Guardias civiles ‘insertados’ en policías africanas advierten de nuevos flujos migratorios

El último asalto a la valla de Melilla protagonizado hace unos días por un millar de subsaharianos es sólo un anticipo de lo que puede ocurrir en próximas fechas. Así lo han comunicado al Ministerio del Interior guardias civiles 'insertados' como policías de países africanos en virtud de los acuerdos firmados por esos países con la anterior vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la última etapa de Rodríguez Zapatero. Esos guardias civiles habrían informado de que la presión migratoria subsahariana hacia Ceuta, Melilla y Canarias -es decir, a esta parte de la 'frontera sur' de la UE- se está incrementando en forma geométrica.

Según han revelado a Cuartopoder.es fuentes policiales, el problema estaba alcanzando tal magnitud a partir de 2006, que la entonces vicepresidenta del Gobierno socialista viajó por diversos países subsaharianos con salida al mar y firmó determinados acuerdos; entre otros, los relativos a que aceptaran que guardias civiles operaran de forma 'insertada' entre las fuerzas policiales de sus respectivos países. La misión específica de esos agentes era la de avisar al gobierno español sobre cualquier flujo migratorio importante hacia nuestro país, así como ayudar en el desmantelamiento de las redes de tráfico de personas que operan en aquellos territorios y sus conexiones con Mauritania, Marruecos. Argelia y España.

Paralelamente, y sin estar directamente relacionado con lo anterior, otros guardias civiles, conectados con elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), debían informar específicamente sobre un asunto acaso más preocupante no sólo para España, sino para Occidente en general: la formación de núcleos de terroristas islamistas en el África subsahariana. Es decir, sobre el crecimiento de organizaciones próximas a Al Qaeda en el Sáhel, desde Chad a Mauritania, pasando, claro está, por Mali, Nigeria y Níger.

Independientemente a esa lucha contra la Al Qaeda del Magreb Islámico o Al Qaeda del norte del África Islámica (AQMI), desde los tiempos de Fernández de la Vega el Gobierno español mantiene una determinada fuerza de guardias civiles con instrucciones muy específicas para luchar contra los grandes flujos migratorios subsaharianos. La idea inicial era que esos guardias civiles avisasen al Ministerio del Interior de las pateras que salieran de países ribereños como Senegal, Gambia, Guinea, Ghana, Togo, Nigeria, Camerún, Gabón o Congo.

Para ello, según ha sabido Cuartopoder.es de fuentes policiales, agentes de la Guardia Civil están 'insertados' desde entonces en las policías de esos países. Su misión fundamental es la de investigar las mafias de los cayucos e impedir su salida, junto a las fuerzas locales. Si eso no fuera posible, debían avisar al Gobierno español para intentar hacerlos retroceder lo más cerca de las costas de las que habían salido, en colaboración, claro está, con las autoridades del país en cuestión.

Esos cayucos solían acabar en Canarias, aunque ahora, gracias a la labor de esos guardias civiles y al empeño puesto por los respectivos gobiernos africanos en aminorar su flujo de migración marítima merced a las ayudas económicas concedidas por España, el número de cayucos hacia Canarias ha disminuido considerablemente, pero ha aumentado el de los que se atreven a cruzar el desierto a pie. Ésa es la nueva presión a la que ahora se enfrentan las dos ciudades españolas en el norte de África, y ése es el aviso que está llegando de otros guardias civiles y de agentes del CNI que operan en países subsaharianos que no tienen salida al mar, pero cuyas fronteras son muy conflictivas: especialmente Mauritania, Argelia y Marruecos.

Según fuentes oficiosas del Ministerio del Interior, la presión en Ceuta y Melilla podría rebasar los 60.000 subsaharianos ocultos para dar el salto -alrededor de 30.000 en las proximidades de cada ciudad autónoma-. Esos datos son negados por diversas ONG's, que hablan de una campaña 'del terror' desplegada por el GobiernoLAS  de Mariano Rajoy para endurecer las medidas anti-asaltos en las fronteras de ambas ciudades españolas.

Sin embargo, según las fuentes consultadas por cuartopoder.es, los informes que llegan a Interior -y también al CNI- es que en el desierto marroquí podría haber decenas de miles de subsaharianos dispersos que, de momento, estarían contenidos en condiciones infrahumanas por el ejército de Mohamed VI. Estas cifras también son discutidas por diversas ONG's.

Baile de cifras: las ONG's desmienten a Interior

Los datos oficiales casan mal con los datos ofrecidos por las ONG's que trabajan sobre el terreno. Por ejemplo, los datos publicados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) son muy elocuentes al respecto: se reconoce que más de 7.500 inmigrantes entraron en España por la 'frontera sur' en el año 2013, 558 más que en 2012, y que la principal vía de acceso fue Melilla (2.508 frente a los 2.105 de 2012 y los 1.039 de 2011) y luego Ceuta (1.846 frente a 756). Se reconoce igualmente que el año pasado también fue para Ceuta el de mayor presión migratoria, con 1.846 llegadas, mientras que en 2012 hubo 756 y en 2011 un total de 1.258.

Finalmente, se reconoce como cierto que en los tres primeros meses de 2014 han entrado asaltando la valla de Melilla 1.080 inmigrantes, un 43% másque el pasado año. Pero se afirmaba taxativamente que, en todo caso, las entradas por la 'frontera sur' son especialmente mínimas y no justifican la alarma socialque desde determinados puntos se intenta hacer saltar.

A ese respecto, hay que recordar que ya en 2006 -año en el que se firmaron gran parte de los acuerdos de colaboración con países africanos- llegaron a España 39.000 inmigrantes subsaharianos, principalmente a través de cayucos. Ahora bien, también en ese mismo año, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) sacó los colores al Ministerio del Interior al hacer público un informe en el que se advertía de que medio millar de inmigrantes irregulares procedentes sólo de Bolivia -no se contaba el resto de países sudamericanos- entraban cada día por los aeropuertos españoles; es decir, unos 180.000 bolivianos al año sólo por El Part y por Barajas frente a 39.000 subsaharianos. Era, según el SUP, una doble vara de medir.

Pero, volviendo al presente, los informes actuales de los agentes destacados en países subsaharianos sí coinciden con algunos de los datos aportados por las ONG's que trabajan sobre el terreno. Por ejemplo, se coincide en señalar que Nigeria, Ghana y Malí son los tres países que en la actualidad están aportando más inmigrantes hacia la 'frontera sur'. También se coincide en que en los alrededores de Melilla se ha formado una bolsa de sirios, que huyen de la guerra civil que desangra su país.

Sin embargo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Prodein han venido denunciando que a los inmigrantes que son detenidos tras intentar saltar las vallas, el ejército y la Policía marroquí los traslada hasta la frontera argelina en el desierto, donde los suelta. Según estas organizaciones, en su deambular, muchos acaban en el lado argelino, donde vuelven a ser apresados y devueltos a Marruecos.

En respuesta a esa contingencia, pero especialmente por las pésimas relaciones entre Argelia y Marruecos, el país alauita está construyendo una valla en la frontera con Argelia para evitar, entre otras cosas, las 'devoluciones'. A ese respecto, cifras oficiosas de Interior hablaban de decenas de miles de personas que pululaban por el desierto, pero esos datos son negados por las ONG's, que hablan como mucho de varios miles en torno a pequeños núcleos fronterizos.

En todo caso, desde la llegada del PP al poder la cosa ha cambiado, sin duda, pese al aumento de la presión migratoria. Así lo atestigua el V Informe Anual de Migración y Asilo (2013) de la Comisión Europea que ha sido remitido al Europarlamento hace escasas fechas. Según ese informe, España fue el país de la Unión Europea que impidió la entrada a más inmigrantes en 2013: en total, se denegó el acceso a 317.840 personas en todo el año, un 0,6% más que el año anterior, y el 61% de ellas recibió la negativa de las autoridades españolas. Es decir, que la idea del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es que nuestros aeropuertos dejen de ser auténticos "coladeros".