El Gobierno gasta 400.000 € anuales en condecoraciones, algunas muy polémicas

El rey Juan Carlos tras imponer la insignia de caballero de la Orden del Toisón de Oro al exsecretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, en una ceremonia celebrada ayer en el Palacio Real de Madrid. / Chema Moya (Efe)
El rey Juan Carlos tras imponer la insignia de caballero de la Orden del Toisón de Oro al exsecretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, en una ceremonia celebrada ayer en el Palacio Real de Madrid. / Chema Moya (Efe)

El Gobierno gasta más de 400.000 euros anuales en condecoraciones y medallas pensionadas. La mayor parte las otorga el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, seguido del de Defensa, Pedro Morenés Eulate, para reconocer méritos policiales y militares con distintivo rojo. En el caso de los militares heridos o fallecidos en acto de servicio no hay polémica, si bien, en su día, el ministro Federico Trillo se la negó a los fallecidos en el accidente del Yak-42. La polémica surge cuando se otorgan por motivos políticos. El portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Trevín, ha tenido que esperar cinco meses la respuesta a una pregunta escrita sobre el coste de las condecoraciones.

Según los datos que solicitó Trevín en octubre pasado, los responsables de Interior vienen dedicando entre 300.000 y 400.000 euros cada año a medallas y condecoraciones pensionadas. En 2010 fueron 407.402 euros, al año siguiente, 306.897, en 2012, 327.423 euros, y el año pasado 302.283 euros. El importe económico de la recompensa está fijado en el 10% del salario del funcionario público al que se otorga, y la polémica viene dada por la desproporción entre el número de mandos y de agentes premiados y por los discutibles méritos en algunos casos.

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Así, los sindicatos policiales denunciaron en 2013 la entrega de medallas pensionadas a mandos y agentes policiales que no participaron en el rescate de los heridos y fallecidos en el terrible accidente del Ave en Santiago de Compostela ni formaron parte del operativo desplazado a la zona por más que algunos tramitasen atestados en sus despachos. También resultó chocante la condecoración a los jefes del Centro de Información contra el Crimen Organizado (CICO) y de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) por ofrecerse a colaborar con los fiscales anticorrupción en el “caso Millet”, en Cataluña, sin tener relación con el mismo. Trevín se interesó por esas condecoraciones y Fernández Díaz le contestó que se trata de policías “reiteradamente condecorados”.

Impresionante resultó además la entrega de condecoraciones policiales a personajes ajenos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en octubre pasado con ocasión de la fiesta de la Policía. El ministro Fernández Díaz y su director general Ignacio Cosidó repartieron condecoraciones (sin pensión) a una ristra interminable de empresarios, jefes de seguridad privada de grandes empresas, un sindicalista, jueces y magistrados cuyo mérito consiste en realizar su trabajo –destacó el miembro del Constitucional Enrique López, próximo al PP--, al directivo del Atletico de Madrid, Jesús Gil Marín, y hasta al mismísimo jefe del negociado de Órdenes y Condecoraciones del Gobierno de Mariano Rajoy, adscrito a Exteriores, José Damián Cubero. Y también a policías, claro.

Según la respuesta gubernamental al asturiano Trevín, la mayor parte de las condecoraciones honoríficas carecen de dotación económica.  Así ocurre con el Toison de Oro que concede el jefe del Estado y que ayer impuso al exsecretario Iberoamericano, Enrique Iglesias. Pero eso no quita para que, en ocasiones, lleguen envueltas en polémica. Es lo que sucedió cuando, el 14 de enero, el presidente Rajoy impuso la Gran Cruz de Isabel la Católica al presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de EEUU, Bob Menéndez, sin reparar en que esa condecoración se otorga para premiar “la acrisolada lealtad y los méritos contraídos a favor de la prosperidad de los territorios hispanoamericanos”, y que el mencionado senador pasa por ser un acérrimo defensor del bloqueo a Cuba.

A partir de aquella decisión y de las visibles dificultades del jefe del Gobierno para colocar la banda de moaré de seda en torno al torso del senador, el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares preguntó a Rajoy si sabía que Menéndez y el oftalmólogo y empresario amigo suyo, Salomón Melgen, poseían negocios en la República Dominicana y eran objeto de investigación por presunta implicación en una red de prostitución de menores. El presidente todavía no le ha contestado.