Gallardón limita la libertad de expresión de jueces y asociaciones judiciales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha encontrado la forma de que los jueces no se contaminen. Consiste en que no se pronuncien sobre la realidad política y social y sobre las decisiones de otros poderes. Lo explicó ayer de pasada al término de la reunión del Consejo de Ministros que dio luz verde a su anteproyecto de Ley del Poder Judicial, la tercera desde las Cortes de Cádiz y la Constitución liberal de 1812. La nueva norma blinda ante la justicia ordinaria a la reina Sofía de Grecia, al príncipe Felipe de Borbón y a su consorte Letizia Ortiz. Como es sabido, el Rey no responde ante la justicia ni puede ser juzgado.

Gallardón impone silencio en el artículo 48-2, diciendo que “los jueces y las asociaciones judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales”. Una interpretación amplia del precepto permite al Consejo del Poder Judicial sancionar a diestro y siniestro. Las asociaciones judiciales dependen además económicamente del Consejo.

Esta preocupación del ministro y de los codificadores de sus orientaciones en un monumento capicúa de 666 artículos contrasta con la designación de jueces como Enrique López para el Tribunal Constitucional después de haber opinado diariamente sobre la actualidad durante varios años. Y difiere más todavía de la elección del militante y asesor del PP Francisco Pérez de los Cobos como presidente del TC, si bien, en este caso, el propio pleno del TC resolvió que no estaba contaminado.

La restricción de la libertad de expresión de los jueces y asociaciones judiciales (sólo podrán hacer comentarios doctrinales) se completa en el anteproyecto (Artículo 54) con la prohibición a los Tribunales de plantear recursos de inconstitucionalidad por conflictos de territorialidad y competencias ante el TC. El "intenso y extenso" anteproyecto, según los adjetivos del ministro, pretende acabar con "el modelo de dispersión", dijo, y refuerza la autoridad del  Tribunal Supremo (TS) de modo que su jurisprudencia pasa de ser argumento a transformarse en categoría.

En efecto, las sentencias del TS serán “vinculantes” y, en función de su relevancia, se publicarán trimestralmente en el BOE. Con esta medida, Gallardón espera que descienda la litigiosidad, lo que resulta parcialmente contradictorio con la ampliación de los recursos de casación ante el TS en las vías civil y contenciosa sin límite de asuntos ni de cuantías. De este modo se podrá ir recurriendo una multa de tráfico como la que le impusieron a Esperanza Aguirre hasta llegar al mismísimo Tribunal Supremo. Y si hasta ahora la sentencia sentaba jurisprudencia, en el futuro será ley. Triste papel el de los legisladores.

La acumulación del poder en el TS llega al extremo de disponer que los recursos al Tribunal Europeo de Justicia deban pasar por el propio TS. Se produce entonces la paradoja de que el propio órgano del que emana la sentencia pueda decidir sobre la apelación a la instancia supranacional superior. El debate sobre las garantías jurídicas y el enésimo portazo a la justicia internacional queda abierto. 

El aspecto más llamativo es la ampliación del aforamiento al consorte del jefe del Estado –en este caso, la reina Sofía-- y al heredero, el príncipe Felipe y su consorte. “No tiene sentido que un ministro o un diputado sean aforados y quienes realizan funciones representativas del Estado como la Reina y los Príncipes no lo sean”, argumentó el titular de Justicia antes de negar que el aforamiento sea un privilegio. “En el caso de las Infantas hemos entendido que no procede (el aforamiento) porque no ejercen funciones de Estado”, añadió. Quiere decirse que la instrucción del juez José Castro del caso Noos, en el que se halla imputada la infanta Cristina de Borbón no pasará al Supremo. Los miembros del Gobierno mantendrán el fuero cuando hayan cesado si las acusaciones corresponden al periodo temporal del ejercicio del poder.

Otro aspecto polémico radica en la "instrucción colegiada de un trío de jueces" de las causas más complejas, lo que afecta de lleno a los casos Gurtell y Bárcenas de corrupción y presunta financiación ilegal del PP. Pero también al caso de los Eres en Andalucía, en el que están implicados altos exresponsables del PSOE en la Junta de Andalucía. La norma prevé que “la instrucción colegiada” se extienda a los nuevos tribunales provinciales y a los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías en los temas de “especial trascendencia”.

En el caso de la Audiencia Nacional, donde se instruyen las causas criminales de mayor complejidad, desaparecerán los “jueces estrella” para formar “tridentes” instructores. De este modo, los seis instructores formarán dos equipos. Gallardón afirma que de esta manera se agilizará la investigación y se terminarán antes los sumarios y elevarán las conclusiones a juicio, pero algunos jueces señalan que ocurrirá lo contrario y dudan de la constitucionalidad de la nueva modalidad. Si se aprobase en el Parlamento, no entraría en vigor antes de dos años, que es el plazo establecido para la nueva Ley de Planta y Demarcación.