Con el 'prestige' por los suelos
Los que confiamos en la justicia vamos encaminados a la decepción. Sistemáticamente, cada vez que se produce una catástrofe originada por el hombre, una estafa masiva, un atentado terrorista de grandes dimensiones, los que creemos en el Estado de Derecho tenemos la esperanza de que los culpables se sienten en el banquillo de los acusados y sean condenados a unas penas justas y a la vez ejemplares que disuadan a aquellos que tuvieran la tentación de repetir esas conductas, al tiempo que esperamos que los tribunales nos concedan unas indemnizaciones que compensen nuestros daños o nuestro dolor.
Casi nunca es así. La justicia es lenta, perdón, muy muy lenta. Tiene falta de medios y recursos, esos medios y recursos que suelen sobrar a los estafadores que se han quedado con nuestro dinero con el que pueden pagar a los mejores abogados y comprar peritajes que digan lo que ellos quieren que digan. Los jueces son personas y a veces aciertan y otras se equivocan, como todos. Y pocas, muy pocas veces sus decisiones pueden compensar el daño sufrido o el dolor de las víctimas.
Esta semana han ocurrido nuevos sucesos que conducen irremisiblemente a los ciudadanos a la desafección por la justicia.
El primero y fundamental, la sentencia del Prestige, cuyo hundimiento provocó la peor marea negra de la historia en Galicia y el Cantábrico. Después de once años de instrucción en un juzgado de Corcubión, el más próximo al lugar de los hechos, y nueve meses de juicio en la Audiencia de La Coruña, el proceso ha culminado con la absolución de todos los acusados del delito contra el medio ambiente del que estaban acusados. Únicamente se ha condenado a nueve meses de prisión —que no tendrá que cumplir— al anciano capitán Apostolos Mangouras (78 años) por un delito de desobediencia a la autoridad, ya que tardó tres horas en dejar que se remolcase el barco mar adentro.
Una sentencia que, salvo a los acusados y al Gobierno —que ha visto salvada su responsabilidad en la gestión de crisis más chapucera que se conoce—, ha disgustado a toda la sociedad. Nadie es culpable de nada y, como decía el escritor Manuel Rivas, parece que el Prestige se hundió porque quiso, como los suicidas en Portugal.
Porque el tribunal establece que “nadie sabe con seguridad cuál pudo ser la causa de lo ocurrido, ni cuál debería haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige”. Es decir que los jueces aseguran que no se sabe porqué se partió el barco en dos, aunque aventuran que pudo ser por daños estructurales que no fueron detectados en la revisión efectuada por la American Bureau of Shiping (ABS) y que expuestos a olas mucho más grandes de lo habitual ocasionaron el desastre. Los magistrados avalan también la decisión de las autoridades y del Gobierno de alejar el barco de la costa todo lo posible, aunque los expertos consideraron en su momento que era el peor error de todos los posibles.
Por tanto, los 4.328 millones de euros de daños ocasionados por el siniestro tampoco pueden ser indemnizados por el Estado, sino por los de siempre, los propios perjudicados. La sentencia apunta a que en un juicio civil se podrían exigir las indemnizaciones al armador y a la American Bureau of Shiping, la responsable de las inspecciones. Claro que si ni siquiera se les pudo sentar en el banquillo en el proceso penal, y la ABS ya fue absuelta en la demanda que el Gobierno planteó contra ella en un tribunal de Nueva York, la posibilidad de que comparezcan en un proceso civil en España es tan remota como que Andorra se convierta en potencia hegemónica mundial.
Es cierto que queda la posibilidad de recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo, pero un caso en el que no hay presos, y por tanto no es urgente, que es tan voluminoso que ocupa un par de armarios y donde los magistrados van algo menos rápido que Fernando Alonso, eche usted alrededor de cuatro años antes de que haya sentencia definitiva.
Un magistrado comentaba ayer que en otros países los ciudadanos sienten el dinero público como propio y por eso se exige un gran control sobre el gasto y resarcir al Estado de lo que ha empleado en controlar y paliar los daños. Por eso, en Estados Unidos se condenó a los responsables de la marea negra del Exxon Valdez, en Alaska, y a los de la plataforma petrolera de BP, en aguas del Golfo y, en Francia, también fueron condenados por la tragedia del Erika.
En España —agregó el magistrado—, una ministra afirmó sin rubor que el dinero público “no es de nadie”, en celebérrima y desafortunada frase, casi tanto como la de los “hilillos de plastilina” del presidente. Eso da idea de que como han pasado ya 11 años y la costa gallega está ya limpia de chapapote —o eso parece—, el “caso está amortizado”. Una condena penal iba a ser una losa, concluyó.
Y es muy posible que el caso esté amortizado para el Gobierno, que tiene otras preocupaciones y la mayoría de las veces tiene que decidir entre lo malo y lo peor, pero no para los perjudicados y su indignación, porque no se ha hecho justicia.
Otro varapalo para los que piensan que la solución de los problemas pasa por la justicia lo constituye el hecho de que el director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, haya pagado sin pestañear 1,5 millones de euros de fianza para salir de la prisión de Navalcarnero, donde ha pasado menos de una semana. Su colega, el ex director general de Empresas de la CAM, Daniel Gil, abonó la pasada semana su fianza de 400.000 euros en menos de 12 horas.
Ambos fueron detenidos en la llamada operación Mar Nuestro por haber desviado 247 millones al paraíso fiscal de Curaçao, en las Antillas Holandesas. Precisamente donde la policía pensaba que iban a fugarse. Lo que a la vista del impresionante alarde de ambos de disposición de efectivo no debería descartarse.
Por otro lado, ya nos han comunicado que el rescate en España llega a su fin, y que a pesar de que Rajoy había prometido que la recapitalización de la banca no costaría ni un euro a los ciudadanos, parece que no va a ser así. España ha utilizado 41.300 euros, de los que acabará perdiendo casi tres cuartas partes que saldrán de ese dinero suyo que “no es de nadie”. Resulta que de los culpables de esa situación, nadie ha sido condenado por ningún delito ni ha devuelto un solo euro. La justicia, que debía de andar por ahí, solo miraba.
Hay pocas cosas peores que defraudar expectativas, pero lo peor de todo es que en estos 11 años transcurridos desde que se hundió el Prestige, nadie ha elaborado un protocolo de lo que se debe de hacer en esos casos, por lo que no tengan duda de que antes o después una tragedia similar volverá a ocurrir y los políticos de turno volverán a hacer lo mismo. Algo parecido a lo de la crisis, que algunos economistas ya han anunciado que se puede volver a repetir si no se introducen más controles para limitar la avaricia de algunos.
Decía Angelina Jolie que “los finales felices son historias sin acabar” y me gustaría creer que no tiene razón.
Enlazo un artículo jurídico de fondo sobre el Prestige http://hayderecho.com/2013/11/18/el-caso-prestige-puede-causar-una-injusticia-una-sentencia-ajustada-a-derecho/
Estimado señor Yoldi: he finalizado la lectura , algo apresurada, de la sentencia y he de decirle, con todas las limitaciones que derivan de no tener acceso a los autos ni haber presenciado los nueve meses de vista oral, que no parece desacertada la decisión de la Sala enjuiciadora, por más que pueda resultar frustrante. Es más, me parece que analiza con detalle y con un lenguaje claro lo ocurrido con el buque. Aquí hay dos planos de responsabilidad , el del armador y el capitán y el del director de la marina mercante.
En cuanto a los dos primeros, a día de hoy, por los problemas que sean, no conocemos con exactitud el porqué colapsó el barco. De hecho, los informes periciales a este respecto, son calificados por los jueces «entre contradictorios y sorprendentes»: unos lo atribuían a la rotura de los mamparos, otros a que el capitán maniobró mal pese a estar el buque sobrecalado, aunque se reconoce que el planteamiento es teórico; otros lo atribuyen a la pérdida de refuerzos longitudinales del costado combinada con la mala mar; hasta el perito propuesto por Nunca Mais reconoce que NUNCA se podrán saber las causas de lo ocurrido. En estas condiciones ¿cómo se puede fundar una responsabilidad penal por un delito contra el medio ambiente cometido por imprudencia grave?.
Respecto de Lopez Sors, pasa otro tanto. Yo reconozco que siempre pensé que la decisión de alejar el buque era equivocada pues ampliaba el radio de la contaminación , siendo preferible que el buque se hundiera en puerto o ría, pues así, aunque podría resultar catastrófico para la zona afectada , se limitaban los daños. No obstante, ese punto de partida ya supone un dilema como el de Escila y Caribdis. Tal es así, que varios peritos dijeron que llevar el pecio a la ría de Corcubión o la de Ares (parece ser que los puertos de Coruña y Vigo se descartaron por razones técnicas) sería “delictivo” por ser los dos espacios especialmente protegidos. El Tribunal finalmente coincide con los peritos que señalan que lo mejor hubiera sido el refugio, pero recuerda que la culpa no se valora desde la perspectiva del observador ex post, sino ex ante, es decir que no vale juzgar con los ojos de hoy sino con los de ayer, con los de Lopez Sors el día que el barco se hundía. Lo contrario sería tramposo pues, como dice el refrán “una vez visto, todos listos”. Cuando ya sabes lo que va a pasar es más fácil tomar la decisión correcta. Lo difícil es hacerlo en el momento en que las cosas pasan. El refugio era lo más razonable tras saber que el Prestige tardó seis en hundirse, pues hubiera dado tiempo a llevarlo a la ría de Ares o Corcubión y trasvasar gran parte del fuel a otros barcos. Pero eso no se sabía, ni se podía saber, cuando tuvimos noticia del hecho, cuando se calculaba que el Prestige se hundiría el mismo día de su colapso (13-11-2002) o como mucho al día siguiente, habiendo resultado funesto que las rías anteriormente mencionadas , con una riqueza medioambiental altísima, recibieran la carga de fuel íntegra. El propio acusado recordó que el Exxon Valdez, que embarrancó en puerto, contaminó el doble de litoral que el Prestige y que los técnicos le dijeron que el alejamiento favorecería que el mar diluyera o lavara parte del vertido e incluso que este pudiera congelarse, a determinadas temperaturas. No ocurrió así, pero si ahora hay todavía pareceres técnicos tan encontrados (5-4 a favor del refugio y contra el alejamiento, contando solo los informes periciales), aun sabiendo los días que invirtió el barco en hundirse ¿cómo se puede afirmar tampoco la responsabilidad de Sors en los términos que exige una sentencia de condena penal?
Porque esto es lo esencial. En la vía civil , “quien contamina, paga”, la responsabilidad es objetiva del armador y de sus aseguradores, pero nos encontramos en un proceso penal, aunque hay 22 millones consignados y una entidad, el FIDAC (Fondo Internacional de Daños por contaminación de Hidrocarburos), que puede pechar con alguna parte de la responsabilidad. En el proceso penal sin embargo, para que haya responsabilidad civil, alguien tiene que se declarado penalmente responsable del vertido. Y eso no ha ocurrido. Quizás haya que mejorar los cauces de reclamación, pero lo que no se puede pedir a los Magistrados es que dejen de aplicar las reglas de su oficio para satisfacer demandas justicialistas de la opinión pública, por comprensibles que sean. Un saludo.