El CGPJ saca los colores a Fernández Díaz y sus compañeros lo abandonan
La Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno consiguió ayer unir a conservadores y progresistas en el Consejo General del Poder Judicial: varios de sus artículos - coincidieron en señalar - son inconstitucionales y excesivos. La sorpresa para varios de los vocales progresistas fue que absolutamente todos los vocales nombrados por el PP (en total, 11 de 21) votasen a favor de semejante varapalo al texto presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Uno de los vocales presentes ayer en la votación aseguraba a cuartopoder.es que "ni siquiera los vocales que tienen fama de ser excesivamente receptivos ante las llamadas y ´sugerencias´ del gobierno plantearon una sola duda o reticencia, quizás porque desde el gobierno ya habían tomado la decisión de rebajar la dureza de la ley..." Precisamente, desde el entorno del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tenían clara la dudosa constitucionalidad de parte del articulado del anteproyecto y desde el día anterior ya anduvieron filtrando a los medios de comunicación la intención de modificar la norma hasta hacerla encajar en nuestro ordenamiento jurídico.
La Ley Fernández-Díaz, que, en palabras de un miembro del CGPJ "deja en pañales a la Ley Corcuera, de 1992", se quedaba sin un solo apoyo -ni en el Poder Judicial, ni en el gobierno- y el ministro del Interior tuvo que asumir públicamente el compromiso de rebajar los aspectos más duros de la Ley. Con todo, según comenta una de las vocales consultadas por este diario, "la ley sigue siendo un retroceso para las libertades; no hay más que leerla... solamente se salva el preámbulo".
En definitiva, todo apunta a que el gobierno y, en concreto el ministerio que dirige Gallardón inspiró o, incluso, alentó ese dictamen tan crítico del CGPJ, que se había filtrado a los medios desde el mes de febrero. Entre las fuente jurídicas y gubernamentales consultadas hay quienes opinan que es una jugada personal de Gallardón, otros se inclinan por considerarlo una estrategia del Ejecutivo para simular actitud dialogante, o para endurecer la ley, pera ofrecer la sensación de que se suprimen todos los aspectos más polémicos.
Entre las cuestiones espinosas, señaladas por el CGPJ, se cuenta la asimilación de la seguridad privada a los cuerpos de seguridad del Estado para disolver manifestaciones, la posibilidad de practicar detenciones por faltas penales o infracciones administrativas. Ambos son señalados en el informe como puntos de dudosa constitucionalidad. Asimismo, aconseja que a los menores se les apliquen sanciones reeducadoras en lugar de económicas, como pretende la ley. Son varios artículos y una disposición final que no verán la luz, porque el ministro del Interior, consciente de su clamorosa soledad, se ha apresurado a plegar velas, tomar nota de los muchos ´peros´ y comprometerse a cambiarlos.
