El Gobierno insiste en excluir de la Sanidad Pública a los parados que emigren

El Gobierno está utilizando la tramitación parlamentaria del Presupuesto del Estado de 2014 para excluir de la sanidad pública a los desempleados que pasen más de 90 días al año fuera de España. Para ello, la ministra de Sanidad, Ana Mato, aportó la pertinente enmienda a través del grupo parlamentario del PP. El diputado de IU y portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, ha dado la voz de alarma sobre el nuevo ataque a los derechos de los ciudadanos y lo propio ha hecho en el Senado –donde se está tramitando el Presupuesto-- la portavoz socialista en materia sanitaria, María Chivite.

El Ejecutivo ya contempló la exclusión de la asistencia sanitaria a los parados en el decreto que promulgó a mediados de 2012 y por el que, con la excusa de combatir el llamado (por ellos) “turismo sanitario”, liquidó el derecho universal a la asistencia en la sanidad pública a los inmigrantes sin los papeles en regla. La voz de alarma de la oposición obligó a Rajoy y a su ministra Mato a rectificar: a los parados españoles no se les retiraría la tarjeta sanitaria.

Pero la ministra y miembro de la dirección del PP, Mato, que ya ha suprimido 873.000 tarjetas sanitarias a otras tantas personas según los datos que remitió a Bruselas, no renunció definitivamente a seguir recortando el derecho hasta entonces universal a la asistencia pública. Y con la vista puesta en los inmigrantes en paro –para que si se marchan, no vuelvan-- y en los emigrantes españoles –para que tampoco vuelvan--, ha encontrado la fórmula de excluirles de la sanidad por la vía de considerarles “no residentes” si se ausentan de España más de 90 días al año.

La arquitectura jurídica de la enmienda popular es sutil y enrevesada. Añade una “disposición final” a la ley de 2003 del Sistema Nacional de Salud en la que afirma que “tendrá la condición de asegurado” quien se encuentren en la siguiente situación: “d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.

Y en otro apartado precisa: “A efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario tiene su residencia habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural”.

Si este precepto no es anulado por el Congreso en la votación final del Presupuesto de 2014, miles de inmigrantes con residencia legal en nuestro país y de emigrantes españoles en el extranjero perderán su derecho a la asistencia sanitaria cuando regresen y a los convenios de asistencia en otros países. “¿Pretende con esta medida el Gobierno seguir reafirmando la universalidad del sistema sanitario?”, pregunta de forma irónica la senadora socialista por Navarra María Chivite, al tiempo que destaca que la ministra Mato lleva 20 meses sin aparecer por la comisión correspondiente de la Cámara Alta.

Con mayor contundencia, Gaspar Llamazares ha preguntado por escrito al Ejecutivo: “¿Cuál es la razón para esta nueva exclusión? ¿Por qué se ensaña con los sectores más débiles? ¿Qué alternativas de atención sanitaria les deja el Gobierno a los emigrantes españoles en el extranjero? ¿Qué tiene que ver esta medida excluyente con el Estatuto de los españoles en el extranjero?”

Para cientos de miles de familias, cuyos hijos han tenido que emprender el camino del “exilio económico” ante la negación de las condiciones de vida y trabajo en España, el nuevo precepto resulta injusto y desalentador. “No contribuye, precisamente, a prestigiar la marca España”, dice un joven universitario que ha fichado por un equipo de fútbol de Estados Unidos. La nueva disposición por sorpresa se añade a la inesperada negativa del pago de las becas Erasmus que el ministro José Ignacio Wert publicó en el BOE. Tras afirmar que fue “un error técnico”, todavía no lo ha rectificado.

Por otra parte, los diputados del PSOE Antonio Hurtado y Gracia Fernández presentaron el 4 de diciembre una proposición no de ley para acabar con “la situación endiablada” a la que se está sometiendo a los inmigrantes. Para regularizar su situación han de obtener primero el permiso de residencia, “pero cuando acuden a obtener el arraigo social, en muchos casos se les deniega porque el contrato de trabajo que aportan corresponde a un empresario que tiene alguna deuda con la Seguridad Social o con la Hacienda Pública”. Por esta vía, aunque pagan impuestos, se les niegan los derechos sanitarios y educativos. Se les convierte en parias.