La Alianza Tasa Robin Hood reclama 5.000 millones contra la pobreza en los PGE

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El diputado de Izquierda Unida, Edurado Centella, ayer, a las puestas del Congreso, momentos antes de participan el acto de apoyo a la propuesta para implantar en los Presupuestos las llamada Tasa Robin Hood. / Mariano  Asenjo
El diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, ayer, a las puestas del Congreso, momentos antes de participar en el acto de apoyo a la propuesta para implantar en los Presupuestos la llamada Tasa Robin Hood. / Mariano Asenjo

Representantes de varias organizaciones no gubernamentales, agrupadas en la Alianza Tasa Robin Hood contra la pobreza, se dan cita esta mañana en la Puerta de los Leones del Congreso para reclamar la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)  de la tasa sobre las transacciones financieras internacionales y la dedicación de esos fondos -5.000 millones de euros en el caso de España– a paliar la pobreza dentro y fuera de nuestro país. La concentración cuenta con el respaldo de las formaciones de izquierda, cuyos portavoces, comenzando por la socialista Soraya Rodríguez y siguiendo por Cayo Lara, de IU, consideran “justa y viable” su exigencia.

El momento elegido por las ONGs no puede ser más propicio si tenemos en cuenta que desde ayer por la tarde el pleno del Congreso se dedica a debatir los PGE para 2014. El presidente de la Cámara, Jesús Posada, abrió la sesión precisamente con la lectura de un comunicado de condolencia y solidaridad con las víctimas del huracán Yolanda que ha arrasado las islas centrales de Filipinas, y en el que el pide al Gobierno y a la sociedad “la máxima generosidad y urgencia” en socorrer a los damnificados del pueblo hermano.

Esa solidaridad y urgencia sería superior si, como solicita la Alianza Robin Hood, se garantizase la inclusión de la tasa Tobin en el Presupuesto del Estado de 2014. “Nuestro objetivo es que esa recaudación de la tasa sobre los fondos financieros que actúan como buitres en todo el mundo, se destine a los ciudadanos más vulnerables y que más padecen la crisis generada por los especuladores”, dijo a cuartopoder.es una portavoz de la Alianza, de la que forman parte Oxfam Intermón, Save the Children, Salud por Derecho, Inspiraction, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ayuda en Acción, la Alianza Española contra la Pobreza, la Coordinadora Española de ONGs, la Federación de Planificación Familiar Estatal y Plan España.

La mayoría absoluta del PP ya anticipó ayer su rechazo en el pleno a las enmiendas de Izquierda Plural que defendieron Gaspar Llamazares y Joan Coscubiela, reclamando, entre otras medidas, la aplicación de la tasa Tobin y la supresión de la subida del IVA a la cultura. “Lo único que se está recuperando son los fondos buitre, sin resultado en la economía real”, denunció Coscubiela. El socialista Jesús Caldera reclamó un fondo específico contra la pobreza porque “hay más de un millón y medio de familias en las que no entra un sueldo”, al tiempo que denunció la iniciativa del PP de suprimir la bonificación de 420 euros anuales para la formación en las empresas que tienen de uno a cinco trabajadores y reclamó la utilización de 3.000 millones de los fondos europeos para dar empleo a los jóvenes.

Aunque el debate presupuestario resulta útil para discernir las declaraciones entusiastas de algunos miembros del Gobierno y dirigentes del PP de la verdad contante y sonante (25% de paro, reducción de la paga a los pensionistas respecto a la inflación  y un crecimiento de 300.000 millones de la deuda pública entre 2011 y 2014), la oposición lo considera inútil para reorientar el gasto y la fiscalidad con sentido social y solidario. De las 4.120 enmiendas parciales, el PP sólo ha aceptado dos que cambian la asignación de 120.000 euros, denunció el socialista Juan Rangel. “Defiendo las enmiendas para que al menos quede constancia en el Diario de Sesiones”, dijo Llamazares.

En el pleno de ayer quedó constancia del rechazo del PP a rebajar un 21% el gasto de la Casa Real, que es el recorte acumulado por los Ministerios en los tres últimos años, según las cuentas de Rosa Díez, quien también pidió que se supriman los 350.000 euros de la traducción simultánea del Senado entre el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, por considerarlo un “gasto superfluo”. Tampoco prosperó la iniciativa de Joan Tardá de reducir la asignación que administra el Rey sin control del Tribunal de Cuentas de 7.691.000 a 78.185 euros, que es lo que cobra el presidente del Gobierno. Y en una materia económicamente mucho más importante como es la supresión de ventajosa tributación (entre el 2 y el 3%) de los beneficios de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, la famosas SICAV, las enmiendas de Llamazares chocaron asimismo con la mayoría absoluta, inconmovible, del PP.

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