LUIS DÍEZ | Publicado: - Actualizado: 11/1/2017 09:48

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El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso (en el centro), flanqueado por los portavoces adjuntos José Antonio Bermúdez de Castro (a su derecha) y Rafael Hernando, en la reunión celebrada este jueves en el Congreso con portavoces y presidentes de Comisión del Grupo Parlamentario Popular. / Facebook del GPP

Los jefes de filas parlamentarias del PP han hecho llegar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el mensaje de que no se complique la vida pidiendo informes para avalar su contrarreforma del aborto y se limite a remitir una fotocopia de la ley de 1985. En la reunión que la dirección del Grupo Popular y los coordinadores de área mantuvieron el jueves, el portavoz Alfonso Alonso criticó el retroceso del proyecto respecto a la despenalización de 1985 y anunció modificaciones. Con mayor contundencia, el portavoz adjunto, Rafael Hernando, dijo a cuartopoder que “Gallardón debería limitarse a hacer una fotocopia de la ley del 85 y enviarla; con ello y con la tutela de las menores es suficiente y nos evitaría conflictos y divisiones”.

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 20 de diciembre un proyecto que suprime el aborto por decisión libre y personal de las mujeres en las 14 primeras semanas de embarazo, en vigor desde 2010, y establece un sistema de indicaciones más restringido que el de 1985 porque elimina las malformaciones del feto de los supuestos legales para abortar y exige dos informes de facultativos diferentes para demostrar el daño a la salud psíquica y mental de la madre. El propio Gallardón reconoció meses atrás en el Congreso que había ayudado a su padre, diputado de Alianza Popular, a elaborar el recurso de inconstitucionalidad contra aquella despenalización.

La ley que despenalizó la interrupción del embarazo estuvo en vigor hasta 2010 en que fue sustituida por la ley de plazos prometida en el programa electoral del PSOE de 2004. La despenalización permitió abortar, entre otras mujeres a la llamada a convertirse en primera dama, la periodista Letizia Ortiz antes de divorciarse de su primer marido y contraer segundas nupcias con el príncipe Felipe de Borbón y Grecia. Aquella despenalización admitió tres supuestos: en cualquier momento si existe “un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”, en las 12 primeras semanas en caso de violación, y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con “graves taras físicas o psíquicas”.

El recurso de inconstitucionalidad de Gallardón padre en el que trabajó Gallardón hijo fue refutado por el Tribunal Constitucional, que avaló la despenalización. Pero al hijo le sentó tan mal el revolcón jurídico y político que casi treinta años después, ya convertido en ministro de Justicia por decisión de Mariano Rajoy, ha procurado resarcirse con una contrarreforma que solo tiene el apoyo de los sectores más integristas del clero católico y más retardatarios de su partido. Contra ella se han pronunciado desde la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hasta el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, pasando por el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el de Cantabria, Ignacio Diego, o la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, y, desde luego, la diputada y vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, partidaria del derecho a la libertad de las mujeres a decidir su maternidad.

Aunque Villalobos ha pedido libertad de voto y los socialistas han anunciado que pedirán votación secreta, el reglamento del Congreso lo impide en la toma en consideración de los proyectos de ley. Por tanto, el PSOE y la mayoría de los demás grupos opuestos a la contrarreforma de Gallardón tendrán que conformarse con medir la discrepancia interna entre sus señorías del PP en la votación secreta, si la piden, a la proposición no de ley que han anunciado para pedir al Ejecutivo que no acometa la contrarreforma. Los socialistas estiman que el Gobierno puede retrasar el envío del proyecto, todavía pendiente de informes complementarios, hasta después de las elecciones europeas. A su vez, el Tribunal Constitucional, tiene pendiente el veredicto sobre el recurso del PP contra la ley de plazos.

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