«Exigimos a Nixon que entregue las cintas»

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"Nixon dimite", captura de la portada del Washington Post tras la caída del presidente Nixon por el escándalo Watergate

"Nixon dimite". Captura de la portada del Washington Post tras la caída del presidente Nixon por el escándalo Watergate.

Los que en 1974 éramos estudiantes de periodismo solemos recordar con regocijo coñón un titular de primera página y un editorial de un diario regional del sudeste de España en el que en pleno Watergate exigía al presidente Richard Nixon que entregase las cintas de sus conversaciones que podían probar su participación en el espionaje al Partido Demócrata.

Para los más jóvenes, recordaré que el 17 de junio de 1972, cinco individuos –Virgilio González, Eugenio Martínez, Frank Sturgis, Bernard Baker y James McCord–, vinculados con la CIA, fueron sorprendidos y detenidos en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, que estaba situada en el edificio Watergate, de Washington, junto al río Potomac. Pretendían instalar cámaras y dispositivos de escucha. Como lo de ahora de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), pero en más rudimentario.

Pocos meses después, fueron primero acusados y después condenados, junto a dos de sus jefes, un consejero de seguridad de la Casa Blanca y un miembro del comité de reelección de Nixon, de robo, así como conspiración y violación de las leyes federales de intervención de las comunicaciones. Los periodistas Woodward y Bernstein, del Washington Post, siguieron agitando el árbol y fueron cayendo otras nueces, algunas, colaboradores directos del presidente.

Para acallar el escándalo se creó una comisión de investigación del Senado por la que fueron desfilando gran parte de los ocupantes del ala oeste de la Casa Blanca, los fontaneros del presidente. De aquellas declaraciones se supo que estaban grabadas todas las conversaciones mantenidas por el presidente en el despacho oval con sus subordinados sobre el caso.  El Comité del Senado reclamó la entrega de las cintas magnetofónicas y Nixon se negó a facilitarlas, invocando los privilegios de su cargo. Fue en ese periodo de impasse cuando el diario español exigió a Nixon que entregase las cintas.

Nixon con Franco durante una visita del primero a España. /Efe
Nixon con Franco durante una visita del primero a España. / Efe

Quizá fuera por eso o, tal vez, porque el fiscal general, Elliot Richardson, y su lugarteniente dimitieron al conocer que Nixon había destituido a Archibald Cox, el fiscal especial que se encargaba de su caso, pero al presidente no le quedó otra opción que entregar las grabaciones. Luego, se descubrió que en una de las cintas se habían borrado algo más de 18 minutos que parecían ser los más comprometedores. La secretaria de Nixon explicó que se había pisado por error un pedal que ponía en funcionamiento un dispositivo de borrado, pero nadie se creyó la explicación. Las grabaciones demostraban que Nixon estaba al corriente de la operación de espionaje.

El Congreso inició un proceso de destitución en el que el presidente iba a tener que enfrentarse a cargos penales de obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato. Pero Nixon pactó una salida y dimitió el 8 de agosto de 1974. Gerald Ford, su sucesor, le indultó un mes después.

Como en otras ocasiones y en otros países, el principal responsable se libraba, mientras los subordinados pasaban una temporada a la sombra.

Cuarenta años después, varios estados europeos, singularmente Alemania y Francia, pero también España, acusan a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos de espionaje masivo de los correos electrónicos y teléfonos de millones de ciudadanos que han visto invadida su privacidad, de acuerdo con documentos sustraídos y proporcionados por Edward Snowden. Los reproches de los dirigentes europeos e incluso brasileños no se han hecho esperar, porque no es eso lo que se espera de un país amigo y aliado.

Y con exquisita rapidez para tranquilizar a la ciudadanía, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado la apertura de unas diligencias informativas, que de poner de manifiesto la existencia de delitos, podrían dar lugar a una querella contra los responsables.

Pero, mira por dónde, el director de la NSA, Keith Alexander, ha declarado en el Congreso de Estados Unidos, que no fue su agencia la que espió a los españoles y franceses, sino sus propios servicios de espionaje y que no podía dar más detalles porque tiene prohibido explicar la colaboración con servicios amigos.

Todo parece indicar que el CNI, al igual que los franceses, ha pasado un ingente volumen de metadatos —sobre unos 70 millones de conversaciones facilitados por las compañías de telefonía— a sus colegas en Estados Unidos para que los procese. Eso no quiere decir que alguien en Ohio o Winconsin ha escuchado la conversación entre una madre de Palma del Río con su hijo que estudia en Granada. Los metadatos, que muy probablemente autorizamos a ceder cuando contratamos  una línea de móvil, recogen características de las llamadas, dónde se inicio, a qué número se llamó y cuánto duró la llamada, pero no el contenido de la conversación.

El CNI opera con un magistrado del Tribunal Supremo, que es el que autoriza las intervenciones telefónicas que necesite para su labor de espionaje, pero que en ningún caso pueden ser indiscriminadas, para no vulnerar la legalidad.

El fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce
El fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce. / Efe

De modo, que la decisión de Torres-Dulce tiene toda la apariencia de una operación de cara a la galería, pero que no está orientada a realizar una verdadera investigación de lo ocurrido.

Que ¿por qué digo esto?

Pues verán: Nadie en España va a abrir un proceso penal contra una agencia de espionaje estadounidense, ni tendría ninguna eficacia.

Primero: porque se trata del país aliado por excelencia, con el que queremos seguir llevándonos muy bien, y el Gobierno va a hacer todo lo posible para ello.

Segundo: porque en el caso de haber delito, lo que resulta discutible si lo que se han cedido son solo metadatos de conversaciones, sería complicado identificar al autor o autores, ¿americanos? ¿españoles?.

Tercero: porque, siempre que hubiera delito, también sería difícil establecer el tribunal competente para investigarlo. En principio, corresponde al juzgado del lugar donde se cometió, o a un juzgado de la Audiencia Nacional si se cometió por españoles en el extranjero, pero no si se cometió por extranjeros en el extranjero, salvo que se tratara de genocidio o crímenes de guerra o de lesa humanidad, que no es el caso.

Cuarto: porque concretar algo cuando hay espías por medio es literalmente imposible. Recuerden el proceso que se sigue por el caso de los aviones de la CIA en la Audiencia Nacional. Por si no lo saben, se lo digo yo, duerme el sueño de los justos.

Quinto: porque aunque se llegara a concretar, Estados Unidos jamás permitiría que uno solo de sus funcionarios declarase en España y mucho menos que se le juzgase. ¿Se acuerdan del caso Couso, el cámara de Tele 5 asesinado en Irak? Están perfectamente identificados los tres autores de los hechos, el que disparó y los que le autorizaron a hacerlo, pero una fuente del Departamento de Estado afirmó que “antes se helará el infierno” que los tres responsables declaren en España.

De modo que esta investigación del fiscal Torres-Dulce tiene la misma eficacia que aquella exigencia del periódico español a Nixon para que entregase las cintas.  Al tiempo.

5 Comments
  1. Panóptico says

    Ciertamente Sr. Yoldi, es un «brindis al sol» el que hace el Sr. Torres-Dulce.

    Recuerda la STS de 10 de Diciembre de 2010 (fecha conmemorativa de los Derechos Humanos) bajo Ponencia del ex-compañero Sr. Marchena, sobre las actividades de un CNI que espio para Rusia y lo que dijo sobre el Magistrado «controlador» nombrado por CGPJ para autorizar las intervenciones del CNI.

    O bien de la propia Fiscalia General del Estado su Instrucción 1/2008 de la donde recuerda «que corresponde al Fiscal la determinación jurídica de los elementos y extremos que pueden constituir fuentes y medios de prueba y los requisitos para su validez, formal y procesal, cuyo cumplimiento para la investigación policial deberá promover y hasta imponer. El Fiscal puede asumir la dirección jurídica de las actuaciones de la Policía Judicial en cualquier momento de la fase de investigación preprocesal. Durante dicha fase, esto es, antes de que existan actuaciones judiciales en trámite, el Fiscal podrá impartir instrucciones generales a las Unidades de Policía Judicial sobre criterios de preferente investigación, modos de actuación, coordinación de investigaciones y otros extremos análogos.

    Pues bien, en esta fase preprocesal, el Ministerio Fiscal podría adoptar un papel más dinámico, de realización de la justicia en defensa de la sociedad y de los derechos fundamentales, impartiendo instrucciones para que cualquier solicitud que se haga al juez instructor que implique restricción de derechos fundamentales se realice acorde con la jurisprudencia sobre tales injerencias, facilitando resoluciones judiciales que permitan una lícita investigación de graves conductas delictivas.

    Estas instrucciones preprocesales del Ministerio Fiscal se hacen especialmente significativas por la insuficiente regulación que hace el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la intervención de las comunicaciones telefónicas, como se ha expresado reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, como es exponente la Sentencia 864/2005, de 22 de junio, que examina la acomodación del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a las exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos, declarándose que la insuficiente regulación legal establecida en el art. 579 LECrim. ha sido adecuadamente completada con las exigencias que al respecto, tanto el Tribunal Constitucional como éste Tribunal Supremo, han requerido para aceptar la validez de las intervenciones telefónicas, de manera que la suma de la regulación legal y las exigencias judiciales han conformado un sistema garantista que satisface las previsiones tanto del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) como de la doctrina desarrollada por el TEDH»

    Pero pese a todo -como bien nos recuerdan y avalan los casos que cita en su fundado articulo- todo quedara en «agua de borrajas», un simple titular para contentar a los periodistas hasta que la noticia del dia sea otra.
    No esta el horno, para empezar hablar de «cintatekas» de Perote, Krillon, etc la crisis «lo limita todo» hasta la practica de investigar, ahora ya no esta tan mal vista la «impunidad» es lo que se lleva, ser impune esta de moda y la prescripcion ya sabe, todo lo cura.

  2. Luis García says

    Estimado señor Yoldi: empiezo mi comentario a su post de hoy como casi siempre hace Panóptico , es decir, citando alguna disposición legal, por ejemplo el artículo 6.1 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones señala : “ Los datos conservados de conformidad con lo dispuesto en esta Ley sólo podrán ser cedidos de acuerdo con lo dispuesto en ella para los fines que se determinan y previa autorización judicial”. Tales datos son, según la propia Ley (artículo 3 a) “los necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación”. Por tanto, aunque las cláusulas que firmemos de cesión en los contratos de telefonía que suscribamos pueden reputarse a todos los efectos nulas de pleno derecho. Y le aseguro que las compañías telefónicas son muy puntillosas a la hora de exigir a los agentes del CNP el correspondiente mandamiento u oficio judicial .
    Los problemas son más bien los restantes que expone vd y, muy singularmente, los derivados de la colaboración entre los servicios secretos de nuestro país con los de USA, hipótesis que se revela mucho más que sólida. Parece obvio que los responsables de nuestra seguridad entienden que controlar o fiscalizar las comunicaciones es esencial para prevenirnos de futuras amenazas.
    ¡¡Oh, seguridad, cuantos crímenes en tu nombre se cometen¡¡ Richard Milhous Nixon rigió los destinos del Imperio en la época equivocada. Ahora es posible justificar los asesinatos selectivos , la reclusión de personas en campos de concentración sin sometimiento a proceso alguno y sin que se le apliquen las garantías procesales mínimas que tiene cualquier imputado sometido a la jurisdicción ordinaria, la creación de Tribunales de excepción (de los de verdad, no como su adorada Nazi), o la monitorización del teléfono de toda una Reichcanciller. Y ojo, detrás de todo ello no está Tricky Dicky , sucio y duro abogado que creció a los pechos del Macarthismo (caso Hiss) y que luego rigió los destinos de la nación más poderosa del mundo, sino Barack Hussein Obama, acrisolado demócrata y Nobel de la Paz 2009.
    Dios nos coja confesados….

  3. celine says

    Cuando Leviatán levanta la mano lo razonable es tratar de eludir el golpe, desde luego; sin embargo, la gente necesita creer que puede hacer algo en democracia para reequilibrar el superpoder del Estado. Quizás, la clave esté en el debate público sobre qué seguridad es la que exigen las democracias, y qué se prefiere en la vida antes que esa seguridad tan costosa, aparatosa y paradójica. Los norteamericanos saben contarlo magistralmente en el cine. Menuda angustia consiguen transmitir. Se agradece la claridad del artículo.

  4. José Yoldi says

    Queridos amigos:
    Vuestros comentarios son la única voz en el desierto. Ja,ja,ja. Y, sin que sirva de precedente, parece que los tres opinamos en la misma línea. Hoy declara en el Congreso el general Félix Sanz Roldán, el jefe de los espías, pero ya se ha filtrado que lo que va a decir es que los datos recogidos y luego facilitados a la NSA lo fueron en el extranjeros y no correspondían a ciudadanos españoles, por lo que difícilmente se podrá hablar de delitos. Claro que, ¿quién va a contradecir a tan informado director del espionaje español con algún dato que refute tan conveniente declaración? Ni periodistas ni políticos de la comisión de secretos oficiales tienen ni idea de lo ocurrido más allá de los papeles de Snowden. Y, como dice el director de la NSA, Keith Alexandre, ni unos ni otros saben interpretar lo que tienen.
    De todas formas, y teniendo en cuenta de que los estados tienen intereses y no amigos, y que siempre han tratado de exprimir la tecnología en su favor hasta sus últimas consecuencias, me da la impresión de que los límites del espionaje actualmente, en todos los países, no solo en Estados Unidos, son los que permiten la tecnología de que disponen. Suponer otra cosa sería como pensar que a los gobernantes les gusta desaprovechar las oportunidades que tienen o que declinan ejercer los medios con los que cuentan para imponerse al resto. Demasiado ingenuo para ser real.
    Saludos cordiales y no decaigan.

  5. José Yoldi says

    Señor Celine: Debía de estar escribiendo cuando usted ha colgado su comentario, porque no lo había visto.
    Tiene usted razón, los norteamericanos tienen una libertad de expresión al servicio del espectáculo envidiable, y además tienen una tendencia a hacerse la terapia en películas y series digna de mejores causas. Pero aunque haya cierta crítica interna, no se equivoque, siguen haciendo lo mismo —espionaje mundial, asesinatos selectivos desde aviones no tripulados con cientos de víctimas inocentes calificados de daños colaterales, cárceles que no respetan los derechos humanos, como Guantánamo, y un larguísimo etcétera— incluso dirigidos por un Nobel de la Paz. Podemos hablar públicamente de lo que queramos, del binomio seguridad-privacidad, pero no le quepa duda de que los individuos siempre vamos a salir perdiendo. Y hoy me siento optimista.
    Saludos cordiales.

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