El Gobierno da un contrato de 11 millones a un acusado de fraude al que indultó y que era donante del PP

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Miguel Ángel Ramírez, en una imagen de archivo. / Efe
Actualización del 17-03-14 a las 15:00

La dirigente de UPyD, Rosa Díez, ha presentado una batería de preguntas escritas al Gobierno en las que solicita aclaración sobre el trato de favor al empresario canario Miguel Ángel Ramírez Alonso. Haciendose eco de la información publicada por cuartopoder.es, la diputada Díez pregunta, entre otras cuestiones, si el Ejecutivo va a cambiar la ley de contratos del Estado y si las adjudicaciones al mencionado empresario son una forma de combatir la corrupción.

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El empresario Ramirez Alonso, donante de dinero al PP, fue indultado en noviembre de 2013 por el Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón de una pena de tres años de prisión por un delito ecológico, y se beneficia de un contrato público de más de 11 millones de euros del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia), a pesar de estar acusado judicialmente por Hacienda de un fraude de 2.400.000 euros en 2008 y 2009. Los nuevos datos sobre el singular trato de favor se conocieron coincidiendo con la visita que giró el sábado el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, a Las Palmas de Gran Canaria.

Para conseguir la adjudicación de la vigilancia y seguridad privada del Monasterio del Escorial y otros Reales Sitios del Patrimonio Nacional, dependiente del departamento de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a su empresa, Seguridad Integral Canaria (SIC), Ramírez Alonso declaró que estaba al corriente de pago de las obligaciones tributarias con Hacienda y de las cotizaciones a la Seguridad Social. El empresario, que es amigo del ministro de Industria y dirigente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ganó el concurso público y obtuvo la contrata –algo más de 11 millones de euros por un año, prorrogable por uno más-- sin mayor dificultad. Considerado un lince de los concursos públicos de seguridad privada, también consiguió que le adjudicasen la vigilancia del Metro de Madrid, dependiente del Gobierno autonómico del PP bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.

No obstante, esas adjudicaciones se habrían hecho en fraude de ley, ya que Alonso Ramírez, que también preside la Unión Deportiva Las Palmas, estaba acusado de defraudar a Hacienda 2,4 millones de euros en los años 2008 y 2009, según un informe de la Agencia Tributaria revelado por la Cadena Ser y aportado por la propia Agencia Tributaria a la causa judicial que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Después de que la emisora revelara la situación, Patrimonio Nacional emitió una nota asegurando que había cotejado los datos con Hacienda y que a la Agencia Tributaria no le constaba la deuda, de modo que le adjudicó la contrata entre nueve ofertas.

Esta argumentación oficial resulta “incomprensible” para algunas empresas excluidas –una ha anunciado que recurrirá la adjudicación de Patrimonio Nacional-- y para Antonio Duarte, secretario general del sindicato USO, que instó la acción judicial, máxime cuando el informe de la propia Agencia Tributaria dejaba claro el comportamiento “doloso” del mencionado empresario. A Duarte le parece incomprensible que Hacienda haya dado a Patrimonio Nacional una respuesta diciendo que no tiene constancia del fraude porque “el Gobierno sabe perfectamente que esa empresa defrauda a Hacienda y a la misma vez le está entregando con la mano derecha once millones de euros”. El Ejecutivo autonómico madrileño que ahora preside Ignacio González, vicepresidente con Aguirre, evitó ayer explicar si también habían cotejado los datos con Hacienda antes de adjudicarle la seguridad del Metro.

Hace ya tres meses que el dirigente de IU, Cayo Lara, denunció el esmerado trato que el Gobierno de Rajoy dispensaba al citado personaje. Concretamente, en diciembre pasado formuló como presidente del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural una batería de preguntas solicitando a Rajoy que aclarase si los donativos legales de Ramírez Alonso al PP (50.000 euros en 2011, según la fiscalización del Tribunal de Cuentas) habían pesado en la decisión de concederle el indulto por un delito ecológico. El Ejecutivo todavía no le ha contestado.

Ramírez Alonso fue denunciado por el Seprona de la Guardia Civil por construir sin permisos ni licencias en un terreno rústico del paraje protegido de Pino Santo un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos de 250 y 255 metros cuadrados, un vial y muros y vallas entorno a una propiedad de 30.000 metros cuadrados. La pena de tres años de cárcel que le impuso la Audiencia de Las Palmas fue anulada por el Consejo de Ministros con el argumento oficial de que de ese modo retiraría las instalaciones y subsanaría más deprisa el daño.

Como señalaba al principio, los nuevos datos sobre el trato de favor al mencionado empresario y donante del PP han saltado a la palestra coincidiendo con la visita del presidente Rajoy a las instalaciones deportivas en la capital canaria que acogerán este verano el Mundial de Baloncesto. El jefe del Gobierno destacó la proyección internacional de los deportistas españoles y su contribución al prestigio de la Marca España, algo que las prácticas corruptas desde el poder, que no mencionó pero que Sáenz de Santamaría quiere abordar el martes con todos los portavoces parlamentarios, arruina más deprisa y con despiadada voracidad.