Sueldos, dietas, gabelas y ventajas fiscales de los eurodiputados

Palabras de una mujer que fue eurodiputada hasta ayer: “El principal privilegio en Bruselas son las ventajas fiscales porque la vivienda no forma parte de la base imponible y no tienes que declarar las cuentas bancarias”. Por esta razón muchos eurodiputados nuevos, convenientemente informados por sus colegas y asesores fiscales, dedican sus primeros esfuerzos a buscar residencia fija y trasladar su domicilio fiscal. Lo saben bien el candidato del PP, Miguel Arias Cañete, que fue eurodiputado durante doce años (1987-1999), y su contrincante socialista Elena Valenciano, que también lo fue por nueve años (1999-2008). También lo saben los jefes de filas de los distintos grupos parlamentarios y quienes, como el candidato y exminsitro de Fomento José Blanco, tienen allegados en la capital comunitaria.

Comentan sus señorías que el mejor negocio que pueden hacer es comprar un apartamento en Bruselas o en sus aledaños, pues aunque las viviendas son muy caras, tienen un tratamiento fiscal muy favorable, nada que ver con España en materia de IVA y, además, la demanda de alquiler es elevadísima, lo que les reporta una renta de por vida. Esto lo sabían bien el actual ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y su amigo y secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, noveno barón de Claret, quienes compartieron destino y negocios en la Eurocámara durante casi dos décadas. No obstante, el jefe de filas del PP mejor informado de las ventajas fiscales y obtención de gabelas y subvenciones era Gerardo Galeote, imputado en la trama Gurtel y tan alérgico a pagar impuestos como la gran mayoría de sus correligionarios, incluido Cañete, cuya habilidad para montar empresas de bunkering o suministro de carburantes en zonas libres de impuestos o con trato fiscal especial es indiscutible.

Más allá de los personajes mayoritariamente conservadores que aprovechan cada resquicio para descontar impuestos al tiempo que repiten: “España, una gran nación” y dicen que nos llevan En la buena dirección, los eurodiputados (54 españoles en una Cámara de 766 procedentes de 28 Estados) cobran un sueldo bruto mensual de 8.020,53 euros (cifra de mayo de 2014). Esta cantidad está sujeta a un impuesto de la UE, que la reduce a 6.250,37 euros netos. Los españoles suelen pagar a la Seguridad Social 843 euros al mes y han de descontar 63 euros de un seguro privado, por lo que el sueldo neto queda en 5.344 euros mensuales.

Después de muchos estudios, la retribución básica quedó fijada en el Estatuto del Eurodiputado que se elaboró en 2005, con Josep Borrell de presidente, en el 38,5% del sueldo básico de un juez del Tribunal de Justicia Europeo. De este modo, los eurodiputados no pueden decidir directamente su aumento de sueldo. Con ello evitan el deterioro ante la opinión pública que para la Cámara supondría el aumento de unos salarios que sextuplican la media de algunos Estados donde la pobreza insiste en expresarse y los recortes a los sistemas de solidaridad social afectan al pan nuestro de cada día. Así pues, si a los magistrados no les suben el sueldo, a los eurodiputados tampoco. Cierto es que los complementos como presidentes y vicepresidentes de las mesas de la Cámara y sus distintas comisiones reportan a casi un centenar de euroseñorías unos importes que oscilan entre 2.000 y 5.000 euros netos al mes sobre el sueldo base y, por otra parte, las dietas no son grano de anís.

Tienen una dieta fija de 304 euros al día para alojamiento y condumio. La mayoria almuerza en la taberna de la Eurocámara o en esos autoservicios que Ramón Gómez de la Serna llamaba tranvías de condumiantes. Para cobrar esa intereante cantidad han de fichar, aunque luego no participen ni estén presentes en las actividades, reuniones o sesiones. Como abundaba el escaqueo, se decidió que firmaran en las listas de asistencia. Pero entre listas y listos, el resultado sigue siendo el mismo: hacen acto de presencia, firman para cobrar y se van. Sólo en los días de votación nominal en el pleno se penaliza la ausencia, de modo que si un diputado falta a más de la mitad de las votaciones le reducen la dieta a la mitad: 152 euros. Esta mima cantidad es la que perciben de dieta diaria cuando las reuniones se celebran fuera de la UE. En estos casos les pagan aparte las facturas de hotel.

La parte del león, la que generalmente se queda el partido mediante cesión voluntaria de los concernidos, es la dieta de 4.299 euros mensuales que reciben para cubrir los gastos de alquiler, administración de oficinas –el Parlamento les proporciona despachos equipados gratis--, teléfono, correo y ordenadores. Esta dieta puede ser reducida a la mitad cuando sus euroseñorías falten de forma injustificada a la mitad de los plenos. También tienen derecho a que les reintegren dos terceras partes de los gastos médicos, lo que algunos españoles aprovechan para que les arregluen la dentadura, pues aquí los odontólogos son de pago.

En cuanto a los viajes a las sedes de Bruselas y Estrasburgo, a sus señorías se les reintegra el coste del billete con una tarifa máxima equivalente a clase business en avión, primera en tren o 0,50 euros por kilómetro en coche. La mayoría de los derechistas y algunos socialdemócratas pasan billetes en primera. Otros son conscientes del sacrificio de la gente y viajan, como decía el general José Miaja, donde van las ideas por las que vale la pena luchar en este mundo. Tienen derecho, asimismo, a una compensación variable en función de la distancia, la duración del viaje, los gastos de reserva de billetes, los peajes, el exceso de equipaje y otros que puedan justificar documentalmente. Ya en Bruselas o Estrasburgo, los jefes de filas y los miembros de las mesas pueden utilizar los vehículos del Parlamento si andan en misión oficial.

El enchufismo de cónyuges, hijos, hermanos, sobrinos y demás familia como “asistentes” de sus señorías alcanzó cotas tan escandalosas que la presidencia de la Cámara prohibió la incorporación de parientes, lo que no ha evitado la presencia de familiares de dirigentes de los distintos partidos. Así, por ejemplo, en vez de asesores en una materia como la organización del mercado con Japón, al diputado responsable de la negociación le asignan a una becaria que es novia de un sobrino de un ministro o a un dirigente de las Nuevas Generaciones del PP andaluz o a la dirigente de la juventud socialista internacional, Beatriz Talegón, que bastante trabajo tiene con la dirigencia que brillantemente ejerce.

La casuística es muy amplia y el capítulo presupuestario de los asistentes es otro de los que beneficia del modo más claro a los partidos, pues cada diputado tiene asignada una cuantía de 21.209 euros al mes (la cifra se mantiene desde 2011) para contratar al menos dos asistentes. Al quedar demostrado que algunos eurodiputados se embolsaban el dinero y explotaban vilmente a los asistentes, a los que pagaban poco y tarde, la Cámara acordó pagar la cantidad correspondiente de cada señoría a los grupos y delegaciones parlamentarias, lo que explica la influencia de los dirigentes de los distintos partidos en la contratación de ayudantes y produce situaciones tan chocantes como la del exjefe de filas del PP, Jaime Mayor Oreja, quien contaba con ocho personas a su servicio. Puesto que la mayor parte de los asistentes son enchufados por vínculos familiares, afectivos (generalmente amorosos) y políticos, el Parlamento autoriza a que una cuarta parte del dinero equivalente a cada diputado se pueda destinar a pagar estudios e informes especializados externos sobre las distintas materias.

La penúltima pincelada de este cuadro (rococó) es otro privilegio empastado: los eurodiputados se pueden jubilar a los 63 años y tienen derecho a una pensión equivalente a la acumulación del 3,5% del sueldo de cada ejercicio anual completo sin rebasar el 70% de la retribución bruta. De este modo, un diputado con una legislatura completa (cinco años), a razón de 96.246 euros por año, recibe una pensión de 16.843 euros anuales. Y el doble o el triple si hubiese estado dos o tres legislaturas, respectivamente. Esa pensión cubre el tramo hasta la jubilación oficial, que en España se ha elevado a los 67 años. Después se le restará la cantidad que exceda de la pensión contributiva máxima. Luego ya, al acabar su mandato reciben una indemnización transitoria equivalente a su salario, a razón de un mes por cada año de ejercicio, con un límite de dos años. Esta indemnización no es compatible con la pensión ni con otros sueldos oficiales, aunque sí con los ingresos por actividades privadas. Con todo, sería aventurado decir que sus euroseñorías no han sido sensibles a la situación económica: su gran aportación solidaria ha sido la congelación de las dietas en los tres últimos ejercicios.