Víctimas del accidente de tren de Santiago reclaman una comisión que depure «responsabilidades políticas»

De izquierda a derecha: Laura del Moral, Jesús Domínguez y Rogelio Bernardo, víctimas del accidente de tren de Santiago. / A.T.
De izquierda a derecha: Laura del Moral, Jesús Domínguez y Rogelio Bernardo, víctimas del accidente de Santiago. / A.T.

Laura del Moral y Jesús Domínguez, a la izquierda y el centro de la imagen, viajaban en el tren Alvia 04155 que debía llegar a Santiago la noche del pasado 24 de julio. Rogelio Bernardo, a la derecha de la fotografía, perdió a un familiar que trabaja a bordo del tren. Los tres arrastran secuelas físicas y psicológicas y también los tres actúan como coportavoces de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. Este artículo, sin embargo, no trata sobre sus secuelas, ni de sus recuerdos, ni sobre cómo lograron escapar del amasijo de hierros en el que se había convertido el Alvia. “Los medios centran la atención demasiadas veces en el dolor”, se lamenta Domínguez. Este texto está centrado en la reclamación que las víctimas ponen encima de la mesa: “Queremos que se cree una comisión de investigación en el Congreso y en el Parlamento de Galicia. Han pasado cinco meses y aún quedan preguntas sin resolver. En este asunto debe haber responsabilidades políticas”, explica a este medio Jesús Domínguez.

De hecho, con el objetivo de hacer pública esta demanda, la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 ha convocado este martes una concentración en las inmediaciones del Congreso de los Diputados a las 12.00 horas. No obstante, a pesar de la voluntad de las víctimas, la manifestación no se celebrará en la puerta de la sede del Parlamento como deseaban, sino en la Plaza de Neptuno. La razón que ha alegado la Delegación de Gobierno de Madrid para desplazar el lugar de la concentración es que los diputados “legítimamente elegidos, deben ser preservados de toda clase de presión psicológica”.

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Con la celebración de esta concentración, la Plataforma quiere dejar de hablar del accidente de Santiago como una tragedia cuyo único responsable fue el maquinista y comenzar una campaña que finalice con una comisión de investigación que ponga “luz y taquígrafos” sobre la cadena de decisiones y responsabilidades que permitió que un fallo de un maquinista pudiera costar la vida a 79 personas. “Se han invertido más de 3000 millones de euros en este recorrido y 175 millones en el sistema de frenado automático y justo en este tramo, casi el más conflictivo, no tiene sistema de frenado automático. No entendemos qué ha pasado con ese dinero ni cómo tomaron la decisión de no instalarlo ahí”, crítica Laura del Moral.

El razonamiento de la Plataforma sigue una lógica que parece aplastante. “Si Adif y Renfe son empresas públicas dependientes del Ministerio de Fomento, los responsables de estas dos empresas deben acudir al Congreso a explicar cómo se diseño el tramo y cómo se gastaron los millones presupuestados. Se debe dar una respuesta porque son decisiones políticas”, insiste Domínguez, que incide en que algo se debió hacer mal si el tren terminó saliéndose de las vías.

Las preguntas que a juicio de Domínguez quedan por resolver son las siguientes: “¿Por qué se adelantó la inauguración de la línea? ¿Qué ha pasado con el dinero de los sistemas de seguridad en el frenado? ¿En qué se ha gastado los 3.300 millones de presupuesto? ¿Por qué Fomento no está facilitando toda la información al juez del caso?”, se pregunta Domínguez, que asegura que responder a estas y otras tantas preguntas debería ser una obligación de cualquier país democrático. “Tanto en Francia como en Argentina ha habido dimisiones tras sus accidentes ferroviarios. Aquí no ha dimitido nadie”, denuncia.

Rechazo a una comisión

La petición de las víctimas de crear una comisión de investigación fue ya rechazada en el Congreso de los Diputados. Entonces, la petición de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de constituir una comisión que depurara las posibles responsabilidades penales fue rechazada por PP, PSOE, CiU y el PNV. Rafael Simancas, del Grupo Socialista, afirmó estar de acuerdo con los objetivos de Izquierda Plural pero que discrepaba de los métodos propuestos, al considerar que se debe dar al menos «una oportunidad» a la subcomisión parlamentaria para arrojar resultados.

Las víctimas, no obstante, consideran que la subcomisión de Fomento, creada a raíz del accidente del Alvia y que el pasado 18 de septiembre salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos en la Comisión de Fomento, no está enfocada a resolver estas dudas, ya que su propósito es “analizar la situación del sistema ferroviario español” y “proponer mejoras” y no la depuración de responsabilidades políticas.

“Fomento nos ha engañado”

La indignación de las víctimas por la escasa transparencia de Fomento y la ausencia total de responsabilidades políticas se extiende al trato recibido por parte de responsables políticos, incluida la ministra Ana Pastor y el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá. “Me siento engañado por Fomento. En la reunión que mantuvimos en el Ministerio se nos comunicó que se estaba facilitando toda la información posible al juez. Apenas un día después, el juez denunció en un auto que se no le está facilitando toda la información que ha pedido. Este tipo de cosas hace que te surjan más preguntas”, afirma.

También ha dolido, y mucho, a las víctimas la actitud y las declaraciones de Rafael Catalá, quien señaló en una entrevista realizada pocos días después del descarrilamiento del tren que no fue un accidente de una línea de “alta velocidad”. “Nuestra preocupación, aparte de por las víctimas, es ser capaces de informar de que el accidente no es de la alta velocidad como algunos medios, muy errónea y dañinamente, han titulado. Si trasladamos esa idea estamos haciendo un gravísimo perjuicio a la industria ferroviaria española -que no son los gobiernos estatal o autonómico-. Si fuese un accidente de alta velocidad invalidaría alguna oferta de estas empresas para el futuro”, señaló Catalá al diario La Opinión de A Coruna.

La insistencia de Fomento en señalar que la línea A Coruña-Santiago de Compostela-Ourense no es de Alta Velocidad en su totalidad lastima la inteligencia de las víctimas de aquel accidente, entre otras cosas, porque las palabras de Catalá contradicen a la nota de prensa del Ministerio de Fomento del sábado 10 de diciembre de 2011, día en el que se anunció la inauguración de la línea, cuyo titular es “Fomento pone en servicio la Línea de Alta Velocidad A Coruña-Santiago de Compostela-Ourense”.

“La nueva LAV [Línea Alta Velocidad] permite un aumento de la velocidad máxima de circulación, mayor seguridad y fiabilidad en la gestión del tráfico ferroviario y, por lo tanto, una reducción general en los tiempos de viaje y el incremento de la calidad del servicio ferroviario. Entre sus ventajas destaca también el incremento de la seguridad mediante el uso de tecnologías punta en los sistemas de conducción automática de trenes y la ausencia de pasos a nivel en el recorrido”, señala la nota de prensa de entonces.

Sobre este asunto, Domínguez apunta que en su reunión con la ministra las víctimas le pidieron que anunciara en una rueda de prensa en qué estado están realmente las vías, cuáles tienen conducción automática y cuáles no. “La gente tiene derecho a saber si la seguridad de una máquina de 400 toneladas que va a 200 kilómetros por hora depende solamente del maquinista o también de otras tecnologías. Porque si llego a saber que sólo depende del maquinista no me hubiese montado nunca en ese tren”, asegura.

“No todos viajan en un Mercedes”

Sin embargo, la frase más dolorosa que han tenido que escuchar las víctimas del accidente de tren llegó de la boca de Barrón de Angoiti, presidente de la comisión técnica promovida por el Ministerio de Fomento y directivo de Unión Internacional de Ferrocarril. “Todo es mejorable, pero de forma razonable, porque todos no podemos ir en Mercedes, ni todas las ciudades españolas pueden tener metro o todos los transportes», indicó tras la primera reunión de la comisión.

Esa frase. La de “todos no podemos ir en Mercedes” hirió profundamente. “Parece que este señor quiera dar a entender que los gallegos deben ir en peores trenes y menos seguros que los que vivan en otras regiones de España. No sé cómo pudo decir algo así”, sentencia Rogelio Fernando.