Más de 1.500 cargos públicos, incluidos los diputados de IU, firman por la República

Mil quinientos cargos públicos, desde eurodiputados a concejales, han rubricado ya la declaración por la III República, según el dato, poco relevante para unos y significativo para otros, que fue divulgado este domingo, 1 de diciembre, por los promotores de la Junta Estatal Republicana (JER) durante el acto que celebraron en el Ateneo de Madrid. En el escenario del salón de actos de la docta casa, en cuyo techo lucen los frescos de las disciplinas borradas de un plumazo de la enseñaza obligatoria por la nueva ley del ministro José Ignacio Wert, comparecieron desde el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, al diputado por Asturias, Gaspar Llamazares, el también diputado por Valencia, Ricard Sixto, pasando por el eurodiputado de la Izquierda Unitaria Europea, Willy Meyer, o por el alcalde de San Fernando de Henares, Ángel Moreno.

Al encuentro se sumó con retraso, por asuntos familiares, el coordinador general de IU, Cayo Lara. Algunos esperaban la presencia de Julio Anguita, pero el referente del movimiento cívico sigue renuente a acercarse a Madrid. Sí estuvo su gran amigo y promotor del civismo ético republicano, Manuel Monereo, o el exdiputado y coordinador de la Red de Municipios por la III República, Antonio Romero.

Mientras tomábamos un café, Llamazares dio en el clavo cuando comentó que una gran falla del bipartidismo coronado ha sido la negación de la justicia a las víctimas del franquismo. Por cierto que Llamazares obligará al Ejecutivo de Mariano Rajoy y al PP a retratarse en el Congreso de los Diputados sobre la concesión definitiva de la extradición de los torturadores Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, y Jesús Muñecas Aguilar, golpista de la Guardia Civil, para que sean juzgados en Argentina. De momento, el Gobierno ha remitido el asunto a la Audiencia Nacional, pero tiene la última palabra.

Con el escenario abarrotado de cargos y el salón lleno de gente, el cantautor José María Alfaya leyó la declaración republicana, todo un alegato contra un “sistema descarnado” que sin ningún tipo de contemplaciones “sume en la pobreza a la mayoría de los ciudadanos en beneficio de una minoría”. El manifiesto proclama que el sistema está “agotado”, es “injusto” y adolece de “graves carencias democráticas”. Y ello debido a un “bipartidismo” que, además de poco democrático, sólo puede ofrecer “más injusticia y más corrupción”, y a que  han convertido en “papel mojado” los derechos recogidos en la Constitución, y a que el régimen permite que permanezca “de forma vergonzosa” la impunidad del franquismo y niega “la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas”, y a que tenemos “una monarquía corrupta, con ilegitimidad de origen”, y a que el derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación “están siendo seriamente amenazados y reprimidos”.

Esas y otras razones animan a los firmantes a promover “la ruptura” con el régimen monárquico y neoliberal salido de la Transición y a apostar por un Estado republicano, laico, federal, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en una “democracia radical y participativa”, con “la economía al servicio de las personas” y “la ética y la racionalidad” como criterio de funcionamiento de una administración pública sobria, eficaz y transparente.

Más allá de los deseos, al comentar la realidad, Llamazares me informaba de que en Asturias la cobertura al desempleo está cayendo por debajo del 54% y la salida de la crisis no se ve por ninguna parte, y consideraba “irrelevante” el cambio de algunos ministros del que se habla en el PP porque “tenemos un gobierno colonial”, como queda claro después de las rentables revelaciones (para la multinacional que preside José Manuel Lara) del expresidente Zapatero.