El PP impone en solitario sus leyes a favor de los genocidas y en contra del aborto

Javier Couso, a la izquierda de la imagen junto a su madre, Maribel, y el diputado de IU Gaspar Llamazares, tras mantener ayer un encuentro en el Congreso. / Fernando Alvarado (Efe)
Javier Couso, a la izquierda de la imagen junto a su madre, Maribel, y el diputado de IU Gaspar Llamazares tras mantener ayer un encuentro en el Congreso. / Fernando Alvarado (Efe)

Gran triunfo parlamentario en Madrid del gerifalte chino Jiang Zemin y del arzobispo católico Antonio María Rouco Varela en el primer pleno ordinario del Congreso tras las vacaciones navideñas por distintos motivos. El PP sacó adelante en solitario la supresión, con carácter retroactivo, de la jurisdicción universal que afectaba al expresidente de China por el genocidio en el Tibet y a un buen puñado de criminales de guerra y autores de delitos de lesa humanidad presentes en doce sumarios abiertos por los jueces de la Audiencia Nacional. Aunque en solitario también, el PP derrotó en votación secreta por 183 de sus 186 diputados frente a 151 de los demás grupos y 6 abstenciones de Unió la proposición no de ley socialista pidiendo al Gobierno que no sustituya la actual ley de plazos para abortar por su anteproyecto de supuestos y tutela de las mujeres, mucho más restrictivo que el de 1985, como pedía el jefe de los obispos. Tras el veredicto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fue besuqueado y felicitado por varias diputadas conservadoras y salió del hemiciclo más contento que unas castañuelas.

Como decía Gallardón que decía Jack el Destripador: “Vayamos por partes”. La ley que limita la jurisdicción universal de la justicia española es, según denunciaron todos los grupos, el “triunfo de la impunidad” frente a la dignidad democrática de nuestro país. Pero cuando llegó la votación, el PP impuso el recorte por 179 votos frente a 163. La socialista Soraya Rodríguez auguró “una denuncia contra España por conculcar las convenciones internacionales firmadas”. Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, afirmó: “Cambian la marca España por la marca de Caín”. Jordi Janè, de CiU, dijo: “Esta reforma tiene claros aspectos de inconstitucionalidad porque el 9.3 de la Constitución impide la retroactividad”. Aitor Esteban, del PNV, lamentó que se haya presentado por sorpresa y sin diálogo. Irene Lozano, de UPyD, destacó que “beneficia a los corruptos y evasores de capitales con testaferros en otros países, a los que ni siquiera se podrá investigar”. Joan Tardà, de ERC, remachó: “Entre José Couso y sus asesinos, han optado por los asesinos”. Y, en fin, Sabiño Cuadra, de Amaiur, subrayó que “si en otras materias éramos una franquicia de la Troika, hoy sabemos que en materia judicial también lo somos de las grandes potencias y de la burocracia criminal china”.

Los nombres del reportero Couso, asesinado en Irak, cuya madre y hermano fueron recibidos por los portavoces parlamentarios; Ignacio Ellacuría, asesinado en El Salvador con otros jesuitas de la Universidad Centroamericana; Carmelo Soria, asesinado por los sicarios de Pinochet en Chile; la matanza en la embajada española en Guatemala; el genocidio en el Sahara, donde aparecen restos de españoles en fosas comunes; los crímenes de lesa humanidad en Gaza y otros sumarios que se verán anulados con la entrada en vigor de una reforma que Llamazares consideró una “ley de punto final”, fueron invocados por casi todos los portavoces de la oposición sin que lograran mover ni conmover al PP. La reforma tiene caracter retroactivo y anula todos los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional (Ver informe de Amnistía Internacional al respecto).

La mayoría coincidió en la denuncia de la permeabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy ante las quejas y presiones de la oligarquía china implicada en las matanzas de los años ochenta y noventa en Tibet. La portavoz de Exteriores de China, Hua Chunying, hizo saber el martes que la orden internacional de detención del expresidente Zemin, el exprimer ministro Li Peng y de otros tres imputados en los crímenes de lesa humanidad en Tibet, dictada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, les huele a cuerno quemado. “China está muy molesta y se opone firmemente a las acciones erróneas adoptadas por las instancias españolas, haciendo caso omiso de la posición de China”, dijo Hua. Y entre los intereses económicos y los derechos humanos, el Ejecutivo español no ha tenido ninguna duda: primero la cartera. Y que el ciudadano español Thubten Wangchen y la Asociación de Amigos del Tíbet, que desde 2008 reclaman justicia por las matanzas, torturas y represión en Tíbet se las averigüen como puedan.

El procedimiento empleado para acometer esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue tildado de felón y vergonzante por varios portavoces. Cuando entre en vigor, los jueces españoles ya no podrán perseguir los crímenes de guerra, contra la humanidad, las desapariciones forzadas, las torturas, las violaciones de menores y de mujeres y otras atrocidades, aunque las víctimas tengan nacionalidad española, si los imputados no están o vienen a España. Para soslayar el preceptivo informe del Consejo del Poder Judicial, el Gobierno no ha planteado un proyecto de ley, sino una proposición de ley a través del Grupo Popular. Su portavoz, José Miguel Castillo Calvín, especialista en derecho sanitario y administrador concursal, leyó correctamente un texto, lo que le valió el calificativo de “hombre-libro” por parte de la socialista Rodríguez. Sólo respondió a las críticas de procedimiento, recordando que el Gobierno del PSOE ya recortó en 2009 (con el apoyo del PP) la jurisdicción universal mediante una enmienda y sin informe alguno. Aquello fue cuando Israel se quejaba de los procesos abiertos por Baltasar Garzón por las matanzas de palestinos.

Publicidad

Alberto Ruiz-Gallardón, ayer, entregando su voto a favor de la tramitación de la nueva ley del aborto en el Congreso a su presidente, Jesús Posada. / Kiko Huesca (Efe)
Alberto Ruiz-Gallardón, ayer, entregando su voto a favor de la tramitación de la nueva ley del aborto en el Congreso a su presidente, Jesús Posada. / Kiko Huesca (Efe)

El triunfal Gallardón

El debate sobre el aborto permitió a la número dos del PSOE y candidata al Parlamento Europeo, Elena Valenciano, pedir a las parlamentarias del PP “que no voten como diputadas lo que no votarían como mujeres”. Pero ninguna, ni siquiera Celia Villalobos, le hizo caso. De “innecesaria, cruel e insoportable” calificó Valenciano la reforma de Gallardón. Varias portavoces consideraron insólito que la contrarreforma del aborto sea “el único punto del programa electoral del PP que están dispuestos a cumplir”. Teresa Jordà, de ERC, proclamó que “ni Gallardón ni Rouco van a decidir por mí” y recordó que en 1976 murieron entre 200 y 400 mujeres por abortos clandestinos, según los datos judiciales de aquella época a la que el anteproyecto del Gobierno pretende devolver a las mujeres. Eso sí, como todavía no ha sido presentado, la diputada del partido confesional católico Unió Democrática de Catalunya, Monserrat Surroca, anunció que sus seis diputados se abstendrían a la proposición de ley socialista que pedía que no se envíe.

Con distintas palabras, pero con el mismo trasfondo, Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD y Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural, coincidieron en que el proyecto gubernamental pretende imponer una determinada moral al conjunto de la sociedad y reivindicaron una legislación laica como la existente que, por otra parte, ha permitido reducir el número de interrupciones de embarazos. “Su proyecto huele a incienso y naftalina”, dijo de las Heras antes de recordar al PP que “su mayoría absoluta no significa absolutismo contra el derecho a la libertad de las mujeres”. En tono de consigna. Onintza Enbeita, de Amaiur, proclamó: “En mi coño y en mi moño mando yo,  ni curas ni frailes católicos”.

Para demostrar el ambiente de unidad, sus señorías del PP aplaudieron mucho a la portavoz Marta Torrado de Castro, abogada y concejala de Valencia con Rita Barberà hasta hace un año, en que, tras renunciar al sueldo de diputada por el de edil, y renunciar un mes después a la paga del consistorio por la del Congreso, acabó abandonando la corporación municipal. Sus principales argumentos fueron que el Gobierno y el PP tratarán de mejorar el proyecto cuando reciban los informes pendientes. “¿No querrán quitar al Gobierno la iniciativa legislativa, verdad?”, preguntó. Tras acusar a los socialistas de no llevar en su programa la ley de plazos de 2009 (la llevaban en 2004), aseguró que “hay muchas mujeres que no pensamos como ustedes, pero no somos menos modernas ni menos formadas que ustedes” y, entre aplausos, denunció “el feminismo rancio con aversión patológica hacia los hombres” y ensalzó a unas “heroínas” a las que no citó para decir: “Pero ustedes no son heroínas”, en general alusión a las portavoces de la oposición.

El resultado de la votación demostró el funcionamiento de la disciplina y la unidad de voto del PP y, como decía al principio, llenó de gozo a Gallardón, que parecía más contento que su colega Miguel Arias Cañete, considerado un “ministro milagroso” por el resultado de la negociación agraria en Bruselas hasta 2020 y al que el Grupo Popular respaldó ayer con una proposición de ley para que disponga del dinero público que necesite para explicar a toda y por toda España el “milagro” de la PAC.