La infidelidad de la Agencia Tributaria

¿Qué es peor, engañar a la pareja o que ésta se entere? Seguramente, la mayoría coincidirá en que el acto esencialmente malo es el engaño, aunque aisladamente considerado no conlleve consecuencias. Porque, les guste o no, un hecho neutro como es que la pareja adquiera el conocimiento de la infidelidad, ya en un segundo momento, es el que desata las consecuencias indeseables para el infiel.

Con las evidentes distancias, algo similar ha ocurrido con la Agencia Tributaria y los informes contradictorios para evitar que Cristina de Borbón sea imputada por delito fiscal. El acto negativo sería el dictamen que da por buenas unas facturas que cinco meses antes eran “simuladas” y que permitiría que el fraude cometido por la Infanta no alcanzara los 120.000 euros —límite entre el delito y la infracción administrativa— en el ejercicio de 2007.

Pero las consecuencias no se han producido hasta que los medios de comunicación, y especialmente El Mundo, han desvelado las contradicciones. Así que, de ahí debe venir esa manía de los poderosos de “matar al mensajero”.

Porque siempre hemos sospechado que,  a pesar de aquella publicidad que decía que Hacienda somos todos,  la red de malla fina que los honrados inspectores de Hacienda tejen para pillar a los españolitos de a pie que se desvían a la hora de hacer frente a sus obligaciones tributarias no se extiende por igual para unos que para otros. Periódicamente hemos tenido perlas puntuales que avalaban esa hipótesis, como aquella declaración de la renta del inefable Luis Roldán, que con un sueldo anual de más de nueve millones de pesetas en su etapa al frente de la Guardia civil, y por el que debía tributar más de la tercera parte, cotizaba al fisco 5.000 pesetas. Pero una cosa es tener la sospecha de que “alguien de los de arriba” ha mirado para otro lado en un proceso de inspección y otra poner por escrito datos que contradicen un informe anterior con el nada loable propósito de confundir a un juez.

Porque, ¿qué otro sentido puede tener que el mismo perito que en junio consideró “simuladas y cruzadas” unas facturas, en noviembre las dé por buenas? ¿Puede ser un error? Pues parece poco verosímil, porque no se trata solo de un calificativo.

Las tres facturas suman 69.990 euros y fueron emitidas por Intuit Strategy Innovation Lab, la empresa de Diego Torres y su mujer, a Aizoon, la sociedad de Urdangarin y la Infanta, al 50%, por supuesta asesoría. Al descontarla como si fuera un gasto real, ni Aizoon ni Cristina de Borbón habrían cometido delito fiscal porque no habían llegado a defraudar la cuota mínima de 120.000 euros. Si contamos con que el gasto no fue tal, el fraude alcanzaría los 127.000 euros y sí constituiría delito.

El caso es que ya en 2011 la Fiscalía Anticorrupción consideró que los cargos pasados por Intuit eran ficticios. Se basaba en que el Instituto Nóos había cesado toda actividad en 2006 y que, por tanto, todas las facturas de sociedades del grupo, entre las que figuraban las tres de Intuit a Aizoon, solo tenían por objetivo “vaciar los fondos de la Asociación Instituto Nóos, apoderándose de los mismos, utilizando facturas con conceptos falsos o por importe superior al servicio realmente prestado”. De una claridad meridiana.

Además, en junio de este año, la Agencia Tributaria señalaba que tanto Intuit como Aizoon carecían de “estructura empresarial” para proporcionar el servicio facturado y consideraba que el entramado societario alrededor de Nóos constituía un “mero instrumento para drenar y distribuir recursos obtenidos por Nóos entre sus dos propietarios Torres y Urdangarin”.

De modo que todo parece indicar que el único objetivo posible de tan enrevesada maniobra es librar a Cristina de Borbón de una imputación por delito fiscal. Y el hecho de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, haya recalcado ­-¡por octava vez!- que no existe ningún motivo para que la Infanta comparezca como imputada no parece desmentirlo. Lo mismo que ninguno de los Gobiernos autonómicos ­–Baleares y Valencia-, personados como acusación, estén dispuestos a pedir la imputación de la hija del Rey. Las instituciones, a su servicio, al parecer.

Aunque no está todo dicho. Porque, por si no lo saben, los que deciden si en la actividad de Aizoon, Urdangarin o la Infanta existen indicios de delito fiscal no son los inspectores de la Agencia Tributaria que emiten los informes, sino los jueces, que valoran si esos dictámenes tienen credibilidad o no.

Resulta que el sindicato mayoritario de inspectores de Hacienda, Gestha, a través de su portavoz, Carlos Cruzado, ha declarado a El Mundo: “Jamás se deberían haber incluido como deducibles esas facturas”. Y tres mandos de la Agencia Tributaria, el último el jefe de la Inspección, han dimitido por discrepancias con el director general a propósito de temas como este y el de Cemex.

Por todo ello, muy probablemente, el instructor del caso Nóos, José Castro, profundice en por qué se han incluido esas facturas como gasto deducible en el último informe. Y muy bien van a tener que explicárselo.  Porque como no lo vea muy claro y el juez intuya que le han querido engañar, puede tener la tentación de deducir testimonio por prevaricación administrativa contra el funcionario autor de los informes de Hacienda, por haber falseado a sabiendas su contenido. Probablemente el caso acabaría archivado, pero el susto no se lo quitaría nadie.

Ya ven. Es la certeza de las pruebas la que convierte los hechos en intolerables. ¿No les parece que Hacienda nos ha sido infiel a todos los españoles?