratifique la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas, las tipifiquen como delito en la reforma del Código Penal y, por otra parte, eliminen de la ley de enjuiciamiento criminal el periodo extraordinario de incomunicación de los detenidos por terrorismo, que se puede prolongar hasta 13 días.

Amnistía Internacional y al menos los diputados de IU Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares, que participaron en la reunión con los enviados de la ONU, respaldaron estas críticas y recomendaciones. Sobre la ley de memoria histórica que impulsó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en su segunda legislatura y el nuevo Gobierno del PP se apresuró a laminar presupuestariamente con la excusa de la crisis económica, los comisionados constatan su “alcance limitado” y señalan que “los tímidos avances realizados hasta ahora para buscar la verdad, la justicia y la reparación han sido impulsados por los familiares. El Estado, lejos de apoyarles, les ha puesto numerosos obstáculos”. Aparte de la denuncia de la impunidad y el varapalo a los tres poderes del Estado, las exigencias de la ONU no pasan de la esfera de las constataciones y recomendaciones a los poderes públicos.