LUIS DÍEZ | Publicado: - Actualizado: 11/1/2017 09:49

Cristóbal Montoro, a la derecha, conversa con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ante el presidente del Congreso, Jesús Posada, a las puertas de la Cámara Baja, donde ayer  se  debatieron las enmiendas a la totalidad del proyecto de racionalización y sostenibilidad de la administración local.   / Kiko Huesca (Efe)
Cristóbal Montoro, a la derecha, conversa con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ante el presidente del Congreso, Jesús Posada, a las puertas de la Cámara Baja, donde ayer se debatieron las enmiendas a la totalidad del proyecto de racionalización y sostenibilidad de la administración local. / Kiko Huesca (Efe)

Cuando Cristobal Montoro, “ministro de todo”, según Rosa Díez, subió a la tribuna del Congreso para presentar su proyecto de ley de reforma local, el diputado socialista andaluz Javier Barrero se acercó al cronista para cerciorarse de que, en efecto, había comenzado el debate de la “privatización de los Ayuntamientos”. La jefa de prensa de Montoro oyó las críticas a su señorito y salió huyendo. Eran las 14:20 de la tarde y el ministro de Hacienda y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acababan de comprometerse con el portavoz del PNV, Aitor Esteban y su experto económico, Pedro Azpiazu, a no atropellar el municipalismo en Euskadi y Navarra y a respetar a las “entidades menores” o pedanías, que en Álava tienen gran importancia.

El compromiso facilitó la retirada de la enmienda de totalidad del PNV y evitó que el PP se quedara solo otra vez en el Parlamento, como ocurrió la semana pasada con la ley Wert contra la enseñanza pública y la ley Cañete contra el medio ambiente. Eso no quita para que el texto gubernamental de reforma de los Ayuntamientos recibiera las críticas de todos los grupos de la oposición, con excepción del diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, y que se registraran ocho enmiendas de rechazo o devolución. Puesto que el PP tiene mayoría absoluta, no prosperó ninguna. Pero llama la atención que ni siquiera todos los diputados del PP acudieran a votar. Las enmiendas de totalidad fueron rechazadas por 177  frente a 134 votos y una abstención.

Para dar tiempo a Montoro y Santamaría a negociar con CiU, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alargó cuanto pudo la réplica en defensa de su ley de seguridad privada. Pero Josep Antoni Durán i Lleida no consiguió las garantías de respeto competencial que exigía y mantuvo la enmienda de su grupo. Como es sabido, CiU y también el PNV se sumaron a la protesta de los alcaldes contra la nueva ley que arrebata las competencias sobre servicios públicos, sociales y asistenciales básicos a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, disuelve de un plumazo las entidades locales menores, convierte en papel mojado la participación ciudadana y aleja de la gente los centros de poder y la toma de decisiones sobre los temas que nos afectan directamente.

Por fin, a la hora de comer, empezó el debate. Los alcaldes se habían retratado con los jefes de filas de sus partidos (Ana Botella, Rita Barbera y otros del PP posaron con Montoro y Javier Arenas en una sala, y los socialistas y los de IU, en la calle, delante del  andamiaje del palacio de la democracia) y ahora ocupaban la tribuna de invitados. Por IU estaba el vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, quien comentó: “Vengo con la esperanza de que el Gobierno tenga los oídos abiertos y sepa escuchar”, y señaló que los servicios jurídicos de la Junta han identificado “hasta 15 artículos inconstitucionales o de dudosa constitucionalidad”. Valderas me estaba diciendo que “es una reforma sin corazón o con corazón de Troika”, cuando se acercó el presidente del Congreso, Jesús Posada, y le saludó con el afecto de los viejos tiempos, cuando Valderas era alcalde con mayoría absoluta de Bollullos del Condado y Posada ejercía de gobernador civil de Huelva.

Montoro empezó poniéndose la venda ante los recursos de inconstitucionalidad: “La Constitución no contiene una relación explícita de competencias municipales”. Luego dijo que si Mariano Rajoy declaró la guerra a las duplicidades, él no hacía más que cumplir lo anunciado, y enmarcó la reforma en “la ordenación de los mercados y los servicios”, algo que, en su opinión, está muy desordenado. Pero fueron sus argumentos económicos los que mejor situaron al auditorio ante una realidad económicamente muy interesante para hacer negocios con los servicios públicos, pues “la administración local es la única que tiene superávit, el ejercicio pasado fue del 0,22% y este será del 0,19%, y eso, frente a un déficit del 6,7% del conjunto de las administraciones refleja una excelente gestión política”, señaló.

Precisamente para hacer negocio a costa de los servicios públicos arbitra una nueva herramienta legal que permitirá vaciar de competencias a los consistorios de las localidades con menos de 20.000 habitantes, que son 87% de los 8.117 municipios, y facilitará la privatización desde las Diputaciones –la mayoría en manos del PP– de los servicios esenciales que ahora prestan los Ayuntamientos directamente o a través de sus empresas. En esta descripción del objetivo y el daño de la reforma coincidieron todos los portavoces, menos el del PP, Juan José Matarí, quien aseguró que “es falso que los servicios sociales vayan a desaparecer”. Puede que no desaparezcan, pero “serán más caros y peores”, explicó el alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero. El propio presiente de la mencionada Federación de Municipios y Provincias y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, del PP, admitió que la reforma “será muy difícil de aplicar”. El exalcalde de Donotia, Odón Elorza, comentó en los pasillos: “vacían los ayuntamientos y los convierten en simples sucursales de las diputaciones”.

Para la portavoz de Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, la nueva ley viene a restaurar los cacicatos.  Estamos ante una “contrarreforma” que nos arroja, dijo, al siglo XIX y con la que el Gobierno sólo pretende “la vuelta al caciquismo y al elitismo”, lo que tendrá “efectos letales para la ciudadanía”. El socialista Gaspar Zarrías anunció la intención del PSOE de llevarla al Tribunal Constitucional y de derogarla cuando el PP pierda la mayoría absoluta. “Estamos ante un ataque demoledor y destructivo de la institución local”, dijo antes de tildar a Montoro de “señor mentira” que pretende erigirse en “alcalde mayor del reino”. “No se si pasará a la historia –añadió–; por ganar un Goya, seguro que no, pero si esta ley se aprueba, lo hará por haber sido el ministro que destruyó el mundo local y con él, buena parte de la cohesión territorial que hemos conseguido entre todos”.

Lo cierto es que “el corazón de Troika” al que se refería Valderas quedó reflejado en la afirmación del ministro sobre la retirada del “coste estándar” de los servicios por recomendación del Consejo de Estado, “aunque era una medida bien valorada y recibida por quienes nos supervisan desde otros ámbitos, incluida la Unión Europea”. La previsión que el Gobierno remitió a Bruselas el 1 de octubre fue conocida ayer y recorta más de 8.000 millones de euros a las administración local y otros tantos a las autonomías. No explica los nuevos recortes, aunque por la “supresión de servicios” municipales, elimina 3.422 millones el próximo año y el siguiente. De ahí el interés del Gobierno en que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2014. Con la supresión de empresas municipales se recortan 1.397 millones; con la “gestión integrada” de servicios se ahorran 1.037 millones y con la supresión de competencias de ayuda a los ancianos, discapacitados, atención sanitaria, servicios escolares y otras, se economizan 473 millones. Esas son las cuentas de Montoro.

Sobre la destrucción de empleo (primera preocupación del Gobierno), el informe de Montoro aparece ayuno de datos, aunque los 2000 alcaldes que se conjuraron el domingo contra una reforma que además suprime 3.200 pedanías y juntas locales de otros tantos pueblos pequeños y elimina el control directo de los bienes comunales, estiman que desaparecerán 100.000 puestos de trabajo.

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