Los nacionalistas denuncian el plan del PP de eliminar a los Defensores del Pueblo

Actualización a las 14:30 del 27-04-2014

Los nacionalistas vascos y catalanes han dado la voz de alarma sobre la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de eliminar a los Defensores del Pueblo autonómicos, como ya ha ocurrido en Murcia y Castilla-La Mancha. Esta previsión está contenida en el informe sobre la reforma de las administraciones públicas, elaborado por el Ejecutivo con el fin de simplificar la estructura administrativa y eliminar duplicidades. El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ha aprovechado la presentación del informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ante el pleno del Congreso este jueves para denunciar el nuevo ataque político al sistema autonómico. Ha dejado claro que ni Euskadi ni Cataluña admitirán que se socaven sus Estatutos y ha recordado que algunos defensores del pueblo fueron muy anteriores a la actual institución central. En concreto, el Justicia de Aragón, se enfrentó a Felipe II y fue asesinado.

La reforma administativa que trata de imponer por ley el Gobierno afecta una vez más a las instituciones más endebles y cercanas a los ciudadanos cuales son los defensores del pueblo. Los argumentos del ahorro y las duplicidades no afectan al Defensor del Pueblo estatal que, sin embargo, también ha reducido su presupuesto un 3,4% en 2014, dejándolo en algo más de 14 millones de euros. Según el informe de su titular, Becerril, "la coordinación con las defensurías autonómicas, es correcta y fluida". ¿Por qué entonces tratan de eliminarlas? ¿Qué opina la defensora del pueblo al respecto?, preguntó Olabarría mostrando desde la tribuna el documento gubernamental que apuesta por la supresión.

La denuncia de Olabarría ha quedado sin respuesta, tanto por el representante del PP, Juan Bertomeu, como por el del PSOE, César Luerna, y por la propia defensora, que no tenía derecho a réplica. De cumplirse el plan gubernamental, a la supresión de las defensorías de Murcia y Castilla-La Mancha por decisión de los gobernantes del PP Angel Luis Valcárcel (dejará la presidencia para ir al Parlamento Europeo) y María Dolores de Cospedal, respectivamente, se añadirá a corto plazo la eliminación de los demás defensores del pueblo en las autonomías de régimen común. En otros casos se han recortado competencias o sencillamente se ha ignorado al Justicia de Aragón, el Valedor do Pobo Galego, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Síndic de Greuges de Cataluña y el Ararteko vasco.

Según las fuentes consultadas, esto ha ocurrido en la designación del Defensor del Pueblo estatal como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ante Naciones Unidas, sin la integración ni representación de las defensorías autonómicas, que también reciben denuncias de malos tratos y torturas. Eso no quita para que los técnicos del Defensor del Pueblo inspeccionaran el año pasado 60 cárceles, cuartelillos, comisarías, centros militares de arresto y centros de internamiento de inmigrantes. La propia Becerril se personó sin previo aviso en 11 centros de privación de libertad. En contraste con esa designación ante la ONU, el informe no dedica ni una línea a la actividad del Defensor del Pueblo relacionada con la información y las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas y los crímenes del franquismo.

Del contenido del informe de 2013, el representante del PP, Bertomeu, atribuyó la disminución de las quejas (22.692 individuales y 10.128 escritos de solicitud de inconstitucionalidad de normas, avalados por 280.852 firmas), a que "las cosas están mejorando, la prima de riesgo está bajando y hemos pasado de la España del rescate a la de la recuperación". Muy diferente fue la interpretación de Caridad García Álvarez, de IU, quien subrayó el desaliento de la gente "porque no le hacen ni caso" y describió "el desencanto con todo y con todos, el pasotismo institucional". Del conjunto de quejas individuales y colectivas, la oficina del Defensor rechazó 10.297, el 45%. De las admitidas, sólo 2.925 (el 15,88%) se dieron por concluidas, algunas están en suspenso y 4.035, en trámite.

El socialista Luerna y el nacionalista vasco Olabarría fueron los portavoces más explícitos. El primero reprochó a la Defensora la crítica al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la sentencia que anuló la "doctrina Parot" y restituyó los derechos penitenciarios a terroristas de ETA y a condenados por crímenes horribles. Becerril afirma que la sentencia “ha sido muy dura para España y para las víctimas del terrorismo” y explica que instó al Gobierno a informar a las víctimas y a evitar actos de enaltecimiento de los excarcelados. El portavoz del PNV le exigió "más beligerancia" contra la legislación hipotecaria injusta e ilegal, la acusó de ir detrás de los tribunales en la estafa de las preferentes y de no hacer prevalecer el beneficio de justicia gratuita ante el "tasazo" del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Concretamente, de los 300 millones de euros recaudados con la subida de las tasas judiciales, ni un solo euro ha ido a la justicia gratuita como se dijo y escribió en la reforma. Luerna, del PSOE, afirmó que el informe se acerca a "la España real", la del desempleo, la exclusión, los recortes de becas, los "tasazos" universitarios, los ataques a la dependencia y al Estado del Bienestar, los copagos, la supresión del derecho a la sanidad pública a los inmigrantes y la vulneración de la ley de extranjería con las devoluciones en caliente.