Baltasar Garzón: «El PP ha restablecido la impunidad de los crímenes más graves contra la humanidad»

La cita con el juez Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) es en la sede de ILOCAD, el bufete jurídico que dirige desde el año pasado. Me recibe Baltasar, su hijo, que me hace pasar a una sala de visitas y me explica que su padre viene caminando por el Retiro, el parque que se ve desde los amplios ventanales del despacho.

Mientras espero, me fijo en los cuadros que decoran la sala, y especialmente en una litografía firmada por Miquel Barceló que lleva una inscripción de su puño y letra. Leo: “Sapere aude. Semper erectus. Para Baltasar Garzón, con todo mi apoyo. París, 17 de mayo de 2010”.

Garzón llega casi sin resuello, me saluda –es la primera vez que nos vemos–, me pide disculpas por el retraso y comenzamos la entrevista por lo más inmediato: el intento de un pequeño grupo de jóvenes de reventar su Conferencia del día anterior sobre Derechos Humanos y Democracia en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela:

– A mí no me molesta para nada que la gente exprese su opinión aunque sea dura y aunque sea ácida. Al margen de insultos como fascista, terrorista, torturador. Pero bueno, entra dentro del discurso político que ellos tienen. Lo que ocurre es que en un auditorio donde había 350 personas, que 25 o 30 personas discrepen me parece muy bien, pero que traten de reventar el acto por reventarlo, no me parece correcto, y decidí celebrar el acto porque un grupo que se expresa de esa forma violenta y antidemocrática, no me puede hacer cambiar ni perder la oportunidad de hablar en un foro como ese al que había sido invitado. Lo único que allí demostraron fue bastante intolerancia y poca fuerza democrática porque sus propios compañeros les pedían que debatieran con ellos y conmigo. No me sentí intimidado ni molesto. Yo sé lo que he hecho en la Audiencia Nacional, cómo lo he hecho, con respeto absoluto a la legalidad, y especialmente en el tema del terrorismo siempre buscando las garantías.

– Entre las cosas que hizo, y así lo ha recordado, fue crear un protocolo contra los malos tratos y la tortura que lleva su nombre.

– En España siempre ha habido un déficit como consecuencia de la legislación antiterrorista, que yo pedí que se derogara. De hecho , he procurado siempre, como juez, aplicarla en forma restrictiva. El llamado protocolo Garzón se materializó definitivamente en el año 2006, cuando recogiendo todas las normativas y la jurisprudencia de los convenios nacionales e internacionales establecí una serie de medidas para prevenir tanto la práctica de tortura o de malos tratos como las falsas imputaciones contra funcionarios de policía, que también las había. Consistía en una grabación permanente, desde la entrada de la persona en la dependencia policial hasta la salida, la posibilidad de que la familia supiera exactamente dónde estaba, un control judicial exhaustivo, unos exámenes médicos en determinados intervalos horarios y, sobre todo, la asistencia de un médico de designación de la familia. Las medidas del protocolo las aplicaron los juzgados de la Audiencia Nacional uno, cuatro y cinco, que era el mío. Después, el relator de Naciones Unidas y el Comité de Prevención de la Tortura lo reconocieron como buena práctica. El triunfalismo sería lógico y natural si no obedeciese a ese extraño fenómeno según el cual, cuando se amortiza o liquida un puesto de trabajo suele disminuir el gasto corriente, pues nadie necesita mobiliario, luz, calefacción, teléfono, jabón, papel higiénico, vestuario. Es más, nadie molesta. El número de “nadies” que el Gobierno del PP ha producido en los tres años de mandato con los recortes de los servicios públicos se cifra, según los datos de Montoro y Beteta, en 163.206. Algunos, menos del 1%, pertenecían a entidades que fueron suprimidas o fusionadas. El resto eran funcionarios que no han sido repuestos y personal laboral al que no han renovado los contratos. Se trata de maestros, profesores interinos, profesores universitarios, sanitarios, ujieres, celadores, asistentes sociales, guardamontes, aduaneros, personal judicial y un largo etcétera. Es la contribución del Ejecutivo al paro en ese trienio triunfal de Santamaría.

"Las personas de la izquierda 'abertzale' que me conocen saben que mi perfil no es en absoluto el de alguien que haya amparado la tortura"

– Sin embargo, la especie de que usted amparó casos de tortura ha hecho fortuna no solo en sectores de la izquierda ‘abertzale’, sino también entre grupos independentistas radicales e, incluso, entre miembros del 15M ¿A qué cree que se debe?

– Yo creo que se debe a un desconocimiento muy profundo. Las personas de la izquierda abertzale que conocen como profesionales cuál ha sido mi trabajo saben que no es ese mi perfil. Lo saben absolutamente. Yo lo podría demostrar con hechos y con datos. Tengo que recordar también que en julio de 2006 dicté una resolución autorizando el proceso de diálogo entre representantes de Batasuna, del PNV y del Partido Socialista. Y dije que hablar o negociar para la paz no puede ser delito. Aquello me valió unos ataques durísimos por parte de la derecha política y mediática.
Es verdad que ha habido casos, alguno de los cuales correspondía a mi juzgado, en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que no se había hecho lo suficiente para investigar esos temas de malos tratos o torturas, y aquí es donde hay que hacer la aclaración: la investigación del delito de tortura no es competencia de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados del lugar donde se produjeron. Yo siempre pregunté a los detenidos por el trato que habían recibido de la policía. Si se quejaban, mandaba llamar al médico forense. Si él detectaba malos tratos, inmediatamente se enviaba el caso al juez competente. ¿Qué sucedía ahí?, que en muchos casos el juez no actuaba. De ahí que el Comité de Prevención de la Tortura haya dicho a España: “ustedes no han hecho lo suficiente”, y en algunos casos es verdad.

– Ha recordado que en 2006 autorizó conversaciones para abrir un proceso de paz que, afortunadamente, se inició hace algo más de dos años con el anuncio de “cese definitivo de la actividad armada” por parte de ETA y continuó con el comunicado de los presos, a finales de diciembre pasado, en el que entre otras cosas aceptaban la legalidad penitenciaria. Da la impresión, sin embargo, de que en todo este tiempo el Gobierno no ha movido ficha ¿No cree que el proceso hacia la paz definitiva puede entrar en una peligrosa situación de estancamiento?

– Yo creo que la decisión de ETA es inamovible, en el sentido de que no va volver a la actividad terrorista. El paso definitivo lo dieron y lo están demostrando. Lo que sucedes es que como es un proceso formalmente unilateral –no sabemos qué está haciendo el Gobierno- por parte de ETA, está dando los pasos que considera dar. Y ahora estamos en qué van a hacer respecto de las armas, planteándose cómo y quién podría verificar una entrega unilateral. Por parte del Gobierno se están haciendo algunas cosas relacionadas con los presos. La ‘doctrina Parot’ , que era un obstáculo importante para cualquier avance en ese proceso, ha sido anulada por el Tribuna Europeo de Derechos Humanos. Desde mi punto de vista, y desde el máximo respeto a las víctimas y a su dolor, que es el dolor de todos, creo que hizo lo correcto, porque nunca se debió de implementar esa doctrina.
Por otra parte, la actitud de los presos es un avance, aunque no suficiente porque no ha habido un reconocimiento del daño producido a las víctimas. El discurso de que todos somos víctimas es válido, pero siempre que se reconozca que uno es victimario también.
Desde mi punto de vista, que el Gobierno no dé un paso para distribuir ese espacio de derecho en el que se tiene que mover esta fase final es una equivocación. Creo que tendría que ser mucho más explícito.

– ¿Qué papel cree que deben tener las víctimas en esa fase final?

– Las víctimas tienen que participar. Se tiene que oír su voz, no tanto su voz política, y mucho menos utilizada por el Gobierno o por quien fuere, sino saber lo que opinan como víctimas.

– Hablemos de otras víctimas, las del franquismo, que no parecen tener la misma consideración que las del terrorismo por parte del Gobierno.

– Yo creo que España vivimos una contradicción evidente, una doble moral o una doble vara de medir. Todos estamos de acuerdo en que las víctimas no solo deben de ser protegidas, sino empoderadas por lo que supone la violencia terrorista en un estado democrático. Y tenemos en España esa otra realidad, que se niega por parte de un segmento importante tanto del Gobierno como del PP, que es la de las víctimas del franquismo. No se reconocen los crímenes como tales crímenes. Se niega la existencia de los crímenes. Se proclama la bondad del franquismo hasta el día de hoy. Es decir, se reivindica todavía el franquismo. Cuando se plantean esos crímenes franquistas, catalogados como tales no solo por España en el intento que yo mismo hice, sino por instituciones internacionales o por la Justicia argentina, ante el hecho de que aquí no se puede hacer, se niega. Y no solo se niega, sino que, además, no se opta por buscar la verdad, ni se imparte justicia penal ni hay reparación, porque ni siquiera se acepta la escasa reparación de la ley de Memoria Histórica. Y estamos en una situación en la que, de hecho, las víctimas del franquismo están desconocidas y están siendo permanentemente revictimizadas.

Por tanto yo, que me proclamo defensor de todas las víctimas en el sentido de que creo que hay que empoderarlas, sostengo que la equiparación tiene que producirse. Aquí hay víctimas de crímenes de lesa humanidad franquistas que no han sido reparadas. 150.000 víctimas todavía esperan reparación. Reparación que ya tendría que ser por la vía de una Comisión de la Verdad, que estamos defendiendo y buscando, y por la vía de la exhumación –tiene que haber una política de Estado de exhumaciones y un registro nacional de víctimas–. Lo que yo digo es que lo mismo que hay víctimas del terrorismo, y todas las defendemos, también hay víctimas del franquismo, y todos deberíamos defenderlas.

– Hay otros crímenes de lesa humanidad que hasta ahora podían ser juzgados en España. Pero desde el pasado miércoles, día 12, no parece que vaya a ser posible, después de la aprobación en el Congreso, con los únicos votos del PP, de la proposición de ley que limita extraordinariamente la Jurisdicción Universal.

– Desgraciadamente, el día 12 de febrero de 2014 va a ser una fecha nefasta para la Jurisdicción Universal y, sobre todo, para las víctimas. Me recuerda a aquel espíritu del 12 de febrero de Arias Navarro. Fecha nefasta también. La única tranquilidad es que todos los grupos políticos, excepto el PP, han estado en contra. Para mí es incomprensible que los diputados del PP se puedan quedar tan tranquilos sabiendo que han establecido de nuevo la impunidad de los crímenes más graves contra la humanidad. Y lo han hecho por una imposición externa, en reacción a una orden de busca y captura contra un líder, me da igual que sea chino o de donde sea, por unos hechos criminales que se están investigando. Por tanto, aquí, a los jueces se les respeta si se investiga lo que interesa; en caso contrario no se les respeta y, si no se les puede condenar, se dicta una ley sobre ad hominem o para conseguir que eso desaparezca. Me parece una regresión tremenda. No hay ninguna justificación, ni siquiera la económica, ni siquiera la estratégica, porque sin en algo estábamos destacando en esa Marca España que tanto se proclama era en el tema de la Jurisdicción Universal. Vamos a pelear hasta el máximo para que esto no se consume porque es el desamparo total de las víctimas.

– ¿Tienen alguna posibilidad de prosperar los recursos que algunas fuerzas políticas tienen intención de presentar contra la ley ante el Tribunal Constitucional?

– Desde luego, si el Tribunal Constitucional fuera como debe ser y mantiene su doctrina, esa ley cae, porque las sentencias del caso Guatemala y del caso Falun Gong son absolutamente meridianas, y van en contra de lo que va esta ley. Por tanto, si los principios valen de algo, esta ley no debería prosperar. Pero la actitud del PP es tremenda en el área de los derechos adquiridos y de los Derechos Humanos. Ni en el peor de los augurios que pudiera uno tener cuando comenzó a gobernar el PP cabía imaginar que se pudiera producir la regresión que se está produciendo en España.

– Decía antes que a los jueces se les respeta si investigan lo que interesa; si no, se les condena. No sé si se refiere a su propio caso: 11 años de inhabilitación por las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel (ver sentencia en PDF).

A mí no me cabe la menor duda de que hubo una actitud claramente persecutoria por parte del PP, que se dieron instrucciones para que se coordinaran una serie de acciones en mi contra, en contra de la policía y en contra de todos los que estaban tratando de profundizar en el caso de corrupción más importante de la democracia, que ya va por cientos ochenta y tantos imputados. Eso, unido a una serie de circunstancias corporativas, adelantó un proceso que desde mi punto de vista no estaba justificado. Creo que la sentencia en mi contra fue injusta, y estoy convencido de que esa resolución ya estaba decidida de antemano y que se creó un delito para aplicármelo a mí. Y digo que me lo aplicaron solo a mí porque el juez que me siguió no solo ratificó sino que amplió la medida de interceptación de las comunicaciones, y las utilizó e incluso hizo una entrada y registro en prisión con base en las mismas. Es verdad que después se anularon, pero a él nadie le ha molestado.

"Lo del extravío de la petición para mi indulto es alucinante. Aunque se trate de 'Garzón el apestado' merece una investigación"

– Habla de una persecución política, aunque da la impresión de que también podría ser judicial. El pasado mes de enero nos enteramos de que el indulto solicitado para usted por la asociación Medel (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades) ha estado perdido más de un año, y hace poco más de una semana la Fiscalía del Supremo ha hecho pública su radical oposición a que le sea concedida la medida de gracia.

– Lo del extravío de la petición de indulto es alucinante. Efectivamente, fue presentada por Medel, la asociación más seria que hay en Europa, desde mi punto de vista, y que aglutina a más de 15.000 jueces y fiscales progresistas. El ministro de Justicia ha contestado a Gaspar Llamazares que ha hecho una investigación exhaustiva, que en su Ministerio se cumplieron todos los protocolos y que esa petición, junto con otras siete, salió de allí. Todas las demás llegaron a destino, ésta se volatilizó. Es, supuestamente, en el Tribunal Supremo donde se produce la incidencia. Si eso es así, el Consejo General del Poder Judicial ya debería de haber abierto una investigación al respecto para saber lo que ocurrió. Yo creo que aunque se trate de Baltasar Garzón, el apestado, merece una investigación.
Y luego te encuentras con que el señor fiscal, Antonio Narváez, contradiciendo toda la posición del Ministerio Público anterior, la propia posición del teniente fiscal anterior, que había dicho que no existía delito, ahora resulta que dice que la sentencia está muy bien y que no es conveniente el indulto porque los méritos del señor Garzón no hacen al caso, que no hay ni que entrar en la petición de Medel y que, además, no me he arrepentido. Pero ¿por qué me voy a arrepentir si lo que mantengo es que no he cometido el delito? Yo creo que más bien obedece a un cambio de posición acorde con el nuevo Fiscal General del Estado y con los planteamientos del partido que ahora está en el poder.

– ¿Confía en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que ha recurrido, acabe por darle la razón?

– Todavía no se ha resuelto su admisión a trámite, pero yo espero un pronunciamiento favorable del Tribunal porque hubo denegación expresa de parte de las pruebas, porque no existe una doble instancia, porque yo creo firmemente que por interpretar una norma no puede ser sancionado un juez y porque no se puede condenar a una personas si no está establecido como delito que interceptar unas comunicaciones lo sea. Con esos y otros argumentos podemos esperar una resolución positiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

– ¿Si se produjera un indulto o una resolución favorable del Tribunal Europeo, volvería la carrera judicial?

– Tendría que volver en todo caso. Tengo que tomar posesión y, a partir de ahí tomar una decisión, porque la vida sigue, las actividades profesionales están en marcha como director de un bufete jurídico, ILOCAD, donde estamos trabajando muy duro, y como presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), con cuatro sedes abiertas ya en México, Colombia, Argentina y España, y luchando desde la sociedad civil por la justicia, por las víctimas, y eso es importante también. Por tanto, si se produce esa situación tendré que evaluar lo uno y lo otro, pero creo que yo me moriré siendo juez porque es lo que siempre he sido y lo que quise ser desde los 17 años, y porque me gustaría que cuajara la idea que defiendo: la Justicia como servicio público y los jueces como un colectivo absolutamente implicado en la defensa de la sociedad y no de los intereses corporativos.

"No voy a ser candidato en las elecciones de mayo, pero no digo que no lo vaya a ser en el futuro"

– Además de su implicación en organizaciones de la sociedad civil, usted ha decido participar en política ¿Hasta dónde va a llegar su participación?

– Sí, estoy participando a través de Convocatoria Cívica, una plataforma que formamos múltiples personas y que tenemos que decidir el día 14 cuál es el rumbo que vamos a seguir. Pero también he dicho que participar en política no significa ni tener un cargo ni concurrir como candidato a unas elecciones. Se puede defender una opción política sin ser candidato a nada. Y se puede hacer política con la voz, con la palabra, con la escritura para intentar superar ese abismo que se abre cada vez más entre el desarrollo de la acción política y la ausencia de participación de la ciudadanía.

– ¿Le ha propuesto algún partido político para formar parte de su candidatura europea?

– Directamente, no. Jamás me ha dicho nadie eso, jamás lo he valorado y, además, no es una prioridad para mi. No digo que no lo haga en el futuro, porque no sé qué ocurrirá, pero hoy por hoy lo que le he respondido, como diríamos si estuviéramos en un tribunal americano, es la verdad, toda la verdad y solo la verdad

– ¿En la reunión de Convocatoria Cívica van a decidir cuál es su opción en las elecciones europeas del próximo mes de mayo?

– Será uno de los temas de debate, no tanto para que Convocatoria se presente como para que tome una postura sobre esas elecciones.

– ¿Y su postura cuál es ante la proliferación de plataformas de nuevo cuño en el ámbito de la izquierda?

– Mi opinión es que todas estas plataformas tienen que converger en una sola iniciativa que aglutine una posición común en la izquierda para hacer frente a la derecha.

– ¿Con o sin Izquierda Unida?

– Izquierda Unida debe formar parte de esa iniciativa, por supuesto.