Los presos de ETA sorprenden al Gobierno, acatan la ley y piden la “vía Nanclares”

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Captura del vídeo difundido por el Colectivo de Presos de ETA en el que la etarra Marixol Iparagirre lee el comunicado. / Barrutik kalera (YouTube)

Tres años después de la renuncia definitiva de ETA a la actividad terrorista, el colectivo de presos (más de 400 dentro y fuera de España), agrupados en el EPKK, sorprendió al Ejecutivo con la declaración más importante e impactante que se podía esperar. Decir, como han dicho, que “cumplirán la ley” no es grano de anís después de cinco décadas de asesinatos, secuestros y extorsiones. Los presos renuncian para siempre al terrorismo, aceptan las vías democráticas, asumen la ley, admiten su culpa y la legalidad de las condenas, reconocen el “sufrimiento y daño multilateral generados”, cargan con toda su responsabilidad y están dispuestos a suscribir “los compromisos individuales necesarios” –que incluyen la petición de perdón a las víctimas, que no mencionan-- para que se les trate como a los demás reclusos y poder volver a casa.

Quien haya seguido el proceso desde la renuncia de ETA al terrorismo podrá afirmar que el Ejecutivo y, más concretamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tiene motivos para estar satisfecho, pues los presos han acabado aceptando la “vía Nanclares” (nombre de la prisión alavesa) que él propuso dentro de la más estricta legalidad para facilitar el acercamiento, la progresión de grado y la libertad condicional. Hasta el momento, una treintena de presos han optado por esa vía. Aunque el Ejecutivo respondió ayer con el silencio –lo propio hizo el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu, que anuncia para hoy su respuesta--, el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, calificó el comunicado de “auténtica novedad” y destacó el hecho de que por fin se hayan dado cuenta de que “con este Gobierno no hay atajos y no les queda otra que reconocer la legalidad y el Estado de Derecho”.

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Para el secretario de organización del PSE-EE y exconsejero de Interior vasco, Rodolfo Ares, no hay duda de que la declaración dirigida a la web de Gara y leída por Marisol Iparragirre como respuesta a los compromisos del Foro Social de Euska Herria “supone un avance sustancial respecto las posiciones mantenidas hasta ahora por los reclusos, que exigían en la práctica la amnistía sin admitir responsabilidad alguna por unas acciones terroristas que han causado más de 850 víctimas mortales y una enorme herencia de sufrimiento”. Lo relevante del comunicado, según Ares, es la disposición de los presos a recorrer de forma individual el camino de la reinserción y reconocer el daño causado. “Eso es precisamente lo que les veníamos reclamando”.

Al Gobierno de Mariano Rajoy le corresponde ahora responder y mover ficha, lo que significa que no podrá seguir ignorando por más tiempo la progresión de grado y el acercamiento de los reclusos. La legalidad vigente exige la revisión de los expedientes individuales de condena, congelada desde hace décadas, en gran parte debido a la decisión de los cabecillas de no aceptar las revisiones individuales aunque las hayan planteado de forma colectiva. Más de un centenar de ellos tienen además causas pendientes de juicio.

El Ejecutivo también deberá aplicar la previsión de la ley penitenciaria sobre el cumplimiento de las condenas lo más cerca que sea posible del ámbito social y familiar más próximo y favorable al objetivo de la reinserción. En este sentido no hay especiales dificultades técnicas para acercar a los reclusos y activar el convenio con Francia para que quienes lo soliciten sean trasladados, habida cuenta de que los últimos datos oficiales indican que en los centros penitenciarios de Álava hay 99 plazas libres, en Navarra hay un centro nuevo y en las prisiones cercanas de Santoña (Cantabria) y Villabona (Asturias) se cuentan otras 250 plazas libres.

Los medios consultados explican que el temor al deterioro político por el goteo de excarcelaciones de antiguos etarras podría llevar al Ejecutivo a transferir al Gobierno vasco las competencias penitenciarias que sin ningún entusiasmo el PNV viene reclamando desde el siglo pasado. El traspaso de la gestión penitenciaria y, en consecuencia, de los informes para que puedan acceder al tercer grado, ha sido abordado en varias ocasiones entre Madrid y Vitoria sin alcanzar compromisos firmes hasta ahora. Pero la situación puede variar en pocos meses porque ni Rajoy ni la mayoría de los dirigentes del PP desean que se prolongue el reproche y el deterioro que vienen sufriendo desde la anulación de la “doctrina Parot” por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Hasta el momento, ningún miembro del Gobierno --ni el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ni el de Interior, Fernández, ni el propio Rajoy-- han sido capaces de explicar que no sólo la recurrente Inés del Río, sino los demás beneficiados por la sentencia inapelable del TEDH tendrían que estar en libertad por haber cumplido toda su condena (30 años de cárcel en el caso de la exjefa del comando Madrid) si en 2006 el propio PP no hubiera invocado el “que se pudran” y respaldado la reforma del PSOE que anuló, de hecho, los beneficios penitenciarios para evitar que a partir de 2010 fueran quedando en libertad los que ahora han salido de la cárcel con gran escándalo de los mismos medios que jalearon aquella reforma.

Ante la nueva situación, las fuentes consultadas coinciden en que el Gobierno volverá a pedir lealtad y discreción a las fuerzas políticas y aunque califique de “avance positivo” el paso que han dado los presos, les exigirá el famoso paso definitivo: que pidan a ETA que se disuelva y entregue las armas, algo que, por lo demás ya avanzó el socialista Ares poco después de conocer el comunicado.