El PCE apuesta por la República social y la desobediencia a la Troika

El Partido Comunista (PCE) abrió ayer su XIX Congreso con la voluntad de superar el pacto de la Transición y de lanzar una “alternativa constituyente, social y republicana para España” y de reformular la construcción europea con criterios más justos y democráticos. El Congreso se presenta tranquilo, sin grandes cambios en el nuevo Comité Federal, que será paritario, con más gente joven entre sus miembros y del que saldrá el nuevo comité de dirección con José Luis Centella como secretario general para los próximos cuatro años.

Antes de presentar su informe ante los 550 delegados de las federaciones y colectivos, Centella dijo a los periodistas que iba a ser el congreso de “las ideas, las propuestas y de la acción”, siempre en el marco de Izquierda Unida (IU), cuyo crecimiento electoral y buenas perspectivas atribuyó al esfuerzo del partido. Sobre los compañeros de “Espacio Abierto” que participaron en la Conferencia del PSOE el fin de semana pasado dijo que “llamar movimiento a una anécdota de personas más cerca de la jubilación que de otra cosa, para mi es irrelevante”.

Para el secretario general del PCE, que ha experimentado un aumento de afiliación del 30% desde 2009, aunque todavía está lejos de los 50.000 militantes activos de sus mejores momentos, lo más importante es orientar la lucha de los trabajadores y ofrecer alternativas contra la crisis del sistema económico y del esquema político. Cuando ya resulta más que evidente que el pacto constitucional y el modelo bipartito está abrasado, el PCE considera necesario –y así lo plasma en sus tesis-- una reforma de la Constitución en la que apostará por la “República social” y la “democracia real y participativa”.

En ese sentido, Centella dejó claro que “el PCE no se va a plantear ningún pacto con la monarquía; apostamos por una república en la que, entre otras cosas, no tengamos que pasar la vergüenza de que un Fiscal del Estado impida que juzguen a la infanta, colocando la genética por encima de la Justicia”. Sobre la forma de hacer política planteó los mecanismos de “revocación los cargos públicos” cuando incumplan los programas, “con las mismas responsabilidades que si incumplen un contrato” y destacó la idea de establecer un órgano independiente, una especie de tribunal, que controle la aplicación de los programas electorales.

En materia económica y social, los comunistas se esfuerzan en aclarar que hay alternativas a las imposiciones de la Troika y al pago de la crisis por parte de los trabajadores. “Es una vergüenza –dijo Centella-- que una crisis que beneficia a unos pocos la paguemos la mayoría”. Los documentos a debate plantean la nacionalización y el control de los sectores estratégicos de la economía y la defensa de los servicios y los derechos sociales arrancados al capital con la lucha obrera.

En PCE entiende que estamos ante una ante una batalla social e ideológica sin precedentes, en la que un vector esencial es el problema de la deuda y los programas de ajuste estructural impuestos por el capital financiero. Ante esa realidad propone “auditar la deuda” con mecanismos activos de participación social y “rechazar el pago de la que se considere ilegítima”, es decir, el déficit no generado por la financiación de los servicios públicos y las políticas de protección social.

Tras la decisión soberana de no pagar ni un euro de la deuda ilegítima, se abriría un proceso de renegociación de la deuda pendiente, sobre la base del rechazo del Pacto de Austeridad europeo, con el fin de evitar que el desembolso agrave las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares. El rechazo a la intervención de nuestro país por parte de los poderes económicos debería quedar patente, asimismo, en la inmediata derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución.

Aunque ya es sabido que el PCE no concurre a las elecciones, las ideas y propuestas del cónclave, que se celebra con el lema “Una alternativa social, anticapitalista y democrática para salir de la crisis”, tienen importancia porque se abren paso en una IU que actualmente gobierna en Andalucía y se perfila como formación de gobierno en la Comunidad Valenciana y en Madrid. En ese sentido, algunos dirigentes como el responsable de la Comisión de Cultura del partido y exportavoz parlamentario, Felipe Alcaraz, reconocen la existencia de un “debate larvado” entre los sectores que abogan por un gradualismo reformista y los que defienden el inmediato control democrático de los sectores estratégicos de la economía. En cierto modo, el PCE retoma la propuesta de Julio Anguita de la planificación democrática. Se espera que el histórico dirigente acuda hoy al Congreso.

La ponencia marco ha cosechado 1.700 enmiendas, de las que, según la estimación del secretario de organización, Fernando Sánchez, llegarán al pleno unas 300. Muchas son de forma, otras podrán ser integradas y otras perderán en las votaciones de las comisiones. Sobre la cuestión de fondo, el republicanismo social en un momento en que el Rey, quiera que no, “abdica a pedazos”, y hay una masa crítica en la calle contra la involución y los hachazos neoliberales, ya sea a las pensiones ya a los derechos esenciales, existe una coincidencia básica y natural entre los delegados. También se aprecia la voluntad de que el PCE no se confunda con un viejo ordenador o, como dice Alcaraz --quien presentará el día 19 en el Ateneo de Madrid varios textos inéditos de María Teresa León--, no se reduzca “a una galería de insignes al margen de la coyuntura”, sino que abandere el movimiento capaz de abrir los férreos candados constitucionales.