El Código Penal de Gallardón complicará el socorro de los pesqueros a los inmigrantes

La tragedia de Lampedusa (Italia), con más de trescientos inmigrantes ahogados cuando intentaban alcanzar la costa europea en  una barcaza que partió desde Libia y acabó en el fondo del mar, llevó al presidente de la República, Giorgio Napolitano, a pedir “una reflexión sobre esta vergüenza”. Napolitano no concretó, pero sin duda se refería a una vergüenza para el conjunto de la Unión Europea, para la propia Italia y, más directamente, para los patrones de los tres barcos pesqueros que, según los testimonios de algunos supervivientes, navegaban cerca de la barcaza, vieron el fuego que los inmigrantes habían hecho para pedir ayuda y no les socorrieron ni cuando la embarcación se incendió y zozobró, y los náufragos gritaban socorro.

De inmediato, el presidente del Senado, Pietro Grasso, abogó por suavizar la llamada ley Bossi-Fini, que castiga a los que socorran a inmigrantes indocumentados. Se especula con que el temor a las sanciones pudo retraer a los pescadores de ayudar a la pobre gente, lo que habría mitigado la tragedia. La norma castiga con extraordinaria dureza a los que ayuden o faciliten la entrada de inmigrantes sin papeles. Eso es claro.

Siguiendo la invitación del presidente italiano vale preguntarse qué habría ocurrido si la tragedia hubiese ocurrido ante las costas españolas. Se dirá que el derecho humanitario prevalece sobre el penal, que el derecho a la vida es el primero y esencial. ¿Y si un barco pesquero español evita la tragedia y salva la vida de un grupo de inmigrantes perdidos a bordo de una patera? Entonces puede ocurrir que se aplique el Código Penal al patrón por trasladar inmigrantes.

Según la reforma del Código Penal que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene en cartera quienes faciliten la entrada, acojan, ayuden o alojen a inmigrantes indocumentados incurrirán en delito punible y podrán ser castigados con dos años de cárcel. Algunos colectivos de ayuda a los inmigrantes se movilizaron en abril pasado y han recogido más de 100.000 firmas con la campaña “salvemos la hospitalidad”.

El diputado de Izquierda Plural Chesús Yuste Cabello preguntó por escrito al ministro y este le contestó que “de ningún modo la prestación de ayuda solidaria a extranjeros en situación irregular será castigada como delito”, pero que no tiene más remedio que cumplir la decisión marco 2002/946/JAI, destinada a reforzar la represión de la ayuda a la entrada, circulación y estancia irregulares, y la Directiva 2002/90/CE, destinada a definir la ayuda a la entrada, la circulación y la estancia irregulares. La conclusión es que, en efecto, se penaliza el socorro mientras la UE reflexiona.