Legal Sol advierte de que la mayoría de las denuncias contra policías se archivan

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Miguel Muñoz *

Carga policial contra un grupo de manifestantes durante la celebración en Madrid, en ... de la Jornada Mundial de la Juventud. / Efe
Carga policial contra un grupo de manifestantes durante la celebración en Madrid, en el año 2011, de la Jornada Mundial de la Juventud. / Efe

La pasada semana, una juez de la Audiencia Provincial de Madrid decidió archivar la causa contra un subinspector de Policía acusado de agredir a una joven de 16 años y a un fotógrafo durante las marchas laicas contra la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) de 2011. El caso llamó desde un primer momento la atención porque no es habitual que lleguen a juicio las denuncias presentadas por agresiones de policías a manifestantes. Así lo denuncian desde la Comisión de Legal Sol 15-M y otros colectivos ciudadanos que han trabajado con este tipo de situaciones.

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Aunque el resultado del mencionado caso ha sido el mismo que otros que no llegan a celebrar vistas judiciales, el abogado Eric Sanz, integrante de Legal Sol, señala a cuartopoder.es que “la mayoría de las denuncias contra funcionarios de policía por agresiones o lesiones se archivan en la primera parte del proceso, la instrucción o investigación”. Recopilar y sistematizar los datos de las denuncias de este tipo que se producen tras manifestaciones es una tarea muy difícil para este colectivo, señala el abogado, por lo que no tienen sistematizados los números de denuncias presentadas. Tampoco poseen estadísticas oficiales, ni de agresiones policiales ni de manifestantes agresores a policías, en la Dirección General de la Policía Nacional ni en el Sindicato Unificado de la Policía (SUP). “Es muy difícil porque van a distintas comisarías, existen diferencias territoriales, etc.”, señala a este medio el portavoz del sindicato Javier Estévez. El Consejo General del Poder Judicial tampoco registra este tipo de denuncias, mientras que en la Fiscalía General del Estado poseen una memoria con datos de 2012 en cuyas categorías tampoco se puede concretar este tipo de casos.

En los últimos años, Sanz sólo recuerda el caso del policía condenado por el desalojo de la SAREB en marzo de 2013 y resuelto judicialmente el pasado mes de abril. “Realmente es muy difícil conseguir una condena a un funcionario de policía”, señala el abogado mientras recuerda que hay vídeos en los que se ven acciones “claramente constitutivas de delito”. Entre esas manifestaciones se encontrarían casos “muy evidentes”, según Sanz, como el ocurrido el 29 de septiembre de 2012 en el que varios antidisturbios sacaron a gente de los bares por la fuerza. Este caso, afirma Sanz, está “archivado por falta de identificación de los autores, está recurrido y estamos pendiente de resolución del recurso”.

Precisamente en la identificación de los policías está la clave principal del asunto, según Legal Sol. “De todos los asuntos que nosotros hemos llevado de agresiones policiales, la mayoría se han archivado por falta de identificación. Los funcionarios deben llevar visible su número de identificación personal, que es intransferible. Eso lo llevan en una chapa dorada en el pecho que tiene de largo 10mm y de ancho 3mm. Obviamente el problema que tenemos ahí es que es un tamaño irrisorio que muchas veces es imposible de ver”, comenta Sanz. Cuenta que a pesar de todo se ha avanzado gracias a las denuncias realizadas desde hace dos años. Les dieron la razón y a partir de ese momento los chalecos de antidisturbios portarían un número en la espalda de grandes dimensiones. Sin embargo, esta medida no soluciona el problema, opina Sanz: “El número de los chalecos antitrauma no es el número profesional, que se llama TIP (Tarjeta de Identificación Personal, intransferible), el número que tienen los antidisturbios en la espalda es el NOP (número de operativo policial), que cambia según cada día. Y segundo, al estar sobre la espalda y, produciéndose la mayoría de agresiones se producen de frente, no acaba de solucionar el problema”.

Denuncias en manifestaciones recientes

Javier Díez (cuartopodervideos).

El pasado mes de marzo tuvo lugar la multitudinaria manifestación de las Marchas de la Dignidad 22-M. Según fuentes policiales, ese día resultaron heridos 67 antidisturbios. Por su parte, desde la coordinación de la manifestación informan a cuartopoder.es que han llegado a sus manos 34 denuncias de manifestantes por agresiones policiales durante esa jornada. ”Nos consta que algunas ya han sido archivadas por los tribunales”, señala un integrante de dicho colectivo resaltando que puede que haya bastantes más denuncias de las que ellos no han tenido conocimiento.

La semana siguiente, una concentración convocada por la Coordinadora 25-S en Neptuno acabó con varias agresiones policiales a periodistas. Mario Munera, Gabriel Pecot y Juan Ramón Robles anunciaron que habían interpuesto una denuncia por esos hechos. Éste último confirma a cuartopoder.es que le han citado para declarar en Plaza de Castilla para el mes de Julio. Respecto a las expectativas que tiene ante este proceso y por la noticia del archivo del caso de la JMJ afirma que “nuestro caso ha sido muy polémico, pero en el otro me ha sorprendido que se cerrara la causa, no sé si porque ha tocado un mal juez, ha habido un error en el procedimiento de la causa, no quiero pensar mal. Prefiero pensar que ha sido más un error que haya una mala intención”.

Para Robles, un habitual realizando coberturas de manifestaciones, “las denuncias en contra de la policía no suelen ser muy aireadas”. Además, nos relata un caso personal para ejemplificarnos que estas situaciones provocan que haya una denuncia y una contradenuncia. “Yo recuerdo un caso del que fui testigo en el que la policía iba de acusación de dos personas y viceversa. Y su forma de actuar fue decir que retiraban los cargos si los otros hacían lo propio”. En su caso no hay presentada una contradenuncia pero pueden enfrentarse a los problemas de identificación ya señalados. “No llevaban el número de placa, porque ese día estaba lloviendo y usaron un chubasquero que hacía imposible que se viera el número”, afirma. Sin embargo, el periodista afirma que en los vídeos son fácilmente identificables los agresores, al menos uno o dos. “Se les puede identificar, en cualquier caso sino al jefe de operativo, porque le vemos todos los días en manifestaciones”, apunta.

Esther Quintana perdió un ojo durante los incidentes registrados tras la huelga general del 14N en Barcelona. / Efe
Esther Quintana perdió un ojo durante los incidentes registrados tras la huelga general del 14N en Barcelona. / Efe

Otros casos que relata Sanz como flagrantes en cuanto a denuncias por agresiones archivadas se refieren a pelotazos de goma durante el 25-S de 2012, un pelotazo a una mujer durante la marcha de apoyo a los mineros del 11 de Julio de ese mismo año (en el que precisamente el juez archivó la causa por no poder identificar al autor del pelotazo) o el desalojo de la Plaza Cataluña (Barcelona) en mayo de 2011. En este último caso, se archivó la denuncia en primer lugar por el juzgado de instrucción, aunque posteriormente la Audiencia Provincial reabrió el caso y a principios de este mes de mayo declararon como imputados cuatro Mossos de Escuadra.

Para Sanz, no sólo el archivo de estas denuncias supone un problema y alerta de las denuncias que han realizado por malos tratos en comisaría. Por ejemplo, precisamente tras ese conocido 25 de septiembre de 2012, en el que hubo 35 detenidos, 28 de ellos denunciaron malos tratos, según el abogado. “Se puso una denuncia hace año y medio y el juzgado no ha hecho absolutamente nada. Eso es una vergüenza”. Añade Sanz que una denuncia bastante común que se está dando con frecuencia en las dependencias policiales de Moratalaz es la de tener varias horas de pie a los detenidos.

En este sentido, organizaciones internacionales como el Comité Europeo de Prevención de Denuncia de la Tortura han realizado informes con recopilación de casos concretos. Recientemente, un estudio de Amnistía Internacional señalaba el miedo a sufrir malos tratos policiales. “El problema es que hay muchas denuncias pero poquísimas condenas”, concluye el abogado.

(*) Miguel Muñoz es periodista

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