El Gobierno de Maduro informa de la detención de 58 «agitadores extranjeros», 4 de ellos españoles
A las puertas de la visita a Caracas de una misión de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), que pretende recuperar el diálogo iniciado el 10 de abril entre la opositora Mesa de Unidad Democrática y el Gobierno de Nicolás Maduro para acabar con la violencia callejera que se vive en todo el país, la embajada venezolana en Madrid ha salido al paso de lo que considera una campaña mediática internacional que utiliza la agitación callejera para debilitar al Ejecutivo acusándole de estar llevando a cabo una represión masiva contra la oposición. En un extenso informe sobre los hechos demostrados jurídicamente, titulado La realidad de la violencia promovida por la extrema derecha venezolana, la embajada, además de analizar la situación en su conjunto, denuncia expresamente que hay 58 extranjeros detenidos por actuaciones violentas, la mayor parte con armas y algunos con explosivos, en las algaradas callejeras popularmente conocidas como “guarimbas”.
El informe concreta que 4 de ellos son de nacionalidad española, si bien matiza que “en todos los casos, el gobierno está coordinando su actuación con los consulados y la Embajada española en Venezuela, en orden a esclarecer los hechos y garantizar el mejor tratamiento posible, dentro del respeto a la legislación venezolana y a los acuerdos suscritos entre ambos países”. Algo que, añaden, ratificó el canciller español, José Manuel García Margallo, en declaraciones a periodistas durante una reciente visita a Naciones Unidas en las que afirmó que las autoridades españolas están “en permanente contacto con ellos” a través de la Embajada y el cónsul.Sólo quedan esos cuatro de la veintena de españoles que han sido detenidos.
Citando autoridades judiciales y noticias publicadas en todo tipo de medios nacionales e internacionales, la embajada señala que entre el 12 de febrero y el 8 de mayo de 2014, periodo en el que fueron detenidas alrededor de 3.000 personas, las acciones de violencia instigadas por los políticos de la ultraderecha venezolana, Leopoldo López (dirigente de Voluntad Popular), María Corina Machado (dirigente de Vente Venezuela) y Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano), -“a partir de una operación hecha pública en rueda de prensa el 23 de enero, denominada La Salida, para derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro”,— han dejado el saldo de 42 personas fallecidas y 817 lesionadas.
La mayoría de los fallecidos y heridos lo han sido, se añade, por causa directa de las llamadas "guarimbas" promovidas por sectores de ultraderecha de la oposición, en las que se han realizado acciones de violencia focalizada que han incluido desde quema de edificaciones y transportes públicos y de alimentos, cierre de calles con quema de basura y levantamiento de alcantarillas, hasta asesinatos con francotiradores, envenenamiento de embalses de agua y provocación de incendios forestales.
También se destaca que estas acciones de violencia se han desarrollado en urbanizaciones de clase media de unos pocos municipios del país, en los que gobierna la oposición, reduciéndose muy rápidamente a menos del 1% de los 355 municipios. “La ubicación y características de las acciones desmienten la versión de que se trata de revueltas populares y promovidas por estudiantes”, se indica.
Para la embajada no es cierto que se esté desarrollando una política represiva. “Contrario a las falsas acusaciones que han circulado en medios masivos de comunicación y que se han recogido, sin rigor, en algunos informes de organizaciones no gubernamentales –instrumentalizando el discurso de los derechos humanos—, las instituciones venezolanas han actuado de manera ejemplar desde el principio de estos acontecimientos, investigando y procesando todas las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, fuesen presentadas ante la Fiscalía nacional o sólo en los medios de comunicación”, se precisa. De hecho, añade, han sido aplicadas con igual rigor medidas judiciales a ciudadanos particulares y a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. De los 42 fallecidos, 10 son funcionarios, algunos asesinados por francotiradores.
También se indica que de las personas aprehendidas infraganti y presentadas ante tribunales durante las llamadas “guarimbas” de los últimos 3 meses, sólo 7% (202) han sido sometidas a medidas privativas de libertad por la gravedad de sus cargos, “lo cual contrasta con el discurso que pretende mostrar una política represiva de parte del gobierno venezolano”. Las demás (93%) han recibido otro tipo de medidas, como régimen de presentación o han sido declaradas libres de cargos.
Por otra parte, las investigaciones por denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos de efectivos del orden, han supuesto la privación de libertad de 19 efectivos policiales, medidas cautelares para 3 funcionarios y 4 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó el 2 de mayo que, hasta entonces, 58 extranjeros habían sido detenidos por estar implicados en “acciones terroristas comandadas por grupos de ultraderecha”, casi todos implicados en el uso de armas. El ministro denunció “el empleo de mercenarios para generar caos y las vinculaciones de estas personas con figuras internacionales que se oponen al gobierno democrático venezolano, como el ex presidente colombiano Álvaro Uribe”.
Activistas españoles
Torres señaló a Yolanda Lara (de nacionalidad española) y José Fernández (de doble nacionalidad española-venezolana), presuntamente especialistas en la construcción de artefactos explosivos, aprehendidos en Yaracuy. El Ministro afirmó que los indicios apuntarían a que tenían elaborado un plan de magnicidio contra el gobernador de Yaracuy, Julio León. Entre los mencionados por Torres, destaca el caso del colombiano Gabriel Alejandro Reyes Beltrán, a quien solicita en código rojo la Interpol, acusado de narcotráfico por el gobierno español. Beltrán operaba como co-organizador de las “guarimbas” y entrenador de los grupos violentos en el estado de Táchirma.
El Ministerio Público ha informado, según el informe, que sólo 4 personas que tienen nacionalidad española permanecen detenidos por la gravedad de los cargos en su contra, entre los que se encuentran los citados Yolanda Lara y José Fernández. Y ha certificado que el ciudadano español Wilmer Carballo, de 43 años, murió el 24 de febrero en el sector Fundación de Cagua, estado Aragua, tras recibir un disparo. “Este hecho está siendo investigado por el fiscal 32º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de dicha entidad regional”, precisa la embajada.
Sectores de la oposición señalaron al diario El Mundo que las fuerzas policiales han detenido en Venezuela a una veintena de españoles durante las protestas y en tres de los casos de los cuatro detenidos que siguen en prisión se han denunciado torturas y malos tratos. Los opositores recuerdan como emblemático el caso de Juan Manuel Carrasco, hijo de malagueño y con doble nacionalidad, famoso por su presunta violación anal con un fusil en un cuartel militar de Valencia. El joven fue retenido durante más de 50 horas y perdió tres veces el conocimiento por culpa de las constantes palizas que recibió pero fue visitado por los fiscales tras comparecer ante la prensa.
Otro joven español, Ángel González, permanece encarcelado desde el mismo 12 de febrero, el primer día de las protestas en Caracas. El estudiante español formaba parte del grupo de 16 detenidos en Parque Carabobo, a pocos metros de donde cayeron asesinadas dos personas a balazo limpio. Se le acusa de participar en la quema de varios vehículos policiales. La oposición denuncia irregularidades porque afirma que fue capturado en el interior del Metro y comiendo en un restaurante.
En cambio, según las ONG de la oposición, Raúl Ayala, también con doble nacionalidad, recibió malos tratos durante los días de su detención, incluidas descargas eléctricas, pero obtuvo la libertad con régimen de presentación en sede judicial cada 30 días. Y otro hispano-venezolano, Tomás Eliseo Dorado, tiene afectada la visión de un ojo como resultado supuestamente de un disparo perdido de la Guardia Nacional.
Los opositores también recuerdan el caso de Wilmer Carballo, de origen canario y que vivía con su pareja y sus hijos en Cagua, zona de emigración isleña. Un motorizado, presunto simpatizante del oficialismo, disparó al comerciante un balazo en la cabeza cuando defendía su urbanización de los ataques de las brigadas de choque chavistas. El gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami, atribuyó la muerte a los "asesinos fascistas". La familia de Carballo culpa de los disparos a los temidos colectivos motorizados.
También se denuncia que a Ricardo Monedero le detuvieron en Altamira (Caracas) "porque la Policía le acusaba de tener un vídeo donde aparecía lanzando cócteles molotov y, aunque nunca presentaron el vídeo, le dieron régimen de presentación cada mes", según Rodrigo. Carlos Dos Santos, Héctor Rosa, Juan Francisco Batlle y Alejandro Di Cola son otros españoles que han sufrido detenciones.
El papel del Gobierno español
El pasado 5 de mayo, García-Margallo aseguró en una visita a la ONU que el Gobierno sigue la situación de los españoles detenidos en las protestas de Venezuela de los últimos meses y que se les atiende en todo lo posible. También destacó que “estamos en permanente contacto con ellos" a través de la Embajada y el cónsul, "para seguir la suerte de nuestros compatriotas y poder aliviarla en la medida de lo posible".
El Ministro de Exteriores añadió que el Gobierno español "tiene contacto casi a diario" con los tres cancilleres de la misión de mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y con el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, que tratan de fomentar el diálogo entre el Gobierno de Caracas y la oposición. Y recalcó que la situación de Venezuela "preocupa enormemente al Gobierno español" porque en ese país viven 200.000 españoles y la situación genera inquietud "desde un punto de vista económico y desde un punto de vista político".
