Aplicar la ley, incluso contra la ley

Yolanda Barcina, tras recibir los tartazos, mientras uno de los implicados despliega una pancarta. / Mugitu
Yolanda Barcina, tras recibir los tartazos, mientras uno de los implicados despliega una pancarta. / Mugitu
(Actualización del 27-11-13 con la sentencia condenatoria por los tartazos a Barcina)

La justicia española lleva una temporada en la que se está especializando en aplicar la ley incluso en contra de la ley. Da la impresión de que algunos magistrados están empeñados en enderezar aquellos renglones torcidos que el legislador no supo o no quiso poner derechos y, ¡qué casualidad!, casi siempre es para proteger a los políticos y poderosos o para enmendar sus errores.

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Imagine que a usted, españolito de a pie, le han prestado un Ferrari y que decide probarlo a 300 por hora en una autopista alemana, país en el que las leyes no establecen ningún límite de velocidad. Seguramente es una imprudencia, porque usted no domina el coche como Fernando Alonso, y, además, hay otros conductores en la carretera a los que puede poner en peligro. Pero en Alemania esa conducta no es delito, ni siquiera falta.

Sin embargo, cuando usted regresa a España, le abren un proceso penal en la Audiencia Nacional como autor de un delito contra la seguridad del tráfico que lleva aparejada una pena de prisión, ya que se trata de un delito cometido por un español en el extranjero. ¿Se lo imagina? ¿No pondría usted el grito en el cielo?

Pues bien, algo parecido ha ocurrido con los tres tartazos que unos militantes de la plataforma Mugitu, contrarios al tren de alta velocidad, propinaron a la presidenta de Navarra Yolanda Barcina el 27 de octubre de 2011 en un pleno de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, celebrado en Toulouse (Francia).

Se trata de un tipo de protesta —con la que estoy en desacuerdo, aunque hay otras peores— que está bastante extendida en Francia y en Bélgica. Ha habido muchos casos, pero quizá el más significativo fue el ataque a base de merengue que lanzaron contra el ex presidente francés Nicolás Sarkozy y que se saldó con una multa de 800 euros.

En el caso de Barcina, las autoridades francesas iniciaron una investigación, pero el Tribunal de Gran Instancia de Toulouse, el del lugar donde ocurrieron los hechos, archivó el caso el 5 de enero de 2012, tras más de dos meses de pesquisas por “infracción insuficientemente caracterizada”, es decir que los tartazos no tienen suficiente entidad para ser castigados como delito, al ser considerados violencia sin lesiones o con ellas pero con una baja inferior a ocho días. Barcina no padeció lesiones físicas, aunque sí en su amor propio.

En resumen, Francia abrió una investigación porque los hechos ocurrieron en su territorio, apreció que no tenían relevancia penal y archivó el caso (Expediente del Tribunal de Toulouse). Ahí debería de haber acabado la historia.

Pero, paralelamente, la policía foral, que depende de Barcina, inició otra investigación paralela en España y le comunicó al juez lo ocurrido en Francia, y este abrió un procedimiento por desórdenes públicos.

La defensa de los agresores invocó la existencia de cosa juzgada (Francia había archivado el caso) y de falta de jurisdicción (la competencia necesariamente era francesa por ser el lugar donde ocurrieron los hechos), pero la Audiencia Nacional rechazó ambas alegaciones.

Yolanda Barcina
Yolanda Barcina / Navarra.es

El cambio de desordenes públicos (pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses por perturbar gravemente el orden en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación) a atentado a agente de la autoridad (Barcina reclamaba inicialmente 9 años de prisión que finalmente rebajó a seis, más 2.700 euros de multa) se produjo al calificar jurídicamente los hechos.

Un acto simbólico, sin daños ni lesiones para nadie, que en Francia es como mucho una infracción administrativa sancionable con una multa, en España se convierte en una petición de seis años de prisión, porque la agredida es una autoridad. Está claro que alguien no fue a clase de derecho cuando trataron de la proporcionalidad de las penas.

[La Audiencia Nacional hizo pública el 27 de noviembre la sentencia en la que condena a dos años de cárcel y 900 euros de multa a los acusados de los tartazos a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina]

Pero la justicia ha estado sembrada esta semana, puesto que la Audiencia ha rellenado renglones vacíos para todos los gustos. Por un lado, la Sección Cuarta, en contra del criterio del juez instructor y de la fiscalía, ha ordenado la detención del expresidente chino, Jiang Zemin, de 87 años, y del que fuera su primer ministro, Li Peng, de 86, así como de otros miembros de la cúpula del Partido Comunista Chino, por el genocidio en el Tibet. Estima que uno de los tibetanos es de nacionalidad española y que en China no se investigaron los hechos, que en opinión del tribunal suponen crímenes contra la humanidad.

Por otro, la propia Audiencia Nacional ha decidido que el pederasta Daniel Galván, que fue indultado por error por el rey de Marruecos a petición del rey Juan Carlos, cumpla en España los 27 años de los 30 de condena que le quedan por extinguir. Marruecos había pedido su extradición, pero la Audiencia la ha denegado porque Galván, aunque nacido en Irak adquirió la nacionalidad española por matrimonio. Marruecos no entrega a sus nacionales y, por el principio de reciprocidad, España, que sí suele entregarlos a otros países, no lo hace al país magrebí.

El rechazo de una extradición conlleva la puesta en libertad del detenido, pero la Audiencia, en una fórmula creativa contra reo, ha ordenado que cumpla la condena en España porque en su momento había solicitado cumplir la condena en España. Claro que eso fue cuando estaba en prisión en Marruecos. No ahora, que  por error, pero legalmente debería estar en libertad.

Ocurrirá como con la doctrina Parot.  Dentro de unos años, el Tribunal de Derechos Humanos, de Estrasburgo, condenará a España por haber vulnerado los derechos del pederasta, pero lo mismo que ocurrió con los etarras, mientras tanto, que siga en prisión. Lo dicho, enderezar renglones.

Estoy casi seguro de que algunos de nuestros más acreditados magistrados se reconocerían en la famosa frase de Groucho Marx: Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.