Gallardón mantiene la “dignidad nobiliaria” de Franco porque no cuesta dinero

Si nos engaña el sentido común, habrá honores nobiliarios para rato a los herederos del dictador Francisco Franco y de varios secuaces facciosos que tiñeron de sangre el país y mantuvieron a los españoles bajo la bota de la represión, el atraso y la pobreza durante cuarenta años. Es lo que se deduce de la nueva negativa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, no ya a la supresión, sino a la interrupción de la renovación de los títulos nobiliarios concedidos por el rey Juan Carlos al dictador y a su familia. Aunque en Francia sería inimaginable el ducado de Petain, en Alemania no se sostendría el señorío de Hitler y en Chile se consideraría un insulto a la democracia el marquesado de Pinochet, aquí la Constitución de 1978 no eliminó la indignidad.

En su última respuesta al diputado vasco del grupo mixto, Jon Iñarritu García, sobre si tiene previsto revocar los honores reconocidos al dictador y los títulos de grandeza de España --Señorío de Meirás y Ducado de Franco--, que otorgó el Rey a su viuda y herederos antes de que se aprobase la Constitución, el ministro Gallardón contesta que no y defiende la pervivencia de esos derechos que, además, según dice, “no conllevan ventajas económicas y fiscales”. Gallardón rechaza una interpretación amplia del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica que, por respeto a las víctimas, permitiría eliminar esas dignidades.

El ministro de Justicia olvida que su antecesor, Francisco Caamaño, paralizó la renovación de los títulos nobiliarios franquistas, lo que le valió la amenaza de una demanda “por arbitrariedad” por la Diputación de la Grandeza de España. Afirma, en cambio, que “se limita a aplicar las vigentes normas para la transmisión de dignidades nobiliarias” y señala, sin que sea el motivo esencial de la pregunta, que “actualmente en España la tenencia de títulos nobiliarios no conlleva ventajas económicas o fiscales de ninguna clase”. El trámite registral hereditario tiene una tasa de algo más de 700 euros.

Según Gallardón, “el Gobierno aplica las normas para la transmisión de dignidades nobiliarias, reconociendo a los sucesores de los concesionarios de títulos su derecho sobre la tenencia, siempre sujeto a posible revisión del mejor derecho por parte de los tribunales de justicia”. Esto no es incompatible, añade, con la Ley de la Memoria Histórica. “No se aprecia incompatibilidad, en tanto en cuanto la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, no hace referencia alguna a la normativa nobiliaria ni a su modificación”.

En definitiva, según el ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino, “no hay norma legal alguna que aluda a la no validez de estos Títulos Nobiliarios, y por tanto, la legislación nobiliaria sigue desplegando su normal vigencia, y los actuales interesados en aquellas concesiones están habilitados legalmente para ejercer y hacer efectivos sus derechos respecto a la sucesión en estos Títulos”. Nada más llegar al cargo, Gallardón desbloqueó la sucesión del título del marquesado de Queipo de Llano y de todos los demás otorgados por el dictador y concedidos a su persona, cónyuge y herederos –también a su jefe de Gobierno, Carlos Arias Navarro-- a título póstumo.

La decisión de mantener vivos los honores nobiliarios a los represores coincidió en 2012 con la reducción de 5 a 2 millones de euros de la ayuda oficial a las asociaciones de la Memoria Histórica que venían trabajando con los familiares de las víctimas del franquismo en la localización de las fosas y la recuperación de los restos de los demócratas fusilados en campos y cunetas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fundamentó la mengua en la necesidad de reducir el déficit público. En 2013 suprimió la partida presupuestaria sin que el Estado se haya hecho cargo de la recuperación e identificación de los restos de más de 106.000 víctimas, según datos judicializados en su día ante el magistrado Baltasar Garzón, quien fue procesado por investigar los crímenes del régimen anterior.