El fiscal Horrach ataca con virulencia al juez Castro y se convierte en el mejor defensor de la Infanta

El fiscal Pedro Horrach, en una foto de archivo. /Efe
El fiscal Pedro Horrach, en una foto de archivo. /Efe

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha reaccionado con virulencia y como si se tratase de un caso personal al auto del juez José Castro en el que imputaba a la Infanta Cristina en dos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales en el denominado caso Nóos. Con virulencia, porque frente a las exquisitas formas utilizadas por Castro, el lenguaje que emplea el fiscal no se permitiría ni siquiera en estrictos términos de defensa a un abogado defensor. Pero Horrach, que sabe que navega a favor de corriente con las instituciones del Estado, y que nadie le va a corregir esos excesos, desprecia los usos forenses y asegura que el magistrado ha hecho una “instrucción a la carta”, “una espiral inquisitiva”, “presidida por un credo y no por la sana guía de la duda”. Una acusación de prevaricación en toda regla, que lleva realizando en sus escritos desde hace más de un año, pero que no acaba de concretar en una querella por prevaricación, que es lo que debería de hacer si tan claro lo tiene. El fiscal se ha proclamado como el mejor abogado defensor de la Infanta.

Horrach debía de tener preparado su escrito porque ha presentado un recurso de 65 páginas exculpatorias para la Infanta y demoledoras contra el juez, menos de 24 horas después de que se conocieran los 167 folios del auto de Castro.  No ha esperado los tres días de plazo para formular recurso de reforma o los cinco para plantear el recurso de apelación directa ante la Audiencia, por  lo que parece querer contrarrestar lo antes posible los efectos del auto del juez. Además, ha pedido al magistrado que suspenda el plazo de 20 días que tienen las partes para formular escrito de acusación, porque la Audiencia puede revocar el auto del juez ahora recurrido, aunque el recurso no tiene efectos suspensivos.

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Así, Horrach señala que Castro ha basado su escrito en “meras conjeturas”, “actos de fe”, como los califica. La imputación se basa en “simples suposiciones” que conducen a Castro a una “mera especulación, cuando no pura ficción”. “Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué, para a continuación emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio”.

También da la impresión de que se ha tomado la causa como un caso personal, tal es la terminología que utiliza: «Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados».

Horrach entiende que la mejor defensa es un buen ataque, y sabedor de que la fiscalía tiene dependencia jerárquica, es decir que él tiene que acatar las órdenes del fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y que éste mantuvo una reunión en Zarzuela con el rey Juan Carlos, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con la finalidad de “salvar” a la Infanta, ha decidido morir a cañonazos. Por ello acusa al juez de realizar “insinuaciones” que constituyen “un claro exponente de deriva judicial, consecuencia de interferencias mediáticas que elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental”.

Da a entender que solo él cumple la legalidad, pero que “la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales». Porque, según él, “la realidad no vende”, y a sensu contrario, aunque no lo diga expresamente, el juez se ha vendido a la prensa.

Alega que el juez ha despreciado «indicios con notable fuerza exculpatoria»,  y hace referencia a los miles de correos electrónicos cruzados entre empresas y los testimonios de personas, que a su juicio demuestran que la Infanta no participaba en la gestión de Aizóon, empresa de la que era propietaria al 50 por ciento con su marido, Iñaki Urdangarin.

Para el fiscal, los contratos de alquiler de parte de su vivienda a Aizóon, firmados como arrendadores y como arrendatarios, así como los testimonios de haber pagado en dinero negro a personal a su servicio,  constituye un debate sobre “comportamientos cotidianos socialmente adecuados, o bien sobre una supuesta falta ejemplaridad”. Horrach entiende que son  conductas atípicas y precisa que “la persecución de conductas atípicas constituye un recurso ‘taimado’, una vía de escape a una espiral inquisitiva alimentada de meras sospechas”.

Según el fiscal, cuando Castro criminaliza  determinadas acciones que son inocuas, desnaturaliza la jurisdicción, «sirviendose de la misma», ya que en su opinión, el magistrado actúa como juez y parte, al tomar la postura de las acusaciones. Olvida Horrach cuando en el principio de la instrucción, juez y fiscal iban juntos y de la mano, hasta que la citación de la Infanta convirtió una amistad en odio sarraceno.