La dolorosa resaca de López

Probablemente el juez Enrique López pasó ayer la peor resaca de su vida. El magistrado del Tribunal Constitucional fue pillado a las siete y media de la madrugada del domingo saltándose un semáforo en la confluencia de la calle Vitrubio con el Paseo de la Castellana, de Madrid, mientras conducía su moto sin llevar puesto el casco y con una tasa de alcoholemia cuatro veces superior al máximo permitido. Unos hechos que López ha reconocido y que constituyen un delito contra la seguridad vial. En el mejor de los casos, le acarrearía una pena de multa de seis meses y un año de privación del carnet de conducir. Sin embargo, la existencia de delito obliga al cese del magistrado en el alto tribunal, que ayer anunció que hoy presentaría su renuncia ante el presidente de la institución.

El caso es que aunque el Gobierno de Mariano Rajoy —que le nombró por su afinidad ideológica aunque no tuviera grandes conocimientos de derecho constitucional— o el presidente Francisco Pérez de los Cobos quisieran mantenerle en el cargo, la salida más airosa para el juez López es su dimisión y que esta sea aceptada de inmediato, ya que el apartado séptimo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obliga al cese del magistrado que sea "declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave". No hay salida.

Se da la paradoja de que si durante su peripecia mañanera, López hubiera atropellado a alguna persona, hasta podría defenderse jurídicamente que lo ocurrido era una imprudencia, pero al no haber atropellado a nadie —menos mal— y tener una tasa de alcoholemia que excede con mucho del máximo permitido, la existencia de delito doloso es inexorable.

En teoría esta clase de conducta contra la seguridad vial se tramita por medio de un juicio rápido. Pero resulta que Enrique López es aforado, por su condición de magistrado del Tribunal Constitucional, por lo que el juicio rápido se tendría que celebrar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde, que se sepa, nunca se ha celebrado ninguno. Una tramitación que puede ser como los magistrados decidan, puesto que ya, en sala general decidieron que los juicios de tribunal de jurado que afectaran al alto tribunal no serían con ciudadanos, sino con los propios jueces de la citada sala, aunque la decisión se oponía expresamente a la letra de la ley.

De modo que, a la espera del juicio, el juez López —que ha asegurado que asumirá lo ocurrido y sus consecuencias— volverá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde le guardaban su plaza, mientras permanecía en servicios especiales en el Constitucional.

Mientras, la única consecuencia realmente seria es que el Gobierno tendrá que designar a un nuevo candidato como sucesor de López. Este se había significado tanto en la defensa de posturas en favor del PP —en el Consejo General del Poder Judicial y en la Audiencia— que el ejecutivo de Rajoy lo mantuvo como candidato para el Constitucional contra viento y marea y a pesar de que inicialmente no contaba con los 15 años de ejercicio profesional requerido. A pesar de los ataques de la oposición contra él, o precisamente por eso,  finalmente fue designado por el Gobierno.

Tanto en las redes sociales, como en algún artículo de prensa o comentarios de algunos magistrados que están disfrutando del patinazo de López se ha barajado la posibilidad de que este pierda su plaza de magistrado al ser condenado por un delito doloso. A veces los deseos de algunos van más allá de la realidad. Nuevamente se da otra paradoja, un juez no puede acceder a la carrera judicial cuando ha sido condenado o si tiene antecedentes penales, pero no hay impedimento alguno para que pueda continuar en ella aunque haya sido condenado. Así se desprende de los artículos 301 y 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 301. "El ingreso en la carrera judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional. (...) En todos los casos se exigirá no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad que establece esta ley".

Artículo 303: "Están incapacitados para el ingreso en la Carrera Judicial los impedidos física o psíquicamente para la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles".

Como ven, nada se dice de que cesen los jueces que ya lo son tras ser condenados. A López le será de aplicación el artículo 355 sobre el regreso al servicio activo de la carrera judicial de los jueces en servicios especiales, donde tampoco se establece ningún impedimento por razón de la comisión de un delito. "Al cesar en el puesto o cargo determinante de la situación de servicios especiales deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de 10 días a contar desde el siguiente al cese e incorporarse a su destino dentro de los 20 días inmediatamente siguientes; de no hacerlo, serán declarados en situación de excedencia voluntaria con efectos desde el día en que cesaron en el puesto o cargo desempeñados. El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud".

López pensará que su meteórica carrera — desde un juzgado de León, pasando por el Consejo y la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional— ha sufrido un revés importante, pero en dos semanas estará de nuevo poniendo sentencias en la Audiencia Nacional. Mientras tanto, habrá vivido la resaca más dolorosa de su vida.