Última pasada del rodillo del PP para la LOMCE, el 'fracking' y la "transparencia subjetiva"
El Partido Popular (PP) aplicará esta semana el rodillo parlamentario para laminar a la oposición y aprobar definitivamente la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y otros dos productos legislativos como la ley de Transparencia y la de Evaluación Ambiental, que cuentan con el rechazo de la mayoría la oposición. También se aprobará definitivamente la ley de unidad de mercado. El rodillo funcionará asimismo para rechazar la reprobación del ministro de Educación, José Ignacio Wert. Su soledad quedó patente y fue tan patética, la semana pasada, ante la interpelación del socialista Mario Bedera por el fiasco y las mentiras sobre las becas Erasmus, que su número dos, Monserrat Gomendio, llegó a reprochar a los diputados populares su renuencia a salir a defenderle.
La LOMCE se aprobará el jueves con el rechazo de toda la oposición. Es la gran ley ideológica del PP, tras la reforma laboral. Con ella se pretende reinstaurar un proceso de reválidas entre la enseñana oligatoria, media y superior que remite con otras palabras a la normativa franquista de los años setenta del siglo pasado. Era cuando algunos ministros del gobierno del dictador y su perenne número dos, Luis Carrero Blanco, se quejaban de “esa manía de los jóvenes de querer acceder a la universidad” (José Manuel Otero Novas) y proclamaban: “Más balón y menos latín” (José Solís Ruiz). No es extraño que por motivos estrictamente académicos y por la discriminación que introduce entre jóvenes con posibles y sin ellos, toda la oposición parlamentaria rechace la norma.
Si a ello se añade la recentralización de las competencias sobre el currículum escolar, la cizaña para crear un conflicto lingüístico en Cataluña, el desprecio a la participación de los alumnos y los padres con la reducción del papel de los consejos escolares a meros comparsas en la toma de decisiones, la imposición de una selectividad universitaria discriminatoria para decenas de miles de estudiantes, la calificación de la asignatura de religión católica al mismo nivel que las matemáticas o la lengua extranjera para obtener beca y los recortes de los sueldos y las plantillas de profesores, así como de las becas y ayudas de todo tipo (incluidas las de comedor a las familias más necesitadas), se comprenderá el compromiso de la oposición de derogarla en cuanto termine la legislatura del rodillo, sin excluir la apelación inmediata al Tribunal Constitucional contra determinados preceptos.
Sobre la llamada Ley de Evaluación Ambiental, cuya tramitación en lectura única ha convertido a su promotor, Miguel Arias Cañete, en el Phittipaldi legislativo del “fraking” y la “inversión contaminante” mediante la creación del famoso banco del medioambiente --burda copia del modelo USA: haces un depósito económico y ya puedes contaminar--, vale preguntarse por qué el titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente no ha querido esperar a la transposición de la nueva directiva comunitaria. Como en su nueva Ley de Costas, negocios urgen. La veloz tramitación no ha impedido al PP cargar un nuevo despropósito en ese vehículo, como es el pago a los regantes del trasvase Tajo-Segura de la correspondiente compensación de las arcas públicas cuando, aunque falte el agua para beber, ellos no reciban el caudal correspondiente.
Si hay leyes con nombres y apellidos y con siglas de sociedades anónimas y limitadas, leyes que sirven para comprar votos de regantes, la de la Transparencia no parece que sirva ni para lo que su nombre indica. Fue presentada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como la panacea contra la corrupción. Sin embargo, aparte el efecto propagandístico ante la indecencia de los sobresueldos en negro, confirmados en sede judicial por el extesorero del PP Luis Bárcenas, y la persistente tangentópolis del partido gubernamental, ya el primer capítulo de la ley se titula “Transparencia subjetiva” para englobar a todas las administraciones, entes públicos y empresas participadas con más del 50% de dinero público. Y las excepciones genéricas que enumera superan a las obligaciones de informar a los ciudadanos y constituyen una burla y un coladero. La norma servirá, no obstante, de parapeto a nuevas contratas para evaluar la calidad burocrática.
Tras la aplicación, el jueves, del rodillo parlamentario, el Gobierno completará el viernes la andanada normativa con la aprobación del anteproyecto de la ley antiprotesta, ley Fernández, también llamada “de la patada en la boca”. Y no hay que descartar que antes del puente de la Constitución, el Consejo de Ministros apruebe la nueva ley antiaborto. Desde el PP señalan que el argumento estadístico –España pierde natalidad y población– no pasa desapercibido a este Gobierno.
