Catálogo de infamias en el nuevo CGPJ

PP y PSOE cerraron ayer el acuerdo que permitirá renovar el CGPJ y que añade, a los 8 “juristas de reconocido prestigio” acordados la semana pasada, 12 jueces y magistrados más. El acuerdo, no exento de polémica desde que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, diese a conocer su proyecto de renovación del CGPJ, deja al descubierto una serie de manejos políticos y pequeñas infamias, más allá del mero reparto numérico de puestos en el órgano de gobierno de los jueces. Todos los partidos firmantes del acuerdo (PP, PSOE, CiU, IU y PNV) han perpetrado clamorosos “donde dije digo…” y todos han hecho lo contrario de lo que defendían públicamente. A cambio, todos tendrán representación en el nuevo CGPJ y, cuando menos, un borrón en su expediente.

Los populares prometieron en su programa que, para fortalecer la democracia, iban a desvincular poder legislativo de poder judicial, pero al llegar al gobierno han hecho todo lo contrario: fortalecer más si cabe el control del poder político sobre el judicial y asegurarse la mayoría para los próximos 5 años; los socialistas, que han llegado a llevar la reforma del CGPJ ante el Tribunal Constitucional, acaban de tragársela a cambio de 7 nombramientos en este órgano. IU, CiU y PNV han hecho lo propio, pero a cambio de un puesto cada uno.

Por su parte, las asociaciones judiciales criticaron duramente la renovación y algunas, como Jueces para la Democracia,  anunciaron a bombo y platillo que no participarían en esta reforma ni en la propuesta de posibles vocales del CGPJ, en señal de protesta por una reforma que consideraban escandalosa y aberrante. Lo cierto es que, como asociación, no han propuesto candidatos, pero muchos de sus miembros y asociados, se han postulado “a título personal” para estar en el “engendro” del nuevo CGPJ.

En este órgano de gobierno de los jueces no falta un perejil. Ha habido incertidumbres, como la provocada por el vocal saliente, Miguel Carmona. De él se dijo que estaba decidido a volver a su puesto, en  la sección quinta de la Audiencia Nacional y tomar las riendas del caso Bárcenas, desplazando así al juez sustituto, Pablo Ruz. Fuentes del PP llegaron a asegurar a cuartopoder.es que el PP no podía permitir que Carmona se hiciese con el caso, porque estaban seguros de que su instrucción sería más “perjudicial” para los intereses del partido. Pero casualmente, el Consejo de Ministros lo nombró juez de enlace en el Reino Unido el pasado viernes, apenas unas horas antes de salir del CGPJ.

La inclusión del juez de la Audiencia Nacional  y presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, a propuesta del PP, no ha dejado a nadie indiferente y sí a muchos sorprendidos por su capacidad de trabajo, puesto que, salvo que sea nombrado miembro de la Comisión Permanente (sólo lo serán 5 de los 20 vocales) tendrá que compaginar sus decisiones más o menos polémicas, como las excarcelaciones de etarras afectados por la sentencia emitida por el Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, con el gobierno de sus colegas de profesión.

Otro de los jueces que ha traído sus quebraderos de cabeza entre PP y PSOE ha sido Francisco Gerardo Martínez Tristán, que es el Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Él es quien preside la Sala que tiene que decidir sobre la polémica privatización de la Sanidad madrileña y de él han sembrado todo tipo de sospechas los socialistas, por sus inclinaciones y hasta por su vínculo matrimonial con una consejera del gobierno del PP en Castilla-La Mancha. De hecho, algunos socialistas comentaban en privado que removerlo de su puesto para incorporarlo al CGPJ es una estrategia para quitarse de en medio a un “juez hostil”. Tal vez no se han enterado de lo que votaron en el Parlamento, pero los nuevos vocales compatibilizarán su trabajo con su vocalía en el CGPJ… o ¿tal vez su dedicación exclusiva al órgano de gobierno de los jueces va en el pacto?

Quien sí parece tenerlo claro es el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, quien ha advertido a Rubalcaba que dejará su escaño en el Senado si tiene que votar a Martínez Tristán.

Sea como sea,  al final tanto ruido ha quedado en nada: el PSOE le acepta, igual que el PP admite que el ex diputado socialista Alvaro Cuesta encaja en el perfil de “juristas de reconocido prestigio”. Y en la misma situación CiU coloca a Mercè Pigem, que pasará de sentarse en el Pleno del Congreso a hacerlo en el Pleno del CGPJ.

Entre esos profesionales de reconocido prestigio, asimismo, el PP ha logrado rizar el rizo y nombrar a la Abogada del Estado, Nuria Díaz Abad, quien estará trabajando para el Estado y a las órdenes del gobierno de turno y, al mismo tiempo, se ocupará de los nombramientos, las sanciones o los permisos al Poder Judicial. Todo un ejemplo de lo que no debe ser la separación de poderes. Muy sonado entre jueces y magistrados ha sido también la designación de una secretaria judicial en el cupo de “juristas de reconocido prestigio”. Dicen desde las élites judiciales que, “con todo el respeto, un secretario judicial no es el perfil de un catedrático…” Pero todos cohabitarán con más o menos armonía y convivirán en el seno de un órgano que, entre otras cosas, en los próximos cinco años de mandato tiene que ocuparse de nombrar a varios de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que, casualmente, entiende de los asuntos judiciales del gobierno, de los parlamentarios, de los jueces y de algunos presidentes autonómicos.

Por último y para presidir tan controvertido órgano, tiene muchas papeletas ( y todo el apoyo del ministro Gallardón) el magistrado de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, muy en boga en los últimos tiempos por su denodado esfuerzo ante su Sala para tratar de validar el indulto que el gobierno concedió a un kamikaze que mató a otro conductor tras circular 5 kilómetros en sentido contrario. Al conductor suicida lo defendía y defiende el bufete donde trabaja uno de los hijos de Gallardón y a Lesmes lo defiende Gallardón con todo el ímpetu del que es capaz. El problema para Lesmes es que, varios de sus compañeros de Sala, los que le dejaron en minoría y le obligaron a abandonar la ponencia defensora del indulto, dicen haberle perdido el respeto profesional.