El PSOE se acerca a CiU y PNV en defensa de la acción exterior de las CCAA
El PSOE ha abierto una vía de entendimiento con los nacionalistas catalanes y vascos frente al intento de laminar la acción exterior de las Comunidades Autónomas (CCAA) y de controlar desde el Gobierno sus actividades económicas, comerciales, culturales, de cooperación, así como la suscripción de acuerdos y convenios con las entidades y administraciones de otros países. En las 72 enmiendas que los socialistas acaban de presentar al proyecto de ley de acción exterior, patrocinado por el ministro José Manuel García Margallo, reclaman respeto y lealtad institucional con las Autonomías que, en su conjunto disponen de unas 300 oficinas económicas, comerciales y de representación en distintos países del mundo.
Frente al afán regulador del texto gubernamental, los socialistas pretenden que la ley no afecte a la acción de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la Unión Europea. Y eso por la sencilla razón de que las relaciones en el seno de la UE no son internacionales en sentido estricto y el Gobierno no puede esgrimir su función de coordinación del mismo modo que en las relaciones extracomunitarias. En este punto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha ignorado la sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de abril de 2012 que reconoce el derecho de las Autonomías a establecer y mantener relaciones con las instituciones de la UE en el ámbito de sus competencias exclusivas.
Los socialistas también reclaman la supresión de la “condicionalidad” de la apertura de oficinas en el exterior por parte de las Comunidades Autónomas a los informes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que es titular Critóbal Montoro. Y consideran “especialmente inadecuado y conflictivo” el precepto gubernamental que obliga a los presidentes y miembros de los gobiernos autonómicos a informar a Exteriores de los “viajes, visitas, intercambios y acuerdos”. En buena lógica, la unidad de objetivos en la acción exterior no pasa por la imposición legislativa sino, según el ponente socialista, Álex Sáez, por establecer los mecanismos adecuados de relación y respeto a las competencias exclusivas de las Autonomías.
En este sentido, el PSOE propone la creación de la Conferencia de Acción Exterior y establece que las Comunidades Autónomas participen en el Consejo de Política Exterior. Además exige que el Gobierno someta a debate y votación en el Congreso su estrategia de política exterior –Margallo la ha limitado a la Marca España y los controles en la verja de Gibraltar--, que será evaluada anualmente. Por otra parte, los embajadores nombrados deben comparecer ante la Comisión de Exteriores del Congreso y presentar sus líneas de actuación.
El afán regulador ha llevado a Margallo a articular “fragmentariamente” el papel del Rey, sin ninguna novedad respecto a lo previsto en la Constitución. Pero también a dedicar distintos artículos a los órganos constitucionales –Congreso, Senado, Poder Judicial-- y al Ejército y las fuerzas de seguridad como “sujetos de acción exterior”. Según Sáez, no hace falta complicarse tanto la vida; basta con decir que el Rey, el Gobierno, las Cortes Generales, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Consejo del Poder Judicial ejercen las funciones en materia de acción exterior que les atribuyen la Constitución, las leyes y los reglamentos.
En cambio, el texto gubernamental sigue ignorando las demandas tradicionales de mejora de las condiciones laborales de los funcionarios y del personal laboral del servicio exterior. Y tampoco contempla la situación de los nuevos emigrantes, algo que las enmiendas socialistas tratan de subsanar. En sus enmiendas, el PSOE recoge la petición de Amnistía Internacional y otras organizaciones de colocar los derechos humanos en el centro de la política exterior y de la cooperación, destaca Sáez.
