Valcárcel deja Murcia con 5.543 millones de deuda y Cañete oculta negocios

Actualización de las 11:15 con la respuesta de Cañete acerca del cobro de sobresueldos

El expresidente de Murcia y número 6 de la lista del PP al Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel Siso, deja una deuda de 5.543 millones de euros. Así lo ha puesto de relieve el último informe del Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios de 2010 y 2011. Los datos son tan comprometidos que ni siquiera el portavoz del partido en la comisión parlamentaria para las relaciones con el Tribunal, Vicente Martínez Pujalte, defendió el lunes a su colega. El borrón de una deuda superlativa se suma a la negativa del cabeza de lista y ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, a aclarar las razones que le llevaron a omitir la existencia de contratos de sus gasolineras en Ceuta y Canarias con las administraciones públicas.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, relató el lunes con cierto detalle en el Congreso de los Diputados los resultados de la fiscalización de los dos últimos ejercicios de la Región de Murcia y de otras tres autonomías. El dato más sobresaliente es esa deuda acumulada de 5.543 millones que multiplica por siete la que existía en 2008. Murcia vivía de las recalificaciones y el monocultivo del ladrillo y es lógico que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria afectase a las finanzas autonómicas.

Pero resulta cuando menos chocante, y así lo manifestaron Ricardo Sixto, de IU, y Pedro Saura, del PSOE, que el 25% de las subvenciones se asignaran a dedo en 2010 y algo más, el 28%, en 2011. “¿Qué diligencias se han trasladado a la Fiscalía por indicios de responsabilidad penal?”, preguntó Saura al presidente del Tribunal. “El Tribunal está pendiente de remisión del testimonio de particulares”, respondió Álvarez de Miranda, que ocupa el cargo a propuesta del PP.

Entre las decisiones más polémicas de Valcárcel figura un préstamo de 182 millones de euros a la concesionaria del Aeropuerto Internacional de Murcia, una UTE encabezada por Sacyr. El propio consejero de Economía, Juan Bernal Roldán, en su día expedientado por el Banco de España como miembro del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), votó en contra de la decisión de Valcárcel de asumir el préstamo. La concesión del aeropuerto ha sido finalmente rescatada por el Gobierno autonómico, que aún no ha pagado las expropiaciones.

Otro aspecto polémico de la gestión de Valcárcel es la contratación y el pago hasta 2034 de 21 hectómetros cúbicos de agua desalada, pese a que el suministro no pasa de tres hectómetros, según los datos que aportó Saura. Lejos de defender la gestión de Valcárcel, el portavoz conservador, Pujalte, dijo que, a diferencia de otras autonomías con Tribunales de Cuentas propios, Murcia está fiscalizada por el Tribunal central, dando a entender que los demás son menos rigurosos.

Valcárcel ha presidido el gobierno murciano durante los últimos 18 años y ha creado 60 sociedades públicas de las que ha liquidado 33. Dos de sus consejeros, Antonio Cerdá, de Agricultura, y Pedro Antonio Sánchez, de Educación, figuran judicialmente imputados por casos de corrupción. La oposición esperaba que el nuevo presidente, Alberto Garre López, los sustituyera, pero no lo ha hecho. Las causas judiciales abiertas por corrupción e irregularidades urbanísticas afectan a 27 de los 45 ayuntamientos murcianos, casi todos del PP. Mientras, las familias de Lorca afectadas por el terremoto siguen sin casa.

Sobre el cabeza de lista del PP, Arias Cañete, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez Ramos, exhibió ayer en el pleno del Congreso un contrato de 41.000 euros de su empresa, Petrologis Canarias, con las administraciones públicas. El interesado afirmó en su declaración al registro de intereses del Congreso que no poseía relación contractual con la administración pública, por lo que Rodríguez, en una pregunta a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, le acusó de “mentiroso”. A continuación dijo que ha cobrado 300.000 euros de sobresueldos del PP y señaló que la propia Santamaría percibió 600.000 euros. Se trata de remuneraciones declaradas que se sumaban a sus sueldos de diputados. Cañete cobraba como responsable del área de Economía del partido y Santamaría como coordinadora parlamentaria. Rodríguez preguntó si esos sobresueldos habrían sido posibles sin la caja B del PP.

Sáenz de Santamaría, que afirmó en el pasillo: “En mi puta vida he cobrado un sobre”, defendió a Arias Cañete diciendo que ha sido un buen ministro, como demuestra el crecimiento de las rentas agrarias un 7% y los 45.000 millones de la PAC, y acusó a Rodríguez de haber cobrado “una cesantía de años de mi Ministerio”. La portavoz socialista compatibilizó durante 8 meses la remuneración del 80% de su sueldo como exsecretaria de Estado de Exteriores del último Gobierno de Rodríguez Zapatero con su sueldo de diputada.

Como se sabe, los presidentes, ministros y secretarios de Estado tenían derecho a una remuneración por dos años del 80% de sus salarios cuando cesaban en el cargo. El Ejecutivo de Mariano Rajoy declaró incompatible en junio de 2012 esa paga con otros sueldos públicos y privados. Con anterioridad, en 2004, el propio Rajoy se había beneficiado de ese régimen como exvicepresidente de Aznar López. En cambio, Pérez Rubalcaba renunció a la remuneración cuando dejó el Ministerio del Interior.

[La polémica ha continuado hoy miércoles. Arias Cañete ha retado a la portavoz socialista a que mantenga su acusación contra él y la vicepresidenta fuera del Congreso porque, si lo hace, estudiará acciones judiciales contra ella, y el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha instado a Soraya Rodríguez a rectificar su "infamia" o a dejar la política]

Por lo demás, las preguntas del socialista Frances Vallés a Cristobal Montoro sobre si Arias Cañete había declarado al registro de intereses de la Administración los contratos de las empresas que presidía con el sector público chocaron con la ironía gutural y la descalificación “por falta de altura intelectual” del titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro, cuyo departamento tiene asignado el registro de intereses de los altos cargos.