"Su misión, si decide aceptarla…"

“Su misión, Jim, si usted decide aceptarla, será… Como ya sabe, si usted o algún miembro de su equipo es capturado o muerto, la Secretaría negará tener conocimiento de sus acciones. Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos”. Todos los niños y también los mayores oyeron estas frases que indefectiblemente se repetían en cada uno de los 168 capítulos de Misión Imposible, la serie de espionaje emitida entre 1967 y 1973, cuando solo había una televisión en España, y que protagonizaba el inolvidable Peter Graves en el papel del agente supersecreto James Phelps.

Por si alguien dice que eso solo lo vieron los que ya somos viejos, les recordaré que Tom Cruise compró los derechos de la serie y de la música y que ya ha rodado cuatro o cinco películas, en las que también se repiten las citadas frases como un mantra.

Con ello quiero decir que todos los países tienen servicios de espionaje que se dedican a hacer actividades alegales, paralegales o directamente ilegales y que, aunque siempre se dice que el país al que pertenece les deja en la estacada, cuando les atrapa el enemigo, de hecho nunca suele ser así.

Todo ello viene a cuento de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Faisán, en la que el tribunal ha absuelto a los policías Enrique Pamies y José María Ballesteros del delito de colaboración con banda terrorista –exigido nada menos que por el nada político fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce- pero los ha condenado por delito de revelación de secretos a un año y medio de cárcel (por lo que no ingresarían en prisión) y a una pena de inhabilitación que supone la pérdida de su condición de policías.

Resulta que la sentencia reconoce que el chivatazo se produjo para no perjudicar las conversaciones en las que se trataba de conseguir el cese de la violencia terrorista de ETA y para las que el presidente del Gobierno de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero había obtenido la autorización del Congreso el 17 de mayo de 2005, es decir, un año antes del chivatazo. Por ello, no hay colaboración con banda terrorista, porque el fin último de la acción era acabar con la banda, no ayudarla.

Sin embargo, el tribunal estima que los hechos constituyeron un delito de revelación de información secreta que causó un grave daño a la causa pública.

No deja de ser llamativo que una acción destinada a acabar con la violencia terrorista cause un grave daño a la causa pública, cuando debería ser lo contrario. Y también es relevante que para los jueces nadie de sus superiores ordenara o insinuara a Pamies, jefe superior de policía del País Vasco, la conveniencia de la acción, sino que se da por supuesto que fue iniciativa suya.

Pero cabe preguntarse ¿por qué hemos llegado a este punto?

Y la respuesta no puede ser otra que por la necesidad de obtención de réditos políticos de la lucha antiterrorista. El PP perdió las elecciones de 2004 entre otras razones por la decisión de Aznar de participar en la guerra de Irak, junto a Bush y Blair, cuando no había armas de destrucción masiva ni razones que justificasen la intervención militar, lo que derivó en los atentados del 11-M.

Y desde entonces los populares han utilizado la lucha antiterrorista como arma política para intentar recuperar el poder, apoyando manifestaciones y tratando de evitar que el PSOE se pudiera apuntar como un éxito propio el fin de ETA.

Con el lema “el que no está conmigo está contra mí” ha provocado una división entre los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y la judicatura, que ha generado luchas intestinas de resultados lamentables.

Porque, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el ministro o el secretario de Estado de turno hubieran ordenado al jefe del operativo contra el aparato de extorsión de ETA que aplazara la operación dos semanas para no perjudicar el proceso de paz? Aparentemente poca cosa, puesto que todos los que iban a ser detenidos el día del chivatazo, lo fueron un par de semanas después. Pero, seguramente, el ministro habría tenido que aguantar una campaña político mediática de que no estaba poniendo todo de su parte para luchar contra la banda terrorista.  Parece que España, al menos en esto, sigue siendo different.

Repudio con pasión el terrorismo de Estado, pero esto no lo era.

Y sin embargo, ¿recuerdan a Margaret Tatcher cuando asumió que había ordenado asesinar a tres miembros del IRA en Gibraltar? ¿o al premio Nobel de la Paz Barack Obama, feliz por haber ordenado asaltar y asesinar en un país extranjero a Osama Bin Laden, secuestrar a Al Libi o eliminar con bombardeos de aviones no tripulados a enemigos de Estados Unidos? ¿o al Gobierno alemán cuando misteriosamente los miembros de la Baader-Meinhoff decidieron “suicidarse” en prisión? Y tantos otros ejemplos.

Tanto el Gobierno como la oposición de esos países respaldaron esas acciones que yo deploro y me producen vergüenza ajena. Eso sí, envidio que los políticos de esos países dejen a un lado sus rencillas partidistas por un superior interés común.

Ahora, tras esta sentencia, y cuando el Consejo General del Poder Judicial ha informado a favor de eliminar la eximente de obediencia debida del Código Penal Militar, ¿de verdad alguien se cree que un servidor público va a querer infiltrarse en ETA, Al Qaeda u otra banda terrorista, jugándose la vida, y sabiendo que si los terroristas no le pillan, quizá el Estado que le encargó la misión lo juzgue por colaborar con los terroristas?

Ya lo dice Sabina: “Las mejores promesas son esas que no hay que cumplir”.