Interior paga 6 millones a la empresa del Madrid-Arena por proteger al PP vasco

El ministro del Interior, Jorge Fernán Díaz, durante una comparecencia en el Congreso. / Efe
El ministro del Interior, Jorge Fernán Díaz, durante una comparecencia en el Congreso. / Efe

Algo todavía más grave que la tragedia del Madrid-Arena, en la que murieron por asfixia y aplastamiento cinco jóvenes la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en la macrofiesta de Halloweed, tendría que ocurrir para que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, abandonase su línea de conchaveo y favores legislativos a las empresas de seguridad privada. Esto piensan algunos diputados socialistas al comprobar el esmerado trato a la empresa Seguriber, responsable de la seguridad de la fiesta que acabó en tragedia, a la que Interior no sólo no ha abierto expediente sancionador, sino que ha seguido renovando los contratos para que mantenga los servicios de escolta a cargos públicos y dirigentes del PP vasco dos años después del cese definitivo de la violencia de ETA.

Ya es sabido por la investigación que desde hace más de un año dirige el titular del juzgado 51 de Madrid, Eduardo López Palop, que en el recinto Madrid-Arena, concedido por toda la legislatura por el vicealcalde de Ana Botella al empresario amigo de la entidad Diviertt, Miguel Ángel Flores, se triplicó de largo el aforo –de 7.000 a 23.000 personas–, sin que los responsables de Seguriber, contratada para garantizar la seguridad de la fiesta, hicieran algo para evitarlo. Ahora además sabemos que el ministro Fernández Díaz se ha negado a contestar a las preguntas que en su día le formularon los diputados del PSOE Ángeles Álvarez y Antonio Trevín sobre si había abierto “algún expediente a la empresa Seguriber” y “en qué estado se encuentran las actuaciones”.

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El titular de Interior se ha escudado en que ya existe una investigación judicial. Y con tal excusa ha hecho la vista gorda y ha abdicado en este caso de las competencias sancionadoras por la vía administrativa que tanto le gustan y que no ha dudado en ampliar en su proyecto de ley de Seguridad Ciudadana contra la libertad de expresión y de manifestación. Pero el ministro no sólo ha pecado por omisión, ya que, según los datos recabados por Álvarez y Trevín, ha pagado religiosamente y renovado los contratos con Seguriber por un valor superior a 6 millones de euros desde entonces.

Así, en noviembre de 2012, cuando se produjo la tragedia de la que los empresarios de esa empresa de seguridad fueron corresponsables, Interior les abonó 1.333.437,99 euros por el contrato de protección de personas en Euskadi y Navarra desde junio hasta noviembre de ese año. Aunque ya habían pasado doce meses desde la renuncia definitiva de ETA a su actividad criminal y más de dos años desde el anuncio de que no cometería más atentados, secuestros y extorsiones, Fernández Díaz renovó la contrata a Seguriber para que siguiera protegiendo a personas del PP desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de junio de 2013, por importe de 2.368.728,81 euros. Y aún prorrogó el contrato para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de enero de 2014, por idéntico importe de 2.368.728,81 euros.

En total, la empresa de seguridad, que factura unos 150 millones de euros anuales con unos efectivos ligeramente superiores a 5.000 vigilantes, se ha seguido beneficiando de los seis millones de euros de dinero público de Interior, antes mencionados, que superarían los 8 millones si, como está previsto, el departamento de Fernández Díaz prorroga por tercera vez las escoltas para que los dirigentes del PP vasco puedan realizar sin contratiempos la campaña electoral para las elecciones europeas de finales de mayo próximo.

No obstante, puesto que ETA está cumpliendo su palabra y no tiene mucho sentido mantener las escoltas, Fernández Díaz no ha dudado en abrir nuevas líneas de negocio a Seguriber y otras empresas de seguridad privada, y así, ha utilizado sus competencias ministeriales para emprender un “plan piloto” de seguridad privada en las dos prisiones de Zaragoza, que irá ampliando a “todos los centros penitenciarios”, menos los de Cataluña, que dependen de la Generalitat. El plan piloto fue adjudicado en marzo pasado a Seguriber, que concurrió en una UTE con otras empresas, por 879.338,46 euros. Las fuentes consultadas estiman que la contratación puede llegar a 10 millones de euros cuando la seguridad privada se extienda a todas las prisiones. Detrás de Seguriber, fusionada con Umano a finales de 2013, figuran apellidos de raigambre franquista como los Oriol y De la Mata Gorostiaga en franca convivencia con otros nacionalistas del PNV como los Rubalcaba e Imaz.